El autogolpe del 5 de abril de 1992 que protagonizó, Alberto Fujimori, no sólo significó la ruptura de la democracia, también una vulneración al Estado de Derecho con detenciones arbitrarias e incluso la intervención de los medios de comunicación cuyas emisiones fueron suspendidas. 

Los periodistas Gustavo Gorriti y Edmundo Cruz, así como los exmagistrados Antonia Saquicuray y Avelino Guillén, al igual que la activista Gisela Ortiz y la dirigenta de la CGTP, Carmela Sifuentes, contaron los hechos registrados y las consecuencias del autogolpe, en el programa especial "La herencia del golpe del 5 de abril" con la conducción del periodista Glatzer Tuesta. 

Eran días en donde la corrupción se había instalado en el sistema estatal; días en que los grandes empresarios pensaban solo en ellos y no en el país, a pesar de haber sido beneficiados en tiempos difíciles; con instituciones desprestigiadas; con abismales brechas salariales y el caos social exponiéndose todos los días a nivel nacional. Era la década de los noventa llegando al Perú y con ella nuevas elecciones generales.

Tras llegar al poder, Fujimori vio que no contaba con el apoyo del Parlamento. En esos días, entre senadores y diputados, el partido Cambio 90 solo llegó a ocupar 46 curules de 240. Alberto Fujimori convenció a un gran sector de la población de que la solución contra el terrorismo era “empezar todo de nuevo”. En el conversado político, sus nuevas medidas no lograban el visto bueno del Congreso: era un obstáculo para las intenciones subalternas del candidato que había jugado a ser samurai en campaña. Luego del autogolpe, la lista total de legisladores bajó a 80.

En medio del caos constitucional instalado después del 5 de abril de 1992, que nos llevó a ser testigos de niveles de corrupción solo imaginables hasta ese momento, se desarrolló la persecución de actores que se rehusaron a bailar el ritmo del chino. Las distintas y graves violaciones de Derechos Humanos es la otra historia que se ha querido borrar.

Periodista sobreviviente

El ahora periodista de IDL-Reporteros, Gustavo Gorriti, contó que la mañana del 6 de abril llegaron a la puerta de su casa varios hombres armados, se identificaron como Seguridad del Estado con un tenebroso mensaje: “Queremos que nos acompañe para hablar con usted”. El periodista les ofreció asiento para poder conversarlo. “Me dijo que iba por las buenas o por las malas”, recordó Gorriti.

Horas más tarde, el periodista se encontraba en un calabozo del Servicio de Inteligencia sin saber qué pasaría con su vida. “Estos me depositaron en un cuarto pequeño y bastante sucio, con un baño aún más sucio al lado, y cerraron la puerta con varios candados. Estaba secuestrado. Mi arresto había sido clandestino y mi paradero era secreto. Supe entonces que cualquier cosa, aun de las más monstruosas, podía suceder. Después de años de cubrir la guerra interna en Perú conocía de sobra los horrores que suelen seguir a la detención-desaparición”, apuntó Gorriti.

Luego de 29 años, a través del conversatorio virtual, el periodista sostiene que el golpe de Estado del 5 de abril de 1992 fue planificado, básicamente, desde el momento que entraron —Fujimori y Montesinos— al poder. Añade también que el propósito esencial del golpe fue tomar el gobierno, controlarlo, dejar de lado la democracia por completo y utilizar la insurgencia, el desorden económico que existía e instaurar un gobierno de mano dura inspirado en el país vecino de Chile. “Ante la reacción internacional tuvieron que cambiarlo, pero ese fue el proyecto central”, subrayó Gorriti.

Familia destruida

Los crímenes de Cantuta y Barrios Altos fueron asesinatos cometidos por cualquier efectivo por un escuadrón de la muerte cuya estructura de mando iba desde el Servicio de Inteligencia del Ejército, que a su vez formaba parte de la estructura militar. Recibían órdenes directas de Montesinos, el jefe de Inteligencia y de Hermoza Ríos, Comandante General de la Fuerzas Armadas. Las violaciones de Derechos Humanos no pudieron ser ajenos a los oídos de Alberto Fujimori, quien implementó estas políticas.

El 18 de julio de 1992, un profesor y nueve estudiantes fueron secuestrados y desaparecidos por el Grupo Colina. Luis Enrique Ortiz Perea, hermano de Gisela Ortiz, fue una de esas víctimas.

Hoy, Gisela Ortiz asegura que el golpe de 5 de abril fue escenario perfecto para que la dictadura no solamente garantizara la impunidad de los crímenes de su aparato militar, era también tener el control del poder judicial para que no se investigara. “Las víctimas de pronto se convirtieron en culpables de algo… desde el poder prefirieron crear la imagen de terroristas a las víctimas para justificar sus actos”, añadió.

Palabras sindicales

Carmela Sifuentes, dirigenta de la Confederación General de Trabajadores Peruanos (CGTP), también se presentó al conversatorio virtual mencionado líneas arriba. Señaló que la ruptura constitucional, ocurrida el 5 de abril de 1992, debe recordarse para que no vuelva ha repetirse. Asimismo, remarcó que la violencia ejercida esos años por el Estado tuvo el objetivo de minimizar la oposición a un gobierno autoritario y corrupto.
Sifuentes también pidió tener presente a Pedro Huilca, quien en su calidad de secretario general de la CGTP, asistió a una conferencia del CADE, entre el 3 y 6 de diciembre de 1992. Allí demandó la necesidad de un acuerdo nacional y que el Estado sea capaz de abarcar los problemas trascendentales para el país. Minutos después, Fujimori dejó una respuesta al dirigente: 'Este ya no es un país donde mandan las cúpulas de la CGTP, del SUTEP o de Sendero Luminoso'. Esto provocó una serie de movilizaciones de diferentes sectores laborales y el 18 de diciembre de ese año, Pedro Huilca fue asesinado.

El peso de la acusación

Es necesario recordar que, en el año 2009, Avelino Guillén fue el fiscal supremo adjuntó que sustentó la acusación que permitió que el padre de Keiko Fujimori fuese condenado a 25 años de cárcel por los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta.
Guillén sostiene que el Grupo Colina fue creado el 14 de enero de 1991, cuando el general del Ejército Julio Salazar Monrroe fue designado jefe nominal del SIN y fue armado en seis meses. De acuerdo a los procesos judiciales, continuó, se ha determinado la existencia de esta agrupación delictiva y que fue en donde se respaldó el golpe de estado.
"Fujimori ha demostrado tener un absoluto desprecio por la democracia... Ese mismo concepto lo tiene su hija (Keiko) que cuando perdió una elección simplemente desconoció ese resultado. Ahora, por ese berrinche, todos estamos padeciendo las consecuencias... He querido señalar esto para advertir la existencia de una organización delictiva y la situación que se da ahora, ¿no? Otra organización delictiva compite en este proceso electoral", resaltó el exfiscal.

El final de un dictador

Recayeron en Alberto Fujimori 59 imputaciones distribuidas en 13 casos. Según la Procuraduría, durante los 10 años y 4 meses de su gobierno se esfumaron 6 mil millones de dólares de las arcas del Estado. Dinero que hasta ahora no ha sido devuelto.