La comunidad de Accomarca, en Ayacucho, tiene sentimientos encontrados. Aunque ayer los habitantes de esta violentada localidad pudieron enterrar los restos de las 79 personas que fueron masacradas por un pelotón del Ejército Peruano (EP), el 14 de agosto de 1985, esta ceremonia aún no ha sido suficiente para sanar sus heridas ni recuperar la paz que necesitan. 

Así lo explicaron a Convoca.pe los abogados y especialistas en derechos humanos que se involucraron para obtener justicia en este caso y que acompañaron a los deudos en el proceso de recuperar los restos –minúsculos en algunos casos– de sus seres queridos.

“El dolor de tu corazón jamás se va a borrar. Si mi madre me trajera vivos a mis hermanos, ahí sí se puede curar. Pero no, porque hay un dolor por haber perdido a mis familiares. Sé que los he encontrado, sé que lo voy a enterrar, sí, pero las heridas nunca se van a borrar”, señaló a la agencia France 24 la sobreviviente Teófila Ochoa, quien perdió a su progenitora y a sus cinco hermanos en la masacre.

Este viernes, en una ceremonia muy sensible, donde participaron el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, y el ministro de Justicia, Félix Chero, se entregaron las osamentas de las 42 víctimas que pudieron ser identificadas, las mismas que fueron llevadas en blancos ataúdes hasta su última morada, en el lugar donde antiguamente funcionó la ex base militar.

En el caso de los otros 37 ciudadanos, de quienes lamentablemente no quedó rastro, fueron honrados con el entierro representativo de féretros vacíos. Del total de víctimas, 23 eran niños o bebés que murieron aferrados a sus padres. Sus cajones tenían pelotitas de juguete encima para identificarlos.  

 Heridas abiertas

“Estamos esta mañana honrando la memoria de las mujeres, hombres, niños y niñas que murieron un 14 de agosto de 1985 cuando la violencia y el horror enlutaron a más de 70 familias, quienes encuentran en medida de lo posible un poco de paz con la restitución de los restos de sus seres querido que se lleva a cabo en esta ceremonia”, señaló en su discurso el jefe del Gabinete Ministerial. 

Si bien los habitantes de Accomarca lograron sepultar a sus familiares ejecutados, aún hay un tema muy importante por resolver en este caso: el de la impunidad y la falta de reparación, explicó a Convoca.pe el abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL) y defensor de los deudos de esta comunidad, Carlos Rivera. El letrado estuvo presente en el acto fúnebre.

El sosiego es algo que todavía no recuperan los sobrevivientes de la masacre, pasaron gran parte de su vida buscando justicia. Foto: Andina.

El hombre de leyes recordó que de los diez militares que fueron sentenciados en este caso, por delitos de lesa humanidad en el 2016, solo cuatro están en prisión. Entre ellos, el exoficial Telmo Hurtado, apodado como ‘El Carnicero de los Andes’, quien fue condenado a 23 años de prisión luego de ser extraditado desde los Estados Unidos. El subteniente dirigía a los 18 militares que, desplegados en cuatro patrullas, ejecutaron la masacre. Sin embargo, los demás están prófugos, a vista y paciencia de las autoridades. Entre ellos, se encuentra el general Wilfredo Mori Orzo, condenado como autor mediato de la masacre. 

“En el caso de Mori es una situación medio escandalosa porque el año pasado se ha vacunado [contra la COVID-19] aquí en Lima, en Surco. O sea, el tipo está en su casa. ¿Qué ocurre para que la justicia o la Policía no cumplan con un mandado judicial tan categórico como una sentencia que lo condenó a 25 años? No tengo ninguna respuesta”, explicó el abogado a este medio digital.

Rivera recordó que durante el juicio oral se develó que el crimen fue resultado de una operación militar cuidadosamente planificada bajo órdenes de Mori Orzo, y que estaba comprometida toda la Segunda División de Infantería del Ejército. Además de este exoficial y del Carnicero de los Andes, la Sala Penal Nacional condenó a 25 años de prisión al teniente (r) Carlos Delgado y al coronel (r) Nelson Gonzales; y al teniente (r) Juan Rivera Rondón, a 24 años.

De otro lado, once de los procesados recibieron penas de 10 años de prisión, en tanto que otros seis fueron absueltos. Entre estos últimos figura el general en situación de retiro José Williams Zapata, actual congresista de la República.

