El líder ashéninka y exjefe de la comunidad nativa Onconashari (Ucayali), Américo Pascual Tumisha, se encuentra a salvo. Fotos y videos a los que accedió Convoca.pe, registrados por un familiar del dirigente indígena, confirman que no fue asesinado. La tarde del 25 de agosto, al promediar las 4:00 p.m., Laureano, hermano del dirigente indígena, llegó a Onconashari y constató que el líder estaba con vida tras haber regresado a su casa luego de estar de cacería en el monte. Después de ello, acudió a un pueblo cercano con acceso a Internet para reportar el estado de su hermano.
A través de un nuevo pronunciamiento público, la Organización Regional AIDESEP Ucayali (ORAU) aclaró, la noche del 25 de agosto, la situación de Américo Pascual, precisando que la alerta inicial sobre se generó debido a la falta de comunicación con la zona y la presencia constante de amenazas en el territorio. Con este comunicado, la organización indígena oficializó la rectificación de su comunicado emitido la mañana del 24 de agosto.
Convoca.pe reconstruyó cómo se produjo la ola de desinformación y terror entre los dirigentes locales, en un contexto de expansión de las redes criminales en el territorio indígena.
La respuesta comunitaria y la trabas del Estado
Ante la alerta inicial y la demora de las autoridades, una comitiva indígena de la comunidad Nueva Bella salió en bote a las 4:00 a.m. del 25 de agosto hacia Onconashari para levantar información y orientar el ingreso de la Policía y el Ministerio Público, cuyo arribo en helicóptero estaba programado para la tarde de ese mismo día debido a la repercusión del caso.
Previamente, la comisaría de Puerto Breu señaló que no contaba con combustible ni logística para llegar a la zona, según informó a *Convoca.pe* la ONG AFRONTA. El traslado desde Pucallpa a Onconashari requiere un vuelo en avioneta hasta Puerto Breu y dos días de viaje en bote; un vuelo chárter para movilizar a las autoridades alcanzaba los S/ 7.000 aproximadamente, monto que ninguna dependencia asumió hasta la tarde del 24 de agosto.
Situación de vulnerabilidad
La comunidad nativa Onconashari se ubica en el distrito fronterizo de Yurúa, provincia de Atalaya, en la frontera con el Estado de Acre (Brasil). La zona se encuentra cercada por el narcotráfico, la tala ilegal y la extracción no autorizada de aceite de copaiba. Ucayali se mantiene como una de las regiones que más asesinatos de líderes indígenas concentra en la Amazonía peruana.
El líder ashéninka Américo Pascual ejercía como coordinador del Comité de Vigilancia Territorial y ya había reportado en los últimos años que extractores de aceite de copaiba invandían el territorio de Onconashari.
Convoca.pe pudo conocer las primeras horas del 25 de agosto que una comitiva indígena de la comunidad Nueva Bella, en el distrito de Yurúa (#Ucayali) salió en bote a las 4 de la madrugada, rumbo a Onconashari para levantar información sobre el asesinato del líder ashéninka.
Hasta la noche del 25 de agosto no se conocía de algún reporte de la comitiva indígena que también tenía como misión orientar el ingreso de la Policía y el Ministerio Público que, ante la repercusión del caso de Américo Pascual, tenían programado llegar la tarde del 25 de agosto en helicóptero a Onconashari.
Autoridades sin combustible ni fondos
El caso estuvo inicialmente a cargo del fiscal Manuel Hernández, de la Fiscalía Provincial Corporativa de Atalaya, pero luego fue derivado a la fiscal Milagros Santibáñez Guillén, de la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de Ucayali. La magistrada tiene experiencia en investigar estos casos.la Fiscalía de Derechos Humanos de Pucallpa, la capital de Ucayali.
Los efectivos de la comisaría de Breu manifestaron que no podían movilizarse por carecer de combustible y suministros básicos para la navegación, informó a Convoca.pe la ONG AFRONTA.
Llegar a Onconashari desde Pucallpa implica un vuelo en avioneta hasta Breu y dos días de viaje en bote. La alternativa rápida es volar a la comunidad de Nueva Luz de Arara (a dos horas en bote del lugar), pero un vuelo chárter para transportar a la comitiva judicial supera los S/ 7.000, un monto que ninguna dependencia ha querido asumir.
Ni el Ministerio de Cultura ni la Policía Nacional ni el Ministerio Público —pese a haber entablado contacto inicial con ORAU— concretaron el traslado aéreo de la comitiva oficial. Por su parte, la organización regional tampoco disponían de fondos propios para llevar a sus dirigentes al lugar y pidieron ayuda urgente.
Convoca.pe pudo conocer las primeras horas del 25 de agosto que una comitiva indígena de la comunidad Nueva Bella, en el distrito de Yurúa (#Ucayali) salió en bote a las 4 de la madrugada, rumbo a Onconashari para levantar información sobre el caso del líder ashéninka"
Patrón de impunidad y vulnerabilidad estructural en Ucayali
Reportajes publicados por Convoca.pe revelan que Ucayali concentra la mayor parte de las alertas por amenazas y violencia contra defensores ambientales en la Amazonía peruana.
De acuerdo con el informe "Situación de los defensores indígenas en Ucayali", elaborado por ORAU, la Asociación ProPurús (hoy AFRONTA) y Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), de un total de 226 defensores ambientales identificados en riesgo en tres regiones amazónicas, 180 corresponden únicamente a Ucayali. Pese a esta alarmante cifra, entre 2020 y 2024 el Ministerio del Interior solo otorgó 38 resoluciones de garantías personales en esta región, medidas que —según denuncian las propias organizaciones indígenas— carecen de un seguimiento efectivo y no garantizan la protección de las vidas.
Asimismo, las investigaciones periodísticas de Convoca.pe documentan que apenas se investigan 44 casos de agresiones, amenazas y homicidios, que avanzan a paso lento en el sistema judicial. La lejanía de las fiscalías especializadas, sumada a la escasez de logística policial y el avance de las economías ilegales, provoca que la mayoría de los casos no identifiquen a los responsables directos ni a los promotores de los ataques, prolongando las investigaciones preliminares de forma indefinida y dejando a las comunidades en absoluta desprotección.