Han pasado casi cinco años desde aquella noche en la que el juez Daniel Ríos Ramírez, en ese entonces titular del 27° Juzgado Penal de Lima, se comunicó al teléfono de la casa de “Juana”, una madre de familia que había presentado una demanda contra los agresores de su hijo. Ella no le había proporcionado su número telefónico. Faltaban pocos días para que Ríos dictara sentencia sobre el caso.

Para lograr esa conversación por teléfono con la litigante, el magistrado había buscado su número en la guía telefónica. Al finalizar el diálogo, Ríos le pidió que el intercambio verbal se mantuviera en secreto. Luego, el juez le envió mensajes de texto privados. Ella guardó silencio por miedo. Pero, no era la primera vez que el magistrado cometía ese tipo de transgresión con una demandante.

Este relato es parte del testimonio que “Juana” dio para este reportaje. Ella solicitó que su nombre real no fuera difundido en esta publicación, por eso se utiliza el apelativo referido. Su versión es relevante, pues su denuncia motivó una investigación al juez mencionado en la Oficina Nacional de la Magistratura (OCMA), así como el posterior pedido para que fuese destituido del Poder Judicial.

El órgano de control interno del Poder Judicial estableció que las infracciones del juez Ríos ameritan su destitución.

Los hechos ocurrieron en 2015, luego de que Juana —en ese entonces de 59 años— fue hasta la sede del juzgado en el Cercado de Lima para exigir justicia por su hijo que había sido agredido por sus vecinos, ataque que le dejó lesiones graves en la cabeza y los brazos. Según informó la madre de familia, la 39 Fiscalía Penal de Lima solicitó condena de prisión y el pago de una reparación civil contra dos de los agresores.

El jueves 14 de mayo de ese año, a las 11 de la noche, el juez Daniel Ríos hizo la primera y única llamada al número de teléfono de la litigante.

El magistrado adujo que su intención con esa comunicación telefónica era que ella “le diera mayores detalles del caso antes de dar su veredicto, y en vista de que los dos abogados de los procesados se habían defendido muy bien”. Sorprendida por la llamada, Juana le contestó que los agresores de su hijo estaban mintiendo. Comenzó a quebrarse y él intentaba calmarla, pero le insistía en que le diera mayores detalles, refirió la demandante.

Daniel Ríos le pidió a Juana que no informara a su abogada sobre esa conversación telefónica. Luego le dejó su número de celular para que lo llamase y pudieran “esclarecer los hechos de su caso”. Antes de finalizar aquel diálogo, él comenzó a tutearla, le preguntó en qué trabajaba y sobre su disponibilidad de tiempo. Ella nunca le devolvió la llamada telefónica y también calló por miedo. Tenía temor de que pudiese haber algún tipo de represalia en su contra por parte del titular del 27° Juzgado Penal.

Sede de la Corte Superior de Justicia de Lima. Foto: Difusión

La existencia de esta comunicación fue confirmada por la empresa Telefónica del Perú, la cual registró una duración de casi 25 minutos de diálogo.

En los días siguientes, Juana recibió mensajes de texto que el magistrado le envió a su número de celular, cuyo tenor reproducimos a continuación:

Juez Ríos: Saludos. Ojalá te encuentres mucho mejor hoy… (15 de mayo de 2015, a las 9:08 p.m.)

Juez Ríos: Hola, Juana. Cómo estás? Un día te envié un texto. Llegó? Ojalá te sientas mucho mejor. Saludos… (19 de mayo de 2015, a las 10:16 p.m.)

Denunciante: Gracias, pero es difícil son momentos que quedan marcados…bendiciones (20 de mayo de 2015, 9:26 a.m.)

Juez Ríos: Qué tengas un buen día! (20 de mayo de 2015, 9:28 a. m.)

Batalla en solitario

“Este juez me llamó, y no tenía por qué hacerlo, a proponer cosas. No quiero remover esto, yo venía de un problema similar (de acoso)”, expresó Juana con voz temerosa y afirmó que sus hijos no conocen lo sucedido. Es una batalla que lucha sola. 

Dos meses después del diálogo telefónico, sin haber conseguido más respuestas de ella, el magistrado Daniel Ríos absolvió a los acusados en el proceso judicial que la abogada de la demandante creía ganada. “Él los liberó al no tener contestación de mi parte y pienso que lo hizo como venganza al evidente ‘no’. Yo tenía miedo de contestar mi celular, no me siento bien hasta ahora”, agregó la madre de familia. 

Al ver que su hijo no obtuvo justicia, Juana denunció al juez ante el Ministerio Público. En su declaración ante la fiscalía, ella aseguró que Daniel Ríos quería “aprovecharse de ella, pues no existía justificación alguna para que él la llamara por teléfono”. Los hechos fueron corroborados por la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) y determinó que Ríos infringió el artículo 34 de la Ley de la Carrera Judicial relativo a que los jueces deben “impartir justicia con imparcialidad y respeto al debido proceso”. 

