El segundo borrador del Marco Ambiental y Social (MAS), documento que contiene las diez salvaguardas o las Normas Ambientales y Sociales (requisitos que deben cumplir los Estados que solicitan préstamos al Banco Mundial), incluye potenciales riesgos para la protección del territorio peruano debido a que propone que los proyectos financiados por este organismo se implementen según las normas de los países beneficiados con los créditos a pesar de que en varios casos, como sucede en el Perú, se tratan de leyes menos exigentes. Durante el gobierno de Ollanta Humala, se aprobó la ley 30230 que permitió una especie de "amnistía" de multas por graves infracciones ambientales en beneficio de empresas mineras y petroleras, entre ellas la estatal PetroPerú, que lograron la exoneración de sanciones económicas que llegaron hasta 55 millones de soles, entre julio de 2014 y marzo de 2015. Hoy 29 de octubre concluyen las reuniones de los representantes del  Banco Mundial en China con funcionarios de ese país y organizaciones de la sociedad civil  para la revisión de este controversial documento que se convertirá en la guía principal para los créditos que otorgará el Banco Mundial en los próximos años. Este mismo documento será revisado en Lima el 16 y 17 de noviembre. Conoce en esta nota lo que está en juego.

El 8 de mayo del 2006, una roca de 25 toneladas cayó sobre el Oleoducto Norperuano de PetroPerú. El incidente provocó el derrame de 50 mil galones de petróleo, de los cuales veinticinco mil fueron a parar en el río Marañón, en un hábitat de 100 especies de animales, ubicada entre Jaén y Amazonas.

El accidente, calificado como una “catástrofe ambiental” por el toxicólogo Rubén Loayza de la Universidad Cayetano Heredia, perjudicó un tramo de los poblados Chingaza y Fátima. Sin embargo, la empresa estatal no reportó “el grado de afectación de las riberas, aguas abajo del río Marañón” y permitió que los pobladores  recogieran el material contaminado sin protección. 

A pesar de la gravedad del hecho, el informe del derrame quedó olvidado durante cinco años. Y en 2013, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) archivó el caso  junto a unos mil 100 informes debido a que los plazos para investigar y sancionar vencieron. Junto a ello, en julio de 2014, el gobierno de Ollanta Humala aprobó la ley 30230 que permite reducir y congelar multas durante tres años a empresas, entre ellas la estatal PetroPerú, que infringieron normas ambientales. Convoca determinó que en el primer año se ha perdonado hasta 55 millones 610 mil soles a mineras y petroleras. 

El derrame de 50 mil galones de petróleo en el Oleoducto Norperuano.

El contexto peruano en temas ambientales, sin embargo, no ha sido obstáculo para que el Banco Mundial (BM) confíe en las legislaciones internas de los países que solicitan préstamos. En la propuesta de las Normas Ambientales Sociales (NAS) —las cuales sirven para que los gobiernos beneficiados por los préstamos manejen determinados riesgos ambientales y sociales, y reduzcan los daños—, se plantea que estos requisitos se implementen según las leyes nacionales de los prestatarios.  

Las diez normas o salvaguardas, se sintetizan en el documento denominado Marco Ambiental y Social (MAS) pero aún no entran en vigencia, pues el último borrador del documento se encuentra en debate esta semana en China. Todas estas salvaguardas presentan cláusulas que condicionan su cumplimiento a las leyes nacionales que casi siempre son menos exigente como sucede en el caso peruano.

Con el nuevo borrador, de ser aprobado el próximo año, la primera salvaguarda referida a  la evaluación y gestión de riesgos e impactos ambientales y sociales, no garantiza la protección del medio ambiente si se toma en cuenta cómo ha actuado el Estado peruano frente a empresas estatales, como Petroperú, y empresas privadas, que se han visto favorecidas por el archivamiento de informes de supervisión ambiental.

La flexibilidad del Banco Mundial para otorgar los créditos es cada vez mayor. "Cuando los Estados evalúen, desarrollen e implementen su proyecto, podrán, cuando sea adecuado, acordar con el Banco la utilización, total o parcial, del marco ambiental y social nacional”. ¿Y cuándo es el momento "adecuado" para que riga la ley nacional? El documento no lo explica. "El Banco no ha podido contestarnos hasta el día de hoy”, asegura a Convoca Carla García, presidenta del Centro de Derecho Ambiental Internacional (CIEL, por sus siglas en inglés). “No nos han sabido responder. Es muy probable que el Banco Mundial tampoco lo tenga claro”.

Se propone que los derechos laborales de trabajadores de los proyectos financiados por el BM,

se respeten según los estándares nacionales.

En este mismo documento, el organismo internacional señala que el Estado prestatario evitará que se liberen contaminantes, pero cuando no sea posible, “minimizará" este impacto "usando los niveles especificados en las leyes nacionales o en las Guías del Grupo del Banco Mundial sobre medio ambiente, salud y seguridad”. 

Por ello la Sociedad Civil pide mayores compromisos del Banco, en un contexto de cambio climático, a la hora de entregar los créditos. Los expertos exigen sobre todo que exista coherencia entre las salvaguardas y la "Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (UNFCCC)”. 

Sin garantías

En Perú  se aplicaba  la resolución ministerial 353-2000, la cual consideraba un rango de 50 a 600 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) para sancionar el exceso de límites máximos permisibles de la descarga de efluentes mineros en ríos, lagunas y suelos. Al no estar reglamentada, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental imponía siempre el menor valor del rango de la multa a las mineras.

Por ello, en noviembre de 2013, el Consejo Directivo de OEFA fijó una nueva escala de sanciones. Si una empresa superaba los parámetros hasta en 10 por ciento, se impondría una multa que variaría entre 3 y 300 UIT. Si la infractora superaba el límite exigido en 200 por ciento, la multa oscilaría entre 55 a 5 mil 500 UIT.

Sin embargo, hasta junio último, Convoca no encontró ningún caso en el registro de sanciones de OEFA en el que se haya sancionado a una compañía minera con el incremento de una multa por reincidencia o una multa mayor según el grado de exceso de efluentes mineros arrojados al medio ambiente. El panorama empeoró cuando entró en vigencia la ley 30230 en julio del año pasado porque permitió reducir y congelar las multas por tres años. 

La especialista de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), Martha Torres, asegura que con la aplicación de las leyes nacionales, el Banco no interviene en monitorear si estas normas son lo suficientemente exigentes para evitar la vulneración de derechos humanos.

García, del Centro de Derecho Ambiental Internacional, coincide con Torres. “Vamos a utilizar el marco jurídico del Estado, pero quien va a ser responsable cuando suceda algún problema, ¿el Estado? ¿O se podrá acudir a algún organismo internacional? Eso no queda claro.”, cuestiona.  

El presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, y el presidente Ollanta Humala

durante las Reuniones Anuales 2015 en Lima. Foto: Andina.

Desplazamientos 

En nuestro país, 1 142 personas fueron desplazadas de sus territorios debido a la realización de tres proyectos de desarrollo que el Banco Mundial financió al Estado peruano entre 2004 y 2010, en más de 20 regiones del país, entre las que figuran Cajamarca, Ayacucho, Abancay, Junín y Pasco.

Con la intención de frenar este impacto social, en la salvaguarda sobre adquisición de tierras y reasentamiento involuntario, el Banco rechaza el ‘desalojo forzado’ de las poblaciones en la ejecución de los proyectos que apoya económicamente. Pero en el mismo párrafo, añade que la expropiación de terrenos no se considerará desalojo forzado "siempre y cuando cumpla con los requisitos de las leyes nacionales", las disposiciones del Banco, y se respete los "principios básicos de proceso debido". Lo controversial es que se aceptan las mismas leyes nacionales que permitieron el desplazamiento de más de mil personas.   

La consulta previa a las comunidades indígenas ante la ejecución de una obra financiada por el Banco Mundial no es mencionada en el borrador del documento sobre las salvaguardas.  Para Carla García, es insuficiente que solo se mencione el consentimiento libre, previo e informado, porque "de ninguna manera es lo mismo que la consulta previa". "Las salvaguardas no hacen ninguna referencia a los estándares internacionales como a la Declaración sobre los Derechos de las Poblaciones Indígenas ni al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo”, explica.   

El gobierno peruano ha reconocido a las comunidades nativas como indígenas y su derecho a la consulta previa, pero recién luego de un debate público y el reclamo de organizaciones de la sociedad civil, decidió incluir a las comunidades campesinas en la Base de Datos de los Pueblos Indígenas del Perú a pesar que en sus territorios se ejecuta la mayoría de los proyectos de la gran minería que frecuentemente afectan sus derechos fundamentales. El Ministerio de Cultura informó que el el 20 de diciembre de este año culminará con la inclusión de las comunidades campesinas de los pueblos quechuas en este registro. 

En el documento, el Banco ha dejado carta abierta para que los países beneficiados de sus créditos usen el término más "adecuado para las circunstancias del Prestatario" para referirse a los pueblos indígenas. Esto no es un asunto de forma para el caso peruano: si no se reconoce a las comunidades como pueblos indígenas, no se les incluirá en la base de datos oficial y tampoco se realizará la consulta previa en sus territorios ante la ejecución de proyectos de inversión que afecten sus vidas.

En el documento sobre salvaguardas no se menciona la consulta previa a los pueblos indígenas.

Foto: Minería con Futuro.

El Banco Mundial explicó que la tercera fase de revisión del borrador de las salvaguardas —la cual empezó el 4 de agosto y culminará en México el 9 de diciembre— se centrará en revisar si estos requisitos son aplicables según la norma de los países beneficiados con los créditos. Hoy concluye la reunión de los representantes del Banco en China con las partes interesadas de distintos países y las autoridades del país asiático para continuar con la revisión del documento. Los funcionarios de este organismo internacional llegarán a nuestro país el 16 y 17 de noviembre para realizar las consultas al gobierno peruano (ver el proceso de revisión en la herramienta interactiva). Convoca solicitó una entrevista con los representantes de esta institución en el Perú, pero no obtuvimos respuesta.