La protección de los defensores ambientales atraviesa una crisis en América del Sur. Esa fue una de las principales conclusiones a la que llegaron los y las líderes en el encuentro regional que reunió en Lima a representantes de organizaciones y comunidades de Colombia, Ecuador, Chile, Brasil, Bolivia y Perú, quienes alertaron sobre el incremento de amenazas, agresiones y mecanismos de presión contra quienes defienden los territorios y los recursos naturales.

Durante la reunión, realizada el 27 y 28 de mayo, los participantes coincidieron en que la violencia contra líderes ambientales no solo persiste, sino que se agrava por la falta de respuesta de los Estados y el debilitamiento de programas destinados a garantizar su seguridad. Este encuentro fue organizado por el Grupo Impulsor de la Campaña Nacional de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos y Ambiente que está integrado por diversas organizaciones de la sociedad civil.

El diagnóstico regional de los defensores identifica un escenario marcado por la expansión de actividades extractivas, el crecimiento de economías ilegales, la criminalización de líderes sociales y nuevas restricciones legales que dificultan el trabajo de organizaciones que brindan acompañamiento y protección a las comunidades.

Defensores ambientales de seis países se reunieron en Lima. Foto: Alice Ferrari (cortesía)

Brasil: programas de protección al borde del colapso

Uno de los testimonios más preocupantes provino de Brasil. Miriam Tembé, dirigente de la Asociación Indígena del Valle del Acará, en el estado amazónico de Pará, denunció que los pueblos indígenas enfrentan una doble amenaza: la expansión de actividades económicas sobre sus territorios y el debilitamiento de los mecanismos estatales de protección.

La lideresa brasileña señaló a Convoca.pe que las comunidades de la región enfrentan conflictos vinculados a la expansión de monocultivos de palma aceitera y procesos de deforestación que han generado tensiones y episodios de violencia contra líderes locales.

Sin embargo, advirtió que el principal problema es la falta de respaldo institucional. “El Estado de Pará se niega a garantizar la principal política pública que necesitamos, que es la demarcación y protección de nuestros territorios”, sostuvo.

La defensora indígena Miriam Tembé alertó que el programa de protección para defensores amenazadas en Pará ha quedado sin financiamiento estatal. Foto: Convoca.pe.

Tembé también alertó que el programa de protección administrado por la Universidad Popular (UNIPOP), encargado de atender a defensores amenazados en Pará, se encuentra en riesgo de paralización por falta de financiamiento estatal.

“Nos informan que en los próximos días podrían detenerse las actividades porque no existen recursos para sostener el programa”, afirmó en declaraciones a Convoca.pe.

En Latinoamérica, en muchos casos las amenazas contra los líderes ambientales han escalado hasta el asesinato. El informe de 2026 de Global Witness, revela que la región abarca el 82% de casos de asesinatos contra defensores de derechos del territorio y derechos de pueblos indígenas. 

Según el informe anual 2025/2026 de Amnistía Internacional, que documenta casos de violencia en un contexto más adverso para personas defensoras de derechos humanos, en el Perú 161 personas enfrentaron situaciones de riesgo, mientras que dos fueron asesinados durante el 2025: Hipólito Quispe Huamán Conde e Isai Shuk Shawit.

Restricciones a la cooperación internacional

Los defensores también expresaron preocupación por la aprobación de normas que limitan el acceso a recursos de cooperación internacional destinados a organizaciones de derechos humanos y ambientales.

En Ecuador, Isaías Quinatoa, dirigente de la Confederación de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (Ecuarunari), denunció el bloqueo de cuentas bancarias y presiones administrativas contra organizaciones sociales.

“Existe una intención de asfixiar económicamente a las organizaciones indígenas y ambientales”, sostuvo luego del plenario del encuentro regional.

En Ecuador y Perú, el Estado perjudica a las organizaciones no gubernamentales para no apoyar a los defensores ambientales. Foto: Alice Ferrari (cortesía)

En Perú, representantes de organizaciones indígenas alertaron sobre los efectos de la Ley APCI, cuestionada por limitar el uso de fondos de cooperación internacional para brindar asistencia legal a comunidades afectadas por conflictos socioambientales por acciones del Estado.