Instalaciones de la Fiscalía en el Cercado de Lima, donde la litigante denunció al magistrado. Foto: Andina

El órgano de control del Poder Judicial concluyó además que el juez incurrió en una falta grave del artículo 48 la misma norma por establecer “relaciones extraprocesales con las partes o terceros, que afecten su imparcialidad e independencia, o la de otros, en el desempeño de la función jurisdiccional”. 

En su defensa, el magistrado Ríos declaró ante la fiscalía que la agraviada propició “acercamientos”, y alegó que la llamó al teléfono de su casa para expresarle “su sentimiento de humanidad y solidaridad”. Añadió que le envió dos mensajes de texto (en realidad fueron tres) porque “la quejosa había insinuado que podía atentar contra su propia vida”.

Otro caso, el mismo juez

Tres años después, el 24 de enero de 2018, la OCMA solicitó ante el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) —cuyas funciones fueron asumidas por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) a inicios de enero de 2020—, la destitución de Daniel Ríos como juez del 27° Juzgado Penal de Lima. De forma preventiva, se dispuso su suspensión en el ejercicio de todo cargo en el Poder Judicial hasta que se resolviera la medida en su contra. 

Pero no fue el único caso por el que se propuso que fuera destituido como autoridad judicial. Días antes, el 17 de enero de 2018, el órgano de control había propuesto la salida de Ríos de la institución pública por un motivo similar al denunciado por Juana.

El magistrado fue acusado de haber entablado relaciones extraprocesales con “María” —cuando ella tenía 39 años—, madre de un menor que denunció a su expareja por omisión de asistencia familiar en 2014. 

El padre del niño afirmó que, sin mayor sustento, Daniel Ríos ordenó la retención de su pasaporte, y señaló que el magistrado tenía una constante comunicación por teléfono con la litigante, además de mensajes por WhatsApp, y manifestó que incluso ambos se veían en reuniones sociales y tomaban licor.

Domicilio del juez suspendido Daniel Ríos en San Juan de Lurigancho. Foto: Sonia Obregón

Una resolución publicada por el diario El Peruano, el 14 de agosto del 2018, confirmó la suspensión preventiva de Ríos como juez. Sin embargo, su situación aún es incierta. En enero de 2019, el CNM —que tenía que evaluar la destitución del magistrado— estaba desactivado oficialmente luego de que se descubriera que sus miembros estaban vinculados a delitos, como tráfico de influencias y corrupción por el caso Los Cuellos Blancos del Puerto. 
Ahora, la JNJ, instalada en medio de controversias, tendrá que adoptar la medida correspondiente.

Juana exige que su caso se resuelva lo más pronto posible, pues así como Daniel Ríos, varios jueces que deben ser destituidos siguen formando parte del Poder Judicial. 

“Estoy esperando hasta que se establezca la Junta (Nacional de Justicia). No quiero que se quede sin que pase nada”, comentó Juana en una conversación con ella. 

Para este reportaje, se verificó que el suspendido juez Ríos Ramírez ya no labora en el 27° Juzgado Penal de Lima. Su cargo es ocupado por la doctora Ena Uriol Alva. 

También acudimos hasta su domicilio, ubicado en San Juan de Lurigancho, para que brinde sus descargos por los dos procesos de destitución. Pese a que sus vecinos afirmaron que se encontraba en su casa, una persona que se presentó como su inquilino y se identificó con el nombre de Juan Vargas, manifestó que Daniel Ríos no estaba en el lugar. “Ha salido, dice”, declaró. Tampoco contestó las más de quince llamadas que le realizamos a su celular desde distintos  números. 

De la casa de Ríos salió esta persona que se presentó como inquilino, quien negó que el magistrado estuviera allí. Foto: Sonia Obregón

Además, de las dos denuncias por relaciones extraprocesales, el juez suspendido fue acusado en un reportaje de Latina Televisión de haber liberado en el 2013 a Moisés Trujillo Portillo, alias ‘Tío Óscar’, quien junto a su familia fue detenido por comercializar drogas en el distrito de Rímac. 

Consultado al respecto, el abogado penalista Mario Amoretti consideró que el magistrado habría quebrantado la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la cual se señala que un juez no debe de tener contacto con las partes, salvo que sea en el mismo juzgado. 

“No se da la figura de acoso sexual de acuerdo a los mensajes de texto, pero es una conducta irregular y va contra la ética. (Da a entender) que busca entablar una relación más allá de lo normal y, al parecer, tiene ese modus operandi”, indicó Amoretti. 

