La definición de la segunda vuelta presidencial se ha trasladado ahora a los Jurados Electorales Especiales (JEE) y podría terminar en el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), luego de que Fuerza Popular y Juntos por el Perú presentaran solicitudes de nulidad de mesas de sufragio bajo denuncias de presuntas irregularidades y fraude electoral.

Hasta el mediodía del 11 de junio, ambas organizaciones políticas habían presentado diez solicitudes formales de nulidad. Mientras Fuerza Popular concentra sus cuestionamientos en mesas ubicadas en Puno, principal bastión electoral de Roberto Sánchez, Juntos por el Perú busca la anulación de 1751 mesas de sufragio en todo el país y de dos mesas adicionales en Carolina del Norte, Estados Unidos.

Fuerza Popular apunta a Puno

La agrupación liderada por Keiko Fujimori presentó cinco solicitudes de nulidad contra mesas instaladas en las provincias puneñas de San Román, Carabaya y Azángaro, donde Roberto Sánchez obtuvo más del 80% de los votos válidos.

Según los escritos presentados por el personero legal de Fuerza Popular, existirían indicios de irregularidades relacionadas con la participación de sus personeros durante la jornada electoral. Las solicitudes buscan anular dos mesas del Colegio Agropecuario Santa Cruz y otras tres ubicadas en los colegios José Antonio Encinas, José Macedo Mendoza y Pedro Vilcapaza.

En las dos mesas del Colegio Agropecuario Santa Cruz de San Román que Fuerza Popular busca anular, Juntos por el Perú obtuvo 114 votos.

En estas cinco mesas, Juntos por el Perú obtuvo 784 votos frente a 126 de Fuerza Popular. Para estos expedientes, el partido sí adjuntó los comprobantes de pago de la tasa electoral de 1375 soles por cada mesa impugnada, requisito exigido por la normativa electoral.

Sin embargo, la organización también presentó recursos para solicitar la nulidad de 26 mesas instaladas en los colegios Señor de los Milagros, en el distrito de Asillo (Azángaro), y Domingo Savio, en el distrito de San Miguel (San Román), alegando que sus personeros fueron impedidos de ingresar a los locales de votación.

No obstante, la documentación presentada no incluye pruebas concluyentes que acrediten dicho impedimento. Parte del material audiovisual adjunto muestra a personas que se identifican como personeros, pero que no contaban con credenciales válidamente firmadas por el personero legal de la organización.

Fuerza Popular busca anular 13 mesas de sufragio en un colegio donde Roberto Sánchez obtuvo 2769 votos. 

En estas 26 mesas cuestionadas, Roberto Sánchez obtuvo 5175 votos, mientras que Keiko Fujimori alcanzó 583 votos.

Además, Fuerza Popular solo adjuntó dos comprobantes de pago por 1735 soles cada uno, monto insuficiente para cubrir la totalidad de las 26 mesas cuya nulidad solicita. De acuerdo con la normativa electoral, el pago requerido ascendería a 35750 soles.

Juntos por el Perú pide anular más de 1700 mesas

Por su parte, el personero legal de Juntos por el Perú presentó ante el Jurado Electoral Especial Lima Centro 1 una solicitud para declarar la nulidad de 1751 mesas de sufragio a nivel nacional.

La agrupación sostiene que habría identificado “indicios graves, concordantes y sistemáticos de fraude electoral” en favor de Fuerza Popular.

El principal argumento se basa en la detección de patrones repetidos de votación en distintas mesas de un mismo local electoral. Según el escrito presentado, se habrían identificado 584 casos donde diferentes mesas registran exactamente la misma distribución de votos.

Juntos por el Perú denuncia que detectó 584 casos donde diferentes mesas registran exactamente la misma distribución de votos.

Los personeros de Juntos por el Perú denominan este fenómeno como “clonación de resultados” o “llenado sistemático de actas” y sostienen que la coincidencia estadística no podría explicarse por azar, sino por una eventual alteración del conteo original.

De acuerdo con la solicitud, estos patrones se habrían detectado en once colegios de Villa El Salvador, veinticinco locales de San Juan de Lurigancho y catorce de San Juan de Miraflores, entre otros distritos.

