La Fuerza de Tarea de Lava Jato del Ministerio Público Federal de Brasil emitió ayer un comunicado de respaldo al trabajo del Equipo Especial peruano, liderado por Rafael Vela Barba, que investiga el escándalo de corrupción a nivel local. La expresión pública de confianza desde el extranjero llega en un momento crucial para este grupo de fiscales de Perú, cuya continuidad en estas indagatorias es incierta debido a las dificultades que atraviesan dentro de su propia institución.

En comunicación con Convoca.pe, Orlando Martello, procurador que integra la Fuerza de Tarea brasileña, hoy advirtió sobre la posible interferencia de grupos de poder en el trabajo del equipo peruano. “Mi percepción es que hay un movimiento político para que la investigación no avance en Perú”, sostuvo el funcionario desde Curitiba, Brasil. “Está habiendo una presión para dificultar la investigación”, agregó.

De hecho, el Equipo Especial para Lava Jato en Perú está muy próximo a cerrar las negociaciones de un acuerdo de colaboración con la constructora Odebrecht, que implica la entrega de información sin restricciones al tiempo que otorga protección judicial a los colaboradores ya procesados en Brasil. Algunas versiones que maneja la prensa apuntan a que este lunes se afinarían los últimos detalles para que el “acuerdo de lenidad” entre la compañía y el Ministerio Público local se firme dentro de la próxima semana. Este tipo de coordinaciones en el pasado se habían visto truncadas con el Equipo Especial anterior, a cargo del fiscal Hamilton Castro.

Procurador (fiscal) Orlando Martello en su despacho en Curitiba. Foto: Convoca

“Por primera vez, los fiscales peruanos están avanzando para tener un acuerdo con la empresa Odebrecht para que pueda colaborar con las pruebas”, indicó también Martello, consultado por Convoca.pe.

Es en este momento en que se hacen más evidentes las presiones. “Lo mismo pasó en Brasil al inicio de la investigación Lava Jato”, apuntó Martello.

En efecto, el periodista brasileño Vladimir Netto narra en su libro “Lava Jato” la manera en que abogados y empresas investigadas trataron de interferir en la fiscalía de Brasil con prácticas desleales, engañosas y fraudulentas hacia los procuradores para introducir acuerdos que harían fracasar las investigaciones y dejarían impunes numerosos actos de corrupción. Sin embargo, las indagaciones continuaron hasta colocar a la fiscalía en una mejor posición para negociar.

Como se sabe, en los últimos días el fiscal superior Alonso Peña Cabrera, encargado de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional, ha venido acusando de manera interna —y ahora pública— al equipo de Vela de filtración de documentación a los medios de prensa y de retrasos selectivos en otros casos emblemáticos. Voces de las bancadas del fujimorismo y del aprismo, cuyos líderes están implicados en las investigaciones que han avanzado en los últimos meses, han apoyado las expresiones de este fiscal.

El equipo de trabajo Lava Jato del Ministerio Público Federal de Paraná (Brasil) respalda el trabajo del Equipo Especial de la fiscalía de Perú.

En este contexto, la Fuerza de Tarea brasileña señaló ayer que tuvo que reprogramar para enero de 2019 las tomas de declaraciones que había programado con el Equipo Especial peruano para este mes de noviembre. El cambio se ha debido a demoras en los trámites burocráticos de los pedidos de cooperación, aclaró. Como se sabe, Peña Cabrera, como titular de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional, es el fiscal responsable de transmitir todas las solicitudes de colaboración que hace Vela a su similar brasileño Martello.

Este medio pudo conocer que la fiscalía brasileña había designado el pasado 22 de noviembre para que el Equipo Especial recogiera las declaraciones de Sergio Nogueira Panicali, vinculado al caso Interoceánica Sur, y de Luiz Eduardo da Rocha Soares, funcionario de la División de Operaciones Estructuradas El 23 debió interrogarse a Igor Braga Vasconcelos, relacionado con la obra vial Costa Verde-Callao. 

A esta situación se suma la conocida tensión entre el Equipo Especial —en particular la de José Domingo Pérez— y Pedro Chávarry, actual fiscal de la Nación. Desde que inició las pesquisas del caso Lava Jato, Pérez ha sido objeto de investigaciones internas y de un proceso disciplinario en la fiscalía. Además, Chávarry dispuso el retiro de una colaboradora de confianza del despacho de Pérez sin previa consulta o anuncio, una medida que se tomó como una forma de debilitamiento.

Fiscal Alonso Peña Cabrera (al centro). Foto: Difusión

Pero esta tensión tocó hoy un nuevo punto crítico cuando Pérez interrogó al propio Chávarry, en el marco de las investigaciones por el "caso Cocteles” que implica a Keiko Fujimori y a la cúpula de su partido Fuerza Popular en un presunto esquema de lavado de activos por recibir un aporte de campaña de 1,2 millones de dólares para las elecciones de 2011.

Según información recabada por Pérez, la dirigencia fujimorista coordinaba en su chat interno “La Botica” acciones de defensa a favor de Chávarry. También manifestaba su interés por que este funcionario permaneciera en el recién asumido cargo de fiscal de la Nación a pesar de los cuestionamientos públicos.

El fiscal de la Nación Pedro Chávarry (derecha) y Rafael Vela, coordinador del Equipo Especial para el caso Lava Jato. Foto: Difusión

La diligencia, que duró alrededor de dos horas esta mañana, fue suspendida por Pérez por razones que decidió no explicar a la prensa. Además, a su salida, señaló que esperaba que el fiscal de la Nación se pronunciara acerca de los dichos del presidente del gremio empresarial CONFIEP, Roque Benavides, sobre una supuesta “persecución” al empresariado.

“Esperamos que el señor fiscal de la nación Pedro Chávarry haga un pronunciamiento de respaldo y respeto al estado de derecho y del cumplimiento de la norma para todos los ciudadanos”, señaló Pérez.