Bajo el argumento de promover la inversión privada y a pocos días de la Cumbre de las Américas en Lima, el Congreso de la República publicó el último 3 de abril la Ley N° 30744 que permite  “ganar tierras” al mar, ríos y lagos para diversos proyectos de infraestructura, exploración y explotación de hidrocarburos y minerales, incluso para actividades recreacionales. La iniciativa fue impulsada por el legislador fujimorista Rolando Reátegui desde agosto de 2017 y aprobada en la Junta de Portavoces en febrero de este año exonerándola de ser debatida en el pleno del Congreso.

La norma fue aprobada a pesar que no se incluyeron las observaciones del Ministerio de Defensa, Proinversión y la Superintendencia de Bienes Estatales, y tampoco se pidieron comentarios de sectores claves en el tema como el Ministerio de Ambiente según aparece en el dictamen presentado por la congresista Marisa Glave, del partido Nuevo Perú y miembro de la Comisión de Economía, en donde fue presentado inicialmente el proyecto de ley de Reátegui.

La ley modifica el Decreto Legislativo N° 1147, que regula el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas en las competencias de la Autoridad Marítima Nacional - Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi), busca desarrollar proyectos de asociación público-privadas (APP) y proyectos sobre "terrenos ganados" al mar, ríos y lagos.

La polémica por esta norma surge porque se otorga nuevos poderes a ProInversión para que convoque a licitación este tipo de proyectos en áreas que antes solo eran de competencia de la Autoridad Marítima Nacional, de la Marina de Guerra, debido a que tiene a su cargo el otorgamiento de permisos sobre el uso de mares, ríos y lagos, para actividades de acuicultura, transporte, telecomunicaciones e incluso exploración y explotación de hidrocarburos y minerales, entre otros. 

La congresista de Nuevo Perú, Marisa Glave, señaló que la aprobación de la norma infrige el Artículo 73 de la Constitución que establece que los bienes de dominio público "son inalienables e imprescriptibles” y va en contra de la Ley de Playas y la Ley de Recursos Hídricos. Glave, añadió, que la única oportunidad en que se debatió el proyecto fue cuando estuvo en la la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera. Así, la legisladora aseguró a Convoca.pe que la ley es una puerta de entrada para múltiples interpretaciones para promover proyectos de inversión en las "áreas ganadas al mar, lagos y ríos".

"Hay que tener muchísimo ojo en qué tipo de infraestructura y actividades permitimos cerca de las zonas limítrofes como mares, ríos y lagos (...). ¿Qué cosa quiere decir 'ganarlo'? ¿Encauzar el río y 'ganarle' terreno?, ¿o quiere decir, por ejemplo, como ha ocurrido en varios lugares, colocar muelles y luego pretender ganarle terreno al mar a través de infraestructura como lo hicieron en la Costa Verde? A ello, se suma que dichos lugares que deberían ser para uso público de los ciudadanos pasarían a ser rematados por ProInversión", advirtió Glave, tras la publicación de la norma.

Glave recordó que el Ejecutivo presentó una propuesta similar el año pasado para la llamada Reconstrucción con Cambios, que fue creada por el gobierno de Kuczynski para reconstruir las zonas afectadas en el norte del país por el Niño Costero. Como parte de esta iniciativa, se impulsaron "obras por terreno" para que las empresas reconstruyan las áreas afectadas a cambio que se les pague con terrenos, la mayoría de ellos cercanos a mares, lagos y ríos. Por estas razones, Glave propone derogar esta norma que fue aprobada en plena crisis política.

Según el Responsable del Programa Costero de la ONG Cooperacción, Alejandro Chirinos, detrás la publicación de esta ley hay graves amanazas para las comunidades que viven cerca al litoral peruano porque con este tipo de proyectos se afectarían ecosistemas frágiles como humedales y desembocaduras de ríos. Debido a que el país no cuenta con una ley que promueva el manejo integrado de la zona marítima costera ni una ley de ordenamiento territorial, la norma “aprovecha muy bien ese escenario", agregó Chirinos en conversación con Convoca.pe

Puerto de Chanchay en donde se construye un megapuerto a cargo de una empresa vinculada a la miner Volcan. (Foto: Convoca)

Esta ley se publicó paradójicamente luego de que el expresidente Pedro Pablo Kuczynski firmara cinco decretos supremos autorizando la exploración y explotación de petróleo en las costas del norte del país, horas antes de su renuncia. Al respecto, Chirinos explicó que hay dos casos concretos que deberían ser evaluados, por ejemplo, en Puerto Viejo (Cañete) hay un humedal que hasta hace un año era zona reservada por tener un ecosistema frágil pero el Ministerio de Ambiente le quitó dicha categoría para promover la construcción de infraestructura para los Juegos Panamericanos. Chirinos advirtió que esto abriría la posibilidad para otras inversiones inmobiliarias en la zona.

Chirinos también destacó la construcción de un megapuerto privado en Chanchay, a cargo de la empresa Terminales Portuarios Chancay (TPCH),  vinculada a la minera Volcan, que desde hace cinco meses realiza explosiones para modificar la bahía. “Así se está devastando el ecosistema marino que tendría impacto directo en la pesca artesanal del lugar”, comentó. (Ver La operación secreta de la minera más infractora del Perú)

Entre las observaciones que hicieron a la norma diversos organismos del Ejecutivo, antes de su publicación, resaltan los comentarios del Ministerio de Defensa que recomendó no crear nuevas áreas para el desarrollo de inversiones, sino trabajar con las que ya existen. Sin embargo, el proyecto  pasó de llamarse ley que facilita la inversión en tierras ganadas al mar” a “ley que facilita la inversión en tierras para ganar al mar, ríos o lagos, por causas naturales o artificiales”.

Otra de las propuestas no consideradas por la norma aprobada fue la de la Superintendencia de Bienes Nacionales, que cuestionó la falta de regulación y claridad sobre lo que son bienes de dominio público, por tanto, consideró dicha propuesta inconstitucional.

Pese a ello, en debate de la Comisión Permanente del 21 de febrero de este año fue aprobado el proyecto de ley del congresista Rolando Reátegui con 11 votos a favor (mayoría fujimorista), 4 en contra y cinco abstenciones. Asimismo, en la Junta de Portavoces fue exonerada de segunda votación gracias al apoyo de la bancada de Fuerza Popular, el Apra y Alianza para el Progreso, representado por el hoy premier César Villanueva, pese a que en la Comisión Permanente, su compañera de bancada Marisol Espinoza votó en contra. Todo ello culminó con su publicación en el diario oficial El Peruano el pasado 3 de abril, al día siguiente de la juramentación del gabinete del presidente Martín Vizcarra.

Pese a que la bancada de Alianza para el Progreso votó en contra del proyecto de ley en la comisión permanente, en junta de portavoces el entonces vocero del partido, César Villanueva, votó a favor de la norma.