Kelly Valera, presidenta de la Guardia Indígena del Pueblo Shipibo, señaló a este medio de comunicación que las restricciones ya están afectando la ejecución de proyectos dirigidos a fortalecer la protección de pueblos indígenas amazónicos.

“Los cooperantes tienen cada vez más dificultades para apoyarnos y eso impacta directamente en la defensa de nuestros derechos”, afirmó la dirigente de la Amazonía peruana.

La dirigente shipibo Kelly Valera advierte que la Ley APCI perjudica proyectos dirigidos a fortalecer la protección de pueblos indígenas amazónicos.. Foto: Convoca.pe

Del crudo a la transición energética

Uno de los casos presentados fue el de Colombia, donde la movilización sostenida de comunidades y organizaciones logró frenar la implementación del fracking, una técnica de extracción de hidrocarburos cuestionada por sus impactos sobre las fuentes de agua y los ecosistemas.

La lideresa Yuvelis Morales, integrante de la Alianza Colombia Libre de Fracking y ganadora del Premio Goldman, considerado el "Nobel ambiental", recordó que la oposición a esta actividad tomó casi una década de organización social y presión ciudadana.

Morales destacó que la decisión del gobierno colombiano de rechazar el fracking constituye un avance importante, pero advirtió que los movimientos sociales deben mantener su independencia frente a los gobiernos.

Las inversiones en transición energética también fueron parte del debate entre los defensores ambientales. Foto: Alice Ferrari (cortesía)

“Siempre decimos que somos totalmente independientes de los gobiernos, porque nuestras iniciativas nacen de la sociedad civil y no pueden depender únicamente de cambios políticos”, señaló.

La activista también sostuvo que la crisis climática mundial y los conflictos geopolíticos por los combustibles fósiles hacen urgente acelerar una transición energética que incluya medidas de reconversión laboral para los trabajadores de sectores extractivos.

“Los Estados deben invertir en la transición energética, no solamente hablar de ella”, afirmó la defensora colombiana.

No obstante, la discusión sobre la transición energética debe ser más profundizada e incluir a las comunidades. Desde la experiencia chilena, Karen Ardiles, integrante del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), cuestionó que el actual modelo esté ampliando la frontera extractiva bajo un discurso ambiental.

Según explicó, la creciente demanda de cobre, litio y tierras raras para la transición energética global está impulsando nuevos proyectos mineros, así como megaproyectos eólicos, solares y de hidrógeno verde que continúan generando impactos sobre las comunidades locales.

“Las comunidades no están sintiendo los beneficios de esta transición. Está diseñada para abastecer al norte global y se realiza a costa de los territorios”, declaró a Convoca.pe.

Contaminación y abandono en Puno

La situación peruana también refleja la vulnerabilidad de quienes defienden el ambiente. Marcela González Yanqui, agricultora y defensora ambiental de Paucarcolla, en la región Puno al sur de Perú, relató los impactos que la contaminación minera está provocando en las comunidades ubicadas en las cuencas que desembocan en el Lago Titicaca.

Según explicó, el deterioro ambiental se traduce en problemas de salud cada vez más visibles entre la población local. “Estamos viendo niños con anemia, problemas de crecimiento, mujeres que sufren abortos espontáneos y adultos mayores que pierden movilidad. Todo esto ocurre mientras las comunidades siguen esperando atención y respuestas”, dijo a Convoca.pe.

La lideresa puneña cuestiona a las instituciones del estado por no responder ante el avance de contaminación por metales tóxicos. Foto: Alice Ferrari (cortesía)

La lideresa cuestionó que las instituciones estatales no hayan logrado responder de manera efectiva frente al avance de actividades que afectan los ecosistemas y las fuentes de agua. “El Estado ha servido para otorgar concesiones mineras, pero no para salvarnos a nosotros”, afirmó.

Al cierre del encuentro, los participantes coincidieron en que la criminalización de líderes sociales, la expansión de actividades extractivas y las restricciones al financiamiento de organizaciones civiles forman parte de una tendencia regional que amenaza la defensa de los derechos humanos y ambientales.

Frente a este escenario, los defensores acordaron fortalecer los mecanismos de articulación entre organizaciones de distintos países para intercambiar estrategias de protección y visibilizar los riesgos que enfrentan quienes protegen los territorios y los recursos naturales en América Latina.