Más infractores

Pero el caso de Daniel Ríos no es el único. Otros nueve magistrados, todos hombres, siguen procesos de destitución desde 2008 hasta 2018 por entablar relaciones extraprocesales con mujeres demandantes, acusadas o terceras involucradas en una denuncia o proceso judicial. 

En este tipo de investigaciones se han incluido a magistrados de Lima, Ucayali, Áncash, Arequipa, Piura y La Libertad, y los motivos son similares o más indignantes: acosar sexualmente, haber realizado proposiciones indecorosas de índole sexual, propiciar encuentros con la hermana de un acusado y mantener relaciones sexuales con una menor de 15 años en dos oportunidades.

Denuncias recurrentes

Así como Juana y María, a diario, muchas mujeres acuden hasta el Poder Judicial por un determinado caso terminan expuestas a jueces como Ríos Ramírez. Según la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, dos de las denuncias más recurrentes presentadas por mujeres son por pensión de alimentos y violencia familiar. Hasta noviembre de 2018, se reportaron 1,896 nuevos casos por pensión de alimentos, el 90 % de las demandantes son del sexo femenino y viven en su mayoría en distritos de Lima Norte, Ventanilla y Callao. 

En el caso de la violencia familiar, la cifra es aún mayor y más alarmante. Desde enero de este año hasta a noviembre del año pasado, se registraron 14,600 nuevos casos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. La Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (Endes) del 2018, realizada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, señala que siete de cada diez mujeres entre los 15 y 19 años han sido víctimas de alguna forma de violencia, ya sea física, psicológica y sexual.

Magistrada Sara Gaspar, del 11° Juzgado Civil de Lima. Foto: Sonia Obregón

Sara Gaspar Pacheco, jueza del 11° Juzgado Civil de Lima, afirma que los casos de pensión de alimentos son atendidos en los Juzgados de Paz Letrado, que hay en cada distrito. En Lima Cercado existen siete. Los procesos son rápidos y pueden durar hasta cinco meses. Sin embargo, cuando el acusado no tiene un ingreso permanente, el proceso se complica. La doctora indica que el 80 % de ellos tiene un trabajo informal y no se sabe cómo fijar la pensión, pero aclara que como máximo es el 60 % de su ingreso total. 

Si el acusado u obligado incumple tres veces consecutivas, puede ser incluido en el Sistema de Deudores Morosos o puede ser denunciado por omisión de alimentos, como pasó con la expareja de María. Las penas llegan hasta tres años. En estos procesos, para evitar a jueces que se aprovechan de su condición de poder y hagan diversas propuestas para fallar a favor de las demandantes, Gaspar aconseja denunciar. “Tenemos que empoderarnos. Yo no voy a permitir que me condicionen algo. De diez demandas, ninguna es rechazada”, agregó. 

Jueza Milagros Álvarez, del 12° Juzgado de Familia de Lima. Foto: Sonia Obregón

El 80% de las denuncias por violencia familiar en Lima llegan a las 50 comisarías, otras víctimas prefieren acudir a la Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente (Demuna). En paralelo, se da conocimiento a la Fiscalía y a los juzgados de Familia, que dentro de sus competencias correspondientes brindan medidas de protección. “Solo tenemos 19 juzgados de Familia y eso hace que sea más difícil la coordinación”, comenta la jueza Milagros Álvarez Echarri, jueza del 12° Juzgado de Familia de Lima. La situación se complica aún más cuando los magistrados tienen una conducta irregular y en vez de protegerlas las revictimizan. 

Aunque una salida podría ser que solo las juezas vean los casos vinculados a mujeres, Álvarez y Gaspar coinciden en que no es la solución, ya que existen muchos colegas varones sensibilizados con las problemáticas del sexo femenino y su lucha. Álvarez plantea que se deberían incluir temas género en las evaluaciones cuando se ratifican o seleccionan jueces y fiscales. Además, recomienda no acudir a ninguna cita ni responder a conductas disfuncionales de magistrados sin ética.

Por desconocimiento o miedo, Juana y María se convirtieron en víctimas de Daniel Ríos Ramírez. Solo la primera denunció y es la que clama por la destitución del juez, quien pese a los procesos en su contra no ha sido ni siquiera sancionado por el Colegio de Abogados de Lima y sigue habilitado para ejercer su oficio. “Quiero que tenga un castigo. Yo no he actuado en venganza, he actuado por justicia”, finaliza Juana. Aún tiene la voz temerosa.

Jueces acusados por mantener relaciones extraprocesales
Infogram

* Sonia Obregón es redactora de Actualidad, en el diario Trome, de Lima.

Esta publicación es producto de Periodistas en Red, la sala de redacción nacional de reporteros y estudiantes para el periodismo de investigación conformado por miembros de siete regiones del Perú: Arequipa, Loreto, Lambayeque, Piura, Junín, Callao y Lima.