Agustín Rojas Guzmán, quien busca convertirse en regidor metropolitano, recibió una condena suspendida de dos años que está en ejecución. Además, fue obligado judicialmente a responder por la alimentación y cuidados de sus dos menores hijas. Estos antecedentes se encuentran en la hoja de vida que ingresó al sistema del JNE.

El partido Juntos por el Perú lleva en su lista electoral para la alcaldía de Lima Metropolitana a un candidato a regidor que fue sentenciado por un delito penal y que afrontó una demanda por temas familiares. Se trata del contador Agustín Rojas Guzmán, quien lleva el número 13 en la lista encabezada por el postulante a burgomaestre capitalino, Gonzalo Alegría Varona. Según consta en la hoja de vida que publicó en la Plataforma Electoral del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), fue sentenciado a dos años de pena privativa de la libertad, en la modalidad suspendida, por el delito de falsedad genérica

Dicha sentencia fue emitida el 30 de noviembre del 2021 y se encuentra en cumplimiento, observó Convoca.pe en el citado portal. Como se sabe, el delito de falsedad genérica se consuma con la simulación, suposición o alteración de la verdad, sea por palabras o hechos. En otras palabras, llevar la mentira al grado de delito.

Pero los antecedentes de este candidato van más allá. Rojas Guzmán, quien se desempeñó como técnico administrativo en la Municipalidad de El Agustino, también afrontó un proceso judicial en el que se le reclamó una pensión alimentaria, según consignó en su hoja de vida. El postulante fue demandado en un juzgado de El Agustino para que entregue una pensión, ascendente al 17% de su salario, para cada una de sus dos mejores hijas

La obligación de entregar esta manutención venció en el año 2010, según se consignó en la información registrada en la Plataforma Electoral del JNE. Las leyes peruanas señalan que dicha pensión puede por un acuerdo entre las partes —lo que no ocurrió— o por vía judicial. Esta obligación incluye todo lo relacionado con la alimentación, vivienda, vestimenta y necesidades médicas. Además, se considera la educación e instrucción de los beneficiarios. 

El personero para la lista de Lima Metropolitana del partido Juntos por el Perú, Walter Flores, confirmó a Convoca.pe que el ciudadano en cuestión registra la sentencia por el delito doloso descrito. Advirtió que, en cumplimiento de las disposiciones del Jurado Nacional de Elecciones, deberá dar un paso al costado, ya sea por propia cuenta o por decisión de la entidad electoral.

 

AGUSTIN ROJAS CANDIDATO REGIDOR JP
Candidato Rojas consignó en su hoja de vida información sobre las sentencias y demandas que afrontó. Vale su honestidad.    

 

“Primero es la formalidad de la inscripción de la lista [de alcalde y regidores]. Tienes que estar completa, reunir todos los requisitos. Segundo, viene el periodo de tachas, donde cualquiera de los candidatos de cualquiera de las listas, si no reúne las formalidades o requisitos que establece, o sale de las lista por acción de una tacha de oficio o por la tacha de algún ciudadano”, explicó el personero a este medio digital. No obstante, recordó que si un candidato acredita que ha tenido sentencia, pero en segunda instancia lo absolvieron, y muestra las resoluciones del caso, continúa en carrera. 

José Manuel Villalobos, abogado especialista en derecho electoral, confirmó a este portal que luego de lograr su inscripción formal ante el JNE, las listas de alcaldes y regidores son sometidas a un periodo de tachas ciudadanas, en el que podrían salir de carrera si se comprueba que incurrieron en alguna falta. Por supuesto, en última instancia, también los ciudadanos tienen la responsabilidad de permanecer vigilantes y rechazar a los candidatos no idóneos en las urnas.

Corrigen sentencia

De otro lado, en la lista de candidatos por Lima que presentó Juntos por el Perú, se encuentra el profesor Abner Hugo Gutiérrez Dueñas, ciudadano que fue indultado de una condena por el delito de terrorismo. Su liberación ocurrió en el marco de la Ley 26555, de 1996, que autorizaba a una comisión ad-hoc proponer el indulto de los detenidos por este delito que hubiesen sido condenados con pruebas insuficientes y que pudiera presumirse que no tuvieran ninguna vinculación con grupos terroristas.

En febrero de 2018, la Unidad de Gestión Educativa Local (Ugel) de Vitarte destituyó a Gutiérrez Dueñas de su cargo de docente precisamente por contar con dicha sentencia condenatoria. Sin embargo, en menos de tres, la situación fue revertida por la Autoridad del Servicio Civil (Servir), luego de que el interesado demostrara que fue indultado al amparo de dicha norma promulgada durante el gobierno de Fujimori.

Walter Flores, el personero para Lima Metropolitana de Juntos por el Perú, comentó a este portal que dialogó sobre el tema con Gutiérrez Dueñas, quien le dijo que fue envuelto en este tema judicial cuando era dirigente vecinal en Chosica, en una época —los años 90—  en la que todo representante social estaba observado porque había una represión generalizada. "Me dijo: 'a mí me indultaron. Es más, yo estoy dentro de esa relación de victimas que deben ser resarcidas por el Estado", explicó el representante partidario a este medio.