Sin embargo, la solicitud presenta observaciones relevantes. En primer lugar, no adjunta el pago de la tasa electoral correspondiente, requisito obligatorio para la admisión del pedido. De acuerdo con el número de mesas impugnadas, la tasa ascendería a 2 millones 407 mil 625 soles.

Además, Convoca.pe pudo verificar que el escrito menciona como sustento una pericia estadística que debería encontrarse en los anexos presentados. Sin embargo, dicho documento no figura entre los archivos registrados en la Plataforma Electoral del JNE.

Dos mesas cuestionadas en Estados Unidos

Juntos por el Perú también presentó una solicitud para anular las mesas N.° 086925 y N.° 086926, instaladas en Carolina del Norte, Estados Unidos.

El recurso sostiene que los mismos tres ciudadanos habrían firmado simultáneamente como miembros de mesa en ambas mesas de sufragio, situación que, según la organización, constituiría una irregularidad. En dichas mesas, Fuerza Popular obtuvo 93 votos y Juntos por el Perú 27.

No obstante, al igual que en el pedido masivo de nulidad, el expediente no incluye el comprobante de pago de la tasa electoral correspondiente.

Expertos advierten sobre requisitos obligatorios

El abogado especialista en derecho electoral José Manuel Villalobos explicó a Convoca.pe que toda solicitud de nulidad debe presentarse de manera individual por cada mesa cuestionada y acompañarse obligatoriamente del pago de la tasa establecida por el Texto Único de Procedimientos Administrativos del JNE.

“El incumplimiento del pago genera la improcedencia automática de la solicitud y no existe posibilidad de subsanar posteriormente esa omisión”, precisó.

Respecto a los cuestionamientos formulados por Fuerza Popular sobre el presunto impedimento de ingreso de personeros a los locales de votación en Puno, Villalobos indicó que estos hechos deberían estar registrados en actas oficiales o haber sido constatados por fiscalizadores del Jurado Nacional de Elecciones o representantes del Ministerio Público.

Los pagos realizados para presentar estos recursos solo cubren la etapa inicial ante los Jurados Electorales Especiales. Si alguna de las partes decide apelar una eventual resolución adversa, deberá asumir una nueva tasa electoral para que el caso sea revisado por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones.

Con una diferencia de votos todavía estrecha y múltiples recursos en trámite, la disputa por la Presidencia podría extenderse más allá del conteo oficial y trasladarse al terreno jurídico, donde la solidez de las pruebas y el cumplimiento de los requisitos legales serán determinantes para el futuro de cada impugnación.

Improcedente por falta de pago de tasa electoral

El Jurado Electoral Especial Lima Centro 1 declaró improcedente la solicitud de nulidad de 1751 mesas de sufragio que presentó el personero de Juntos por el Perú por presuntos "indicios de fraude y alteración electoral". En la resolución se advierte que no se adjuntó el voucher de constatación de pago de la tasa electoral, pese a que en el documento presentado por el partido de Roberto Sánchez se indicaba que se había presentado.
 

Mientras avanzan los trámites de los pedidos de nulidad de los votos en los Jurados Electorales Especiales, los candidatos continúan reaccionando al conteo de los votos en los que ya se están incluyendo las actas observadas.

El candidato Roberto Sánchez de Juntos por el Perú invitó públicamente a la candidata Keiko Fujimori de Fuerza Popular para reunirse "a la brevedad y actuar conjuntamente en defensa de la transparencia y la confianza ciudadana".

Según Sánchez, esta reunión sería para proponer de forma conjunta "una revisión exhaustiva y un reconteo de los votos en todas aquellas actas que la legislación permita revisar, con pleno respeto a las instituciones electorales y a las normas vigentes".

Mientras, la candidata Keiko Fujimori pidió esperar los resultados finales del proceso electoral y sostuvo que la revisión de las actas observadas fortalece la transparencia y la confianza ciudadana. Además, dijo que las marcas son un derecho, siempre que se desarrollen dentro del marco de la ley y el respeto a los demás.