Actualización 22/05/2024

El Ministerio de Salud a través de su cuenta en X emitió un comunicado donde aclara que el requisito que obliga a las farmacias a contar con el 30% de medicamentos genéricos en su stock, se aplica a la cantidad de medicinas registradas en cada establecimiento. "Es decir, si una botica o farmacia identifica que comercializa 100 de estos, debe garantizar el 30% de estos 100 en genérico (...) la supervisión se verificará en base a esos 100 medicamentos, no los 434" precisa el órgano rector del sector Salud.

En dicho comunicado, insisten que la norma no afectará a las farmacias pequeñas, pese a lo que han señalado los representantes de las farmacias y boticas que no pertenecen a conglomerados empresariales. 

Nota original 21/05/2024

El último boletín de Establecimientos Farmacéuticos elaborado en junio de 2023 por la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) revela la existencia de más de 34 mil farmacias privadas en todo el territorio nacional, de las cuales solo el 14,1% corresponde a cadenas farmacéuticas, mientras que más del 85% le corresponde a las llamadas farmacias independientes. 

El mismo reporte destaca que si bien 85.9% de las farmacias pertenece al sector independiente, las cadenas son las que concentran el mayor porcentaje de ventas con una participación en el mercado de 79,5% de ventas, equivalente a más de 12 mil millones y medio de soles a noviembre de 2022. 

En medio de ese panorama, es que el gobierno promulgó la Ley N° 32033 Ley que garantiza y promueve el acceso y uso a los medicamentos genéricos en denominación común internacional (DCI) y fortalece la regulación de los productos farmacéuticos y dispositivos médicos en beneficio de los pacientes y usuarios, o simplemente la “ley de los medicamentos genéricos”. 

Una ley que ha generado discrepancias entre los representantes del Colegio Químico Farmacéutico mientras que ha logrado coincidencias entre los gremios de las grandes cadenas de farmacias y de las llamadas boticas independientes. 

Más del 85% de farmacias son de pequeñas y medianas empresas. Fuente: Digemid

Trasladando el problema al privado

Carlos Villarroel es presidente de la Asociación Nacional de Boticas y Farmacias Independientes del Perú (Anabif), gremio que agrupa a propietarios de establecimientos farmacéuticos que, según señala, son pequeñas y medianas empresas que “se verán afectadas por la ley”. 

La ley, publicada este lunes en el diario oficial El Peruano, modifica varios artículos de la Ley 29459, Ley de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios. Así su segunda disposición complementaria modificatoria señala un cambio en el artículo 27.4 de dicha norma, señalando que “las farmacias, boticas y servicios de farmacia de los establecimientos de salud del sector privado están obligadas a mantener disponible al menos el 30 % de su oferta de medicamentos de marca, en la alternativa de los  medicamentos esenciales genéricos en DCI del listado de medicamentos esenciales (...)” 
 

Ley de Medicamentos Genéricos promulgada por el Ejecutivo y publicada en El Peruano

Quienes incumplan esta parte de la ley serán objeto de sanciones equivalentes a dos Unidades Impositivas Tributarias (UIT), esto es 10 mil 300 soles para las empresas dedicadas al expendio de medicinas. Ahora bien, la norma plantea en la modificación del artículo 27.4 que no se aplica para las personas jurídicas calificadas como microempresas.

En diálogo con Convoca, Villarroel considera que esta medida afectará a los pequeños y medianos empresarios que se dedican a este negocio.

“Solo el 20% de todas las farmacias independientes es microempresa el 80% de las 24 mil que funcionan en el país son pequeñas empresas, entonces la gran mayoría está en riesgo de estar expuesto a esta obligatoriedad de los genéricos y las multas que van a caer sobre ella”, puntualiza.

El decano del Colegio Químico Farmacéutico de la Libertad, Jaime Flores es de una opinión similar. En declaraciones a la prensa, Flores Ballena considera que esta norma afecta a las pequeñas farmacias y además “traslada el problema a los privados y no resuelve el problema de desabastecimiento de las farmacias públicas”.

A nivel nacional, son más de 8 mil farmacias públicas que funcionan en hospitales y centros de salud del Estado, los cuales -según diversas denuncias públicas en medios y redes sociales- siempre tienen problemas de abastecimiento con los medicamentos genéricos, y es en ese espacio donde los representantes gremiales consideran que debe trabajarse.

“Hay un problema en los hospitales, los centros médicos y las postas del sector salud (...) algo debe estar pasando desde la contratación, las licitaciones hasta el abastecimiento en todos sus farmacias a nivel nacional. Pero el gobierno, el ministro, la presidenta no quieren resolver ese problema y prefieren mirar al otro lado y decir “el problema está en el sector privado” a ellos les exijo el 30% de su stock”, precisa Villarroel.

Decíamos líneas arriba que esta ley ha generado consensos en el sector farmacéutico, porque la Asociación Nacional de Cadenas de Boticas (Anacab) que representa a las cadenas de farmacias que pertenecen al grupo InRetail (Mifarma, Inkafarma, etc) y otros grupos más que según Digemid tienen un mayor porcentaje de ventas en el mercado han coincidido con las boticas independientes en que la ley no arregla el asunto público.

Y mientras algunos decanos de colegios químicos farmacéuticos respaldan esta posición, la decana del Colegio Nacional, Sonia Delgado, ha considerado en diversos pronunciamientos que “solo aplica a las grandes farmacias”, desestimando así que lo que llamamos las “farmacias de barrio” sean las afectadas.

Demanda de inconstitucionalidad 

“Con dos multas que le apliquen a una farmacia, estamos hablando de más de 20 mil soles para negocios que facturan a veces solo 30 mil soles mensuales, es decir, están condenando a desaparecer a estos negocios”, reclama Villarroel como un argumento para lo que será la presentación de una demanda de inconstitucionalidad. 

El representante de ANABIF confirma que a la brevedad posible presentarán una demanda ante el Tribunal Constitucional, porque esta norma “atenta contra los artículos 58, 59 y 70 referentes a la libertad de empresa, la promoción de la inversión privada y la inviolabilidad de la propiedad privada”. 

Carlos Villarroel asegura que tienen tiempo hasta la promulgación del Reglamento que define los lineamientos de la ley firmada en Palacio de Gobierno el último domingo por parte de la presidenta Dina Boluarte, acompañada de su jefe de gabinete, Gustavo Adrianzén; el ministro de Salud, César Vásquez y congresistas de diversas bancadas que han querido legislar “en nombre del pueblo” pero que parecen haber causado un daño en otro sector.