Los representantes de las 33 naciones llegaron a Lima llevando una pesada carga sobre sus espaldas. Lava Jato el caso de corrupción que ha llevado a prisión a varios políticos.

Uno de los temas centrales de la VIII Cumbre de las Américas que empieza en Lima y que convoca a 33 países del continente será la 'Gobernabilidad democrática frente a la Corrupción', problema que afecta actualmente a la clase política de la región como consecuencia de los sobornos y aportes ilegales entregados por las empresas constructoras brasileñas para apoderarse de los principales megaproyectos.

Al respecto, las obras del gigante brasileño Odebrecht registraron costos adicionales por más de US$ 6 mil millones en siete países donde se pagó sobornos: Perú, Panamá, República Dominicana, Ecuador, México, Colombia y Mozambique, tal y como informó Convoca.pe en su proyecto colaborativo Investiga Lava Jato en el que participaron periodistas y medios de 11 países de América Latina y África. (Ver Obras de Odebrecht registran costos adicionales por más de US$ 6 mil millones en países donde pagó sobornos).

En el caso peruano, cuatro presidentes están involucrados por el caso Lava Jato. Alejandro Toledo habría recibido US$ 20 millones por la adjudicación de la Carretera Interocéanica, y hoy está prófugo en los Estados Unidos. Funcionarios del gobierno de Alan García también están detenidos y procesados por supuestos sobornos pagados por Odebrecht para adjudicarse la construcción del Metro de Lima. Ollanta Humala es el único expresidente que hasta el momento está en la cárcel por haber recibido financiamiento de Odebrecht para sus campañas, una de las formas empleadas por la brasileña para asegurar las buenas relaciones con los futuros gobernantes del país. Finalmente, los vínculos comerciales con la constructora Odebrecht ocasionaron la renuncia del exmandatario Pedro Pablo Kuczynski en marzo  quien es actualmente sometido a una investigación por el Equipo Especial anticorrupción del Ministerio Público. (Ver caso Odebrecht: Barata revela modus operandi de aportes a campaña de Keiko Fujimori).

En el caso de Argentina, ejecutivos de Odebrecht confesaron haber pagado al menos US$ 35 millones en sobornos entre 2007 y 2014, durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Sin embargo, el jefe de la agencia local de inteligencia de ese país, y amigo muy cercano del actual mandatario de Mauricio Macri Gustavo Arribas, también fue acusado de haber recibido transferencias.

Odebrecht, el gigante brasileño
 

En Brasil, Odebrecht está acusada de pagar al menos US$ 349 millones en sobornos a políticos desde 2003 hasta 2016. La constructora acordó con la justicia de ese país brindar información, a cambio de reducir las penas de 77 ejecutivos, entre ellos su expresidente Marcelo Odebrecht. Las confesiones de diversos ejecutivos involucran al actual presidente brasileño, Michel Temer y sus antecesores: Dilma Roussef y Luiz Inácio Lula da Silva, este último preso en una prisión de Curitiba desde la semana pasada.( Ver Brasileños investigados en Perú firmaron adendas en obras con sobrecostos por US$ 470 millones) .

En el caso de Ecuador, pagos irregulares a funcionarios cercanos de Petroecuador por US$ 33,5 millones entre 2007 y 2016.  Incluso, el propio expresidente de Ecuador, Rafael Correa está vinculado. Y hace unos meses el vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, fue condenado a seis años de prisión por recibir sobornos de Odebrecht. Ello ocasionó el quiebre de las relaciones entre el actual mandatario de Ecuador, Lenin Moreno y su antecesor, Rafael Correa.

Entre 2009 y 2014, los sobornos pagados en Colombia ascienden a US$11 millones e involucra al presidente actual de este país, Manuel Santos a quien se le acusa de haber recibido aportes de Odebrecht para su campaña electoral de 2014. En el caso de República Dominicana los casos de corrupción son similares a los casos anteriores y los sobornos podrían haber llegado a los US$ 92 millones entre 2001 y 2014. Sin embargo, la constructora brasileña mantiene un acuerdo con el Ministerio Público de ese país para entregar en un plazo de ocho años US$ 184 millones en compensación por los actos de corrupción cometidos.

Sobre el caso Guatemala, se sabe que los sobornos habrían llegado a los US$18 millones y fueron pagados entre 2013 y 2015. Existen indicios de pagos ilícitos de las firmas brasileñas Odebrecht y OAS para el proyecto de ampliación de una carretera en la frontera con México, con préstamo del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES). (Ver préstamo del BNDES a cambio de adjudicación de obra en Guatemala ).

México es otro de los países donde Odebrecht esta acusada de desembolsar US$ 10,5 millones entre 2010 y 2014, para sobornar funcionarios del Gobierno de Felipe Calderón y del actual mandatario, Enrique Peña Nieto. Asimismo, en Panamá la constructora afirma haber entregado US$ 59 millones en sobornos entre 2010 y 2014, coincidiendo con el mandato presidencial de Ricardo Martinelli. (Ver más de US$ 2.000 millones en contratos de tres gobiernos en México ) Mientras que, de acuerdo con un ex directivo de Braskem, filial de Odebrecht, la compañía abonó US$ 1.5 millones a la campaña presidencial del exmandatario de El Salvador Mauricio Funes.

Si bien el mandatario venezolano, Nicolás Maduro no participará en la Cumbre de las Américas, su país no es ajeno a los pagos ilícitos de Odebrecht. La brasileña habría abonado hasta US$ 98 millones para asegurarse contratos de obras públicas entre 2006 y 2015. Este es el monto más grande pagado por la firma en un país de la región luego de Brasil. El propio presidente Maduro aparece involucrado en dichos sobornos, pues a la fecha hay 13 obras inconclusas en ese país y órdenes de pagos extraordinarios de Odebrecht a favor de Nicolás Maduro  por US$ 4 mil millones en su campaña de 2013. (Ver Contratos millonarios sin rendición de cuentas en Venezuela ).

Los sobornos y los aportes millonarios a campañas electorales ha ocasionado que los políticos incluso, algunos actuales mandatarios presentes en la Cumbre de Las Américas estén bajo la lupa de las autoridades judiciales de sus países.