“En este día y en representación del Estado honramos la memoria de las víctimas y pedimos perdón por los daños sufridos, por las pérdidas irreparables, por la postergación y el olvido en el que se encontraron por muchísimos años”, señaló el premier Aníbal Torres este viernes, durante la ceremonia de entrega de los restos.

Estado en deuda

El premier Torres tiene razones de peso para pedir disculpas, según relató a Convoca.pe la abogada Gloria Cano, especialista de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH). La jurista lamentó que la Policía no sea capaz de detener a los prófugos, a pesar de que con total libertad acudieron a los vacunatorios de la ciudad para inmunizarse contra la COVID-19, como es el caso de Wilfredo Mori Orzo.

Pero además, la letrada recuerda que hasta el momento, el Estado Peruano ha incumplido su responsabilidad pagar la mitad de la reparación civil a los deudos de la masacre de Accomarca.

“¿Qué pasa con las indemnizaciones que ordenó el Poder Judicial? Aun, a pesar de los años, el Estado [como] tercero civil responsable no responde. Hay una ley que dice que para que te paguen debes tener más de 65 [años] o enfermedad terminal. Eso hace imposible lograr justicia”, comentó a este medio digital.

Al respecto, el abogado Carlos Rivera precisó a Convoca.pe que la Sala Penal Nacional declaró al Estado Peruano como tercero civil responsable, en el 2006. Sin embargo, cuando se dictó la sentencia, la Sala olvidó dar cuenta de la decisión y consignarla en la resolución final. “Lamentablemente la Corte Suprema, a pesar de que advertimos ese grave error, confirmo la sentencia y no dijo nada sobre la reparación civil”, explicó.

Finalmente, los pobladores de Accomarca otorgan el descanso eterno que durante casi 40 años se les negó a las víctimas de la masacre. Foto: Andina.

Así, en el 2019, la defensa de los deudos de Accomarca interpuso un recurso de subsanación ante la Sala Penal, que está en camino a la Corte Suprema de Justicia para que emita una sentencia ampliatoria en la que diga que el Estado es tercero civil responsable. “Esto es importante porque de alguna manera garantizará por lo menos el pago de un 50% de la reparación civil para los familiares”, señaló Rivera.

Reconciliación

Durante la emotiva ceremonia de entrega, el primer ministro, Aníbal Torres, recalcó que el fin supremo del Estado es defender la vida y la dignidad de cada uno de sus integrantes. “Nunca más deben ocurrir hechos como los que se produjeron en Accomarca, donde las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas fueron un medio para combatir el terror en nuestra patria. Nunca más el Estado debe enlutar a nuestras familias", señaló poco antes de que los ciudadanos de Accomarca pudieran abrazar por última vez el féretro de sus seres queridos.

Y aunque el dolor era notorio en sus rostros, también dejaban notar un ápice de tranquilidad, de la misma que no gozaron en estos casi 40 años de búsqueda, resaltó Carlos Rivera, el abogado de los deudos.

“Los familiares obviamente todos [están] muy conmovidos, con muchos sentimientos, porque este evento es eso, un hecho por el cual se ha esperado 37 años (…). Creo que a pesar de lo doloroso de las circunstancias mantienen un nivel de esperanza porque (…), por lo menos, han logrado tener un objetivo y éxito sumamente importante [con la entrega de restos]” consideró.

Y ejemplo de esta lucha es la ciudadana María Baldeón, quien perdió a su madre, tía y su hermano pequeño, durante la masacre. En estas casi cuatro décadas de lucha, solo esperaba cumplir el deseo de sepultar a sus seres queridos de la manera más humana posible.

"Después de 37 años acabo de ver sus cuerpos, sus huesos, de mi madre y mi hermanito, y su ropa que nos están dando para poder enterrarlos con dignidad", contó la mujer a los medios presentes en la ceremonia. Lamentó además que las Fuerzas Armadas los señalaran como “rebeldes al margen de la ley”. 

Una veintena de pequeños apenas empezaban a vivir cuando fueron fueron atacados por los agentes que debían protegerlos. Foto: Andina 

"Nunca lo fuimos [terroristas] y sin embargo mataron a nuestra familia como carniceros, como si fueran animales. Los mataron. Los quemaron", declaró Baldeón.

Lo cierto es que pese a que se mostraba conciliador, el ministro Aníbal Torres aprovechó parte de su discