Las organizaciones de derechos humanos apelaron la decisión de la fiscal Marcelita Gutiérrez de archivar el caso de las presuntas esterilizaciones forzadas durante el gobierno del expresidente Alberto Fujimori. Ayer lo hizo el Instituto de Defensa Legal, hoy DEMUS, institución que impulsa la campaña “Somos 2074 y muchas más”, que moviliza a mujeres enérgicas vestidas con polleras hasta el frontis de la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima, local donde se encuentra la oficina de la fiscal Gutiérrez. Cada martes en el Jirón Carabaya del centro de Lima, hay un grupo de mujeres que grita desde la capital del Perú por todas las mujeres de los pueblos quechuahablantes y caseríos que esperan hace más de 14 años que se sancione a los que decidieron por ellas en la sala de un quirófano.

Minutos antes de las 4 de la tarde, cerca de veinte mujeres empiezan la marcha, sus miradas severas intimidan a los transeúntes, quienes al verlas prefieren cruzar hacia la acera de enfrente. Pero ellas siguen su camino: ni el claxon de los autos o los murmullos de la gente las distrae. La más pequeña de todas está vestida completamente de rojo y con un megáfono en la mano empieza a gritar como una gigante. Las otras mujeres repiten en coro. Todas llevan polleras coloridas con úteros pegados al cuerpo y marcan su territorio con las manos en la cintura. Se apoderan de la acera. Nadie las mueve de su trinchera. Ni siquiera los policías que se han colocado en fila frente a ellas. Las mujeres acaban de llegar al local de la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima, en el jirón Carabaya del atiborrado centro de Lima. Es un día importante para su agitado camino. Es 28 de junio, la última movilización antes que la fiscal Marcelita Gutiérrez concluya sus pesquisas por el caso de las esterilizaciones forzadas a miles de mujeres durante el gobierno de Alberto Fujimori. Es la octava vez que realizan esta acción, pero quienes las miran entre murmullos aún se preguntan por qué este grupo de mujeres obliga a la Fiscalía a cerrar sus puertas antes de la hora fijada cada martes. 

Las veintitrés mujeres lideradas por María Ysabel Cedano, directora de DEMUS, dicen en coro ser “las hijas de las campesinas que no pudiste esterilizar”. Le hablan al expresidente Alberto Fujimori a quien señalan como el principal responsable político. Fueron más de 346 mil mujeres esterilizadas, entre los años 1993 y 2000, según el informe final de la comisión especial del Congreso que investigó el caso en 2002. Todo se consumó durante el régimen de Fujimori, padre de la excandidata presidencial de Fuerza Popular, a quien le dicen cantando: “Keiko, primera dama de las esterilizaciones forzadas”. Pudo ser la madre del joven que reparte volantes en esta calle, la de uno de los tres fotógrafos que registran la acción, la de uno de los policías que resguardan la zona o incluso la mía. Pero no. No eligieron Lima como sede principal para implementar su plan al que llamaron Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación familiar. El exmandatario y sus ministros de Salud de la época, Alejandro Aguinaga, Eduardo Yong Motta y Marino Costa Bauer, eligieron las zonas rurales y los asentamientos humanos, los lugares más pobres del Perú. 

Integrantes del colectivo 2074 Somos muchas más afuera del Ministerio Público. Foto: Facebook.

“No era necesario matar a los pobres para terminar con la pobreza”, increpó Hilario Castillo, esposo de Florencia Pablo García, mujer esterilizada, en una entrevista con el diario La República. Las mujeres que se instalan cada martes al frente de la Fiscalía de la Nación gritan en nombre de Florencia y las miles de peruanas a las que se les negó la posibilidad de dar vida. Las moviliza la campaña “Somos 2074 y muchas más”, para recordar a las autoridades el número de denuncias presentadas ante el Ministerio Público en busca de justicia. La iniciativa empezó hace poco más de un año, pero para aquellas campesinas que fueron esterilizadas sin su consentimiento, la lucha empezó hace más de 14. Las empolleradas del Jirón Carabaya lo saben, por eso resisten. El frío limeño no hace que sus voces se quiebren o sus piernas tiemblen. Al contrario, pareciera que cuando gritan el nombre de la fiscal que investiga el caso la sangre se les calienta: “Marcelita Gutiérrez denuncia ya”. No por odio o revancha. Por un sentido de humanidad.

Otros dos jóvenes activistas llegan algo tarde. Son los únicos varones del grupo. Se ponen rápidamente los polos de la campaña y se integran al grupo. Uno de ellos, Jonathan, luce avergonzado. Apenas grita y se limita a observar su celular. El otro, Rogelio, toma la batuta y lanza arengas con el puño en alto. “No somos una, no somos dos, 2074 a una sola voz”, se escucha. A mitad de la acción, una señora en muletas cruza la pista aprovechando el semáforo en rojo. Todos miran cada uno de sus movimientos con extrañeza. Se hace un espacio entre las demás activistas y también grita. Ella, una mujer de casi 50 años que estaba de paso, no se esconde entre sus muletas. No hay limitaciones. Ella podría ser perfectamente una empollerada que llega cada martes al jirón Carabaya: una mujer capaz de agarrar una pollera, ponérsela, levantarse y gritar con toda su fuerza, con todo su poder.

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Es casi el final de la acción, un hombre avergonzado se acerca y pregunta cuánto están pagando por gritar. Le digo que es voluntario, no hay pago. Entonces el hombre escupe su indiferencia: “son huevadas”, dice. Y se va. Las mujeres llevan dos horas exigiendo justicia en plena calle. Se forma un círculo humano a mitad de la pista en medio de gestos de fastidio de los conductores y sonidos rabiosos del claxon. Entonces, una mujer del grupo lanza al centro del ruedo una especie de rezo: “Uno tu mano a la mía, uno mi corazón al tuyo para hacer juntas lo que no puedo hacer sola. Esterilizaciones forzadas, justicia ahora”. Mientras rezan, muchos curiosos, quienes no estuvieron observándolas durante el tiempo que duró la acción, se aglomeran alrededor de ellas con cámara en mano para grabarlas. Antes que la policía pueda usar la fuerza, ellas salen de la pista a paso lento, casi con una paciencia provocadora, y se dirigen a la acera de enfrente. La acción de ese martes acabó.

Jorge Bracamonte, María Ysabel Cedano, Inés Condori, Alfonso Ramos, Milton Campos y Victoria Vigo

en conferencia de prensa en la CNDDHH. Foto: Jaime Vargas - Convoca.pe

María Ysabel les habla a todas, les pide continuar con la campaña, seguir fuertes sobre el jirón Carabaya. Mientras la escuchan, cada una empieza a dejar las polleras a un lado. La más alta de todas, que viste de sastre y tacos, se despide de cada una de sus compañeras. Tres estudiantes universitarios también siguen su camino. Otra mujer se va de la mano con una niña que puede ser su hija. La mujer, quien emitió el rezo, mira cómo su enamorado se acerca y se van juntos. Los dos únicos hombres, Jonathan y Rogelio, se despiden de todas. Las empolleradas no son solo activistas. Cada una de estas mujeres tiene sus propias metas, obligaciones, sus luchas, sus sueños. Y así con lo que son, cada una ha decidido representar a una de las miles de campesinas a las que no les dieron la posibilidad de elegir. En total son más de 30 organizaciones y más de 100 activistas que se han sumado a la campaña impulsada por DEMUS desde Ayacucho, Cusco, Trujillo, Huancayo, Cajamarca y Arequipa. 

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Un mes después de esta acción de las mujeres empolleradas se conoció la decisión de Marcelita Gutiérrez. El 27 de julio, a pocas horas del cierre del gobierno del presidente Ollanta Humala, la fiscal aprobó la resolución que concluye que las esterilizaciones no respondieron a una política de Estado, pero que se trataron de casos aislados y, por lo tanto, no hubo delitos de lesa humanidad. Con esta decisión, el Ministerio Público archivó la denuncia contra el expresidente Alberto Fujimori y sus ministros de Salud. Ayer jueves 3 de agosto, el Instituto de Defensa Legal apeló este fallo. Esta mañana hizo lo mismo DEMUS. María Ysabel Cedano afirma que la fiscal no tomó en cuenta como prueba el contexto en que se realizó el programa de esterilizaciones. Dejó de lado las evidencias importantes como el hecho que no hubiera consejería en quechua, el idioma materno de las víctimas, o que no se les haya brindado tiempo suficiente para decidir. Tan solo 24 horas para decir si querían ser madres o no, bajo amenazas y mentiras, asegura Cedano. 24 horas entre la vida y la muerte, como fue el caso de Mamérita Mestanza, mujer símbolo de la campaña, quien falleció luego de ser operada en un hospital de Cajamarca.   

Este proceso penal se mueve con el vértigo de una Montaña Rusa. En 2009 y 2014 las organizaciones de derechos humanos apelaron, luego obtuvieron una opinión favorable, después la justicia les dio la espalda y ahora los abogados de las organizaciones de derechos humanos vuelven a apelar (Ver cronología). Si en el Perú no se consigue justicia, el abogado de IDL, Carlos Rivera, asegura que darán batalla ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Vamos a luchar hasta el último”, promete Inés Condori, presidenta de la Asociación de Mujeres Víctimas de Esterilizaciones Forzadas de Chumbivilcas, Cusco. Inés sobrevivió a esos días funestos pero no Celia Ramos, que fue operada en el Centro de Salud de Legua, un caserío de Piura. Su hermano Alfonso Ramos reclama por ella: “Le aplicaron anestesia y se quedó dormida. Nunca más despertó. Pasó 20 días en estado de coma y murió”. Inés, Celia, Mamérita, Victoria, Juanita, son muchas, son más de 2074.