Los funcionarios sancionados por la Contraloría que fueron electos como autoridades en las elecciones municipales y regionales de este año podrán recibir sus credenciales y ejercer sus cargos como regidores, alcaldes, consejeros o gobernadores desde el 1° de enero próximo, a pesar de estar inhabilitados para laborar en el sector público.

Al respecto, fuentes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) señalaron a Convoca.pe que en la Ley Electoral aún no existe impedimento alguno para ejercer como autoridades de elección popular a servidores públicos o funcionarios con sanciones de inhabilitación o suspensión, impuestas por el órgano de control al haber cometido irregularidades.

Como parte del especial ‘Sancionados’, este medio digital encontró que en los comicios del 7 de octubre pasado postularon más de 50 funcionarios inhabilitados o suspendidos para ejercer la función pública, de los cuales siete fueron electos en cargos distritales, provinciales y regionales, en Tacna, Junín, Lima, Lambayeque, Puno y Huancavelica.

César Narciso (Tacna), Julia Jimenez (Junín), Juan Lozano (Lima), Javier Roque (Lambayeque) y

Wilfredo Quispe (Puno) son  autoridades electas pese a tener sanciones vigentes. Fotos: JNE

Luego de la publicación periodística, la Contraloría envió en setiembre al Congreso el Proyecto de Ley 3292, el cual busca incorporar nuevas causales de vacancia y suspensión de autoridades regionales y locales que hayan sido sancionadas por el ente de control del Estado, para lo cual se deben modificar la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (LOGR) y la Ley Orgánica de Municipalidades (LOM).

El referido proyecto legislativo plantea que se agregue en las normas de municipios y regiones que los cargos de gobernador y consejero regional, así como de alcalde y regidores, se declaren vacantes en caso de que estos tuvieran sanción firme de suspensión o inhabilitación para el ejercicio de la función pública, siempre que el plazo impuesto sea igual o mayor al periodo que le resta de su mandato.

Iniciativa de la Contraloría busca que se agregue a las causales de vacancia contra autoridades

regionales y municipales, las sanciones impuestas por el órgano de control.

Trabas en el Congreso

De acuerdo con fuentes de la Contraloría, el debate de la propuesta de ley se encuentra “estancado” en el Parlamento, pues el pasado 11 de octubre el Pleno del Congreso debatió un dictamen sobre nuevas causales de vacancia de autoridades electas que no incluía las recomendaciones del órgano de control. 

No obstante, durante el intercambio de argumentos en aquella sesión plenaria se decidió que la iniciativa de la Contraloría fuese considerada en el dictamen. El debate fue interrumpido y puesto en suspenso para elaborar un texto sustitutorio que incorporase esos planteamientos. Sin embargo, hasta el momento el Congreso no ha retomado el tema.

Parlamento tiene pendiente votar el dictamen con las nuevas causales de vacancia a autoridades

regionales y municipales donde se incluyan a los sancionados por la Contraloría. Foto: Congreso.

Pese a que en la Ley de Fortalecimiento de la Contraloría, aprobada en febrero de 2018, ya se indica que el órgano podrá suspender o inhabilitar a gobernadores regionales, alcaldes y regidores, esta norma no podría modificar lo precisado por la LOGR y la  LOM ya que tienen un mayor rango al ser leyes orgánicas, por lo que es necesaria su modificación en dos legislaturas.

Aplicación web

En julio pasado, Convoca.pe construyó una base de datos con registros oficiales de la Contraloría y el JNE, y elaboró la aplicación web 'Sancionados', en la cual se halló que en los últimos cuatro años la entidad inhabilitó o suspendió a 1735 funcionarios, de los cuales 244 tienen o tuvieron relación con organizaciones políticas, y de estos, 130 están inscritos como militantes.

Como parte del proyecto periodístico, estos datos fueron brindados a periodistas y medios de comunicación en Arequipa y Lambayeque, que investigaron y encontraron que funcionarios de sus regiones estuvieron vinculados con gestiones de autoridades y organizaciones políticas nacionales y locales cuestionadas por irregularidades.

Durante la etapa electoral, el proyecto amplió su búsqueda a exfuncionarios inhabilitados o suspendidos que hayan postulado a cargos de elección popular y encontró que 50 sancionados por la Contraloría se habían inscrito como candidatos. De estos, por lo menos siete fueron electos autoridades en municipios y regiones del país.