El Quinto Juzgado Civil de Cusco declaró improcedente una demanda de amparo contra la empresa Inmobiliaria R&G y funcionarios del Ministerio de Cultura, la Dirección Desconcentrada de Cultura y la municipalidad provincial cusqueña por el daño al patrimonio histórico y cultural durante la construcción del Hotel Four Points by Sheraton en 2015, cuando se demolieron andenes prehispánicos en el centro histórico de esta ciudad.
Según la sentencia, a la cual accedió Convoca.pe, la jueza Marianella Cárdenas sustentó esa decisión indicando que no es posible “reponer las cosas al estado anterior”, pues el referido perjuicio es considerado “irreversible”.
No obstante, en esta resolución judicial —fechada el 27 de diciembre pasado —, se señala: “(Comprobándose) que no se habría cumplido con las verificaciones permanentes que encomiendan las normas (…), que hubieran permitido detectar y tomar oportunamente las medidas inmediatas a fin de evitar que se continuara con el avance de la obra y de esa manera evitar la afectación al patrimonio cultural de la Nación”.
Esto último se refiere a los funcionarios responsables como la Municipalidad Provincial del Cusco, y la Dirección Regional de Cultura como órgano descentralizado del Ministerio de Cultura.
En la segunda parte del fallo se dispone que la construcción pendiente del hotel pueda continuar siempre y cuando se respeten los parámetros urbanísticos previstos por normativas de protección al Patrimonio Cultural de la Nación.
Al respecto, el Informe N° 135-2017-CG-EDUC-AC de la Contraloría, que recomienda multar con más de 11 millones de soles a Inmobiliaria R&G por iniciar trabajos de excavación sin autorización, no haber registrado bienes inmuebles prehispánicos en el Proyecto de Evaluación Arqueológico y el desmontaje de muros prehispánicos en la calle Saphy N° 674, 386 y 704.
Cabe anotar que la acción de amparo fue interpuesta en abril de 2016 por la Comisión de Juristas contra la Corrupción y Defensa Social.
Consultada por Convoca.pe, t'ika Luízar Obregón, abogada integrante de la citada organización civil cusqueña, dijo sobre la decisión judicial: “Es un argumento jurídico, incoherente y ajeno a la realidad actual, el objeto de todo proceso de amparo […] es disponer la restitución de los hechos que se han vulnerado, en ese sentido existen muchos antecedentes de restitución de andenes incas…”.
Agregó que “es contradictorio esta parte de la sentencia, […] si en este momento (en la actualidad) en el que se ha emitido la resolución hay 12 pisos, donde está permitido solo 2 pisos, por qué la jueza no habla con claridad sobre el proceso de la demolición o la disminución de los parámetros”.
La abogada Luízar adelantó que presentará una apelación ante la instancia superior.
Millonarias multas anuladas
En 2017, por esa obra se sancionó con dos multas a la misma compañía por más de 4 millones 500 mil soles (Resolución Sub Directoral N° 048-2017 y N° 237-2017), la cual fue ratificada después por la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco (Resolución Directoral N° 998-2018 DDC-CUS/MC y N°905-2018 DDC-CUS/MC), situación que fue informada durante una de las sesiones de la Comisión de Cultura del Congreso —en noviembre de 2018— en la que participó la entonces ministra Patricia Balbuena.
Sin embargo, el 11 de enero último las resoluciones directorales con las medidas sancionatorias fueron anuladas por el Ministro de Cultura, Rogers Valencia, mediante dos resoluciones ministeriales que dejaron sin efecto el pago del millonario monto.
Tras la difusión de la controvertida anulación, el 22 de enero el Ministerio de Cultura afirmó en un primer comunicado que se adoptó esa acción debido a que ya se había vencido el plazo legal para resolver.
Asimismo, el miércoles pasado mediante un segundo comunicado anunciaron que se tomará medidas correspondientes para la empresa R&G y sobre aquellos funcionarios que resulten responsables por el vencimiento de los plazos.
En tanto, vía su cuenta de Twitter, el congresista de la bancada de Nuevo Perú, Edgar Ochoa, calificó de “inaceptable” que se justifiquen la acción del ministro por cuestión de temporalidad, y lo ha considerado un hecho “nefasto”, y exigió la salida del Valencia del Ministerio de Cultura.