En efecto, la resolución Nº 000796-2018-SERVIR/TSC de Servir es clara en señalar que el educador de carrera, formado en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (La Cantuta), recibió el indulto de la condena “por haberse determinado que era una persona inocente”, a través de la Resolución Suprema Nº 089- 2002-JUS y en cumplimiento de la Ley 26655.

La información de esta sentencia inicial y su posterior corrección mediante indulto no ha sido publicada en la hoja de vida que el candidato Gutiérrez Dueñas consignó en la Plataforma Electoral del JNE. 

Sin embargo, el personero Walter Flores, que a la vez es abogado penalista, consideró que en sintonía con las disposiciones del JNE no era necesario reportar el incidente porque se trata de una sentencia corregida, un indulto por la incorrecta aplicación de la condena y no un perdón u olvido de una pena efectiva.  

En este contexto, vale recordar que en el año 2018 el JNE revocó una resolución que declaró improcedente la solicitud de inscripción de fórmula de candidatos para gobernador y vicegobernador del Gobierno Regional de Lambayeque, la misma en la que participaba el conocido político Yehude Simon.

Simon había sido condenado por el delito de apología del terrorismo, un delito doloso que le impedía ser candidato. Sin embargo, la justicia corrigió esa sentencia al comprobarse su inocencia, como ocurrió con Abner Hugo Gutiérrez Dueñas, y pudo participar en los comicios.

 

PROFESOR INDULTADO TERRORISMO
Abner Gutiérrez posa entusiasmado con su candidato a alcalde de Lima, Gonzalo Alegría, confiado en que él y su partido llegarán lejos en las próximas elecciones. Foto: Facebook.   

 

Juntos Por el Perú no es el único Partido que lleva en sus lista a candidatos a regidores que pueden enfrentar cuestionamientos en su contra. Como se recuerda, Convoca.pe también expuso que Somos Perú -que postula al exalcalde de La Victoria, George Forsyth, como burgomaestre capitalino- incluye en su plancha de posibles regidores a burgomaestres en ejercicio implicados en escándalos faranduleros y líos legales con empresas privadas. 

Como se sabe, los postulantes aún deben aguardar a que el JNE oficialice la inscripción de sus listas electorales y superar un periodo de tachas ciudadanas antes de llegar a los comicios de octubre. Originalmente, 12 organizaciones políticas presentaron listas de candidatos para la alcaldía metropolitana. Solo Renovación Popular, Somos Perú, Juntos por el Perú y Frente de la Esperanza 2021 lograron su inscripción a la fecha.

Tachas 

Aunque los casos señalados pueden ser sometidos las tachas de los ciudadanos, es poco probable que ocurra debido al altísimo precio de este recurso, recordó a este medio digital el especialista en derecho electoral José Manuel Villalobos.

“Para una tacha a nivel de candidato municipales, [el costo es de] 1.150 soles. Si son candidatos regionales, 4.600, una UIT. ¡Es un desincentivo! Si ganas la tacha, te devuelven la plata, pero es un riesgo”, explicó el abogado.

Así, señaló que la opción más factible es un pronunciamiento de los propios entes electorales para retirar de carrera a los postulantes menos idóneos. “La exclusión de oficio que pueda hacer el Jurado Electoral Especial [es clave]. Lo que pasa es que ahora que se inscriban [oficialmente las listas] van a mandar un oficio a la Corte Suprema con los nombres de los candidatos para que busquen en todos los archivos si hay sentencia contra esas personas. Si las encuentran, ahí los van a sacar”, consideró.

 

TACHA SCIUDADANAS
El Jurado Nacional de Elecciones informó que los Jurados Electorales Especiales resolverán las tachas contra los candidatos hasta el 18 de agosto. Foto: Andina.

 

A la fecha, los partidos Fe en el Perú, Demócrata Verde y Frepap, quedaron fuera de la carrera electoral debido a que no pudieron completar su proceso de inscripción hasta el 14 de junio. Sus apelaciones fueron rechazadas por el JNE. Las dos primeras agrupaciones estaban encabezadas por el actual alcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, y por el vigente burgomaestre de San Juan de Lurigancho, Alex Gonzales.

Asimismo, las listas de candidatos a alcaldes y regidores para Lima Metropolitana del Partido Morado y Perú Libre fueron declaradas improcedentes por el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima. En el primer caso, por incumplir la cuota de jóvenes. En tanto, el partido oficialista incluyó en su plancha a dos candidatos que no brindaron su consentimiento para participar en las elecciones, por lo que finalmente su nómina quedó incompleta.

¿Cuántas listas podrán sobrevivir hasta octubre? ¿Cuántos otros cuestionamientos contra candidatos surgirán? No se sabe, pero los electores deben estar preparados para estar vigilantes y tomar la mejor decisión con un voto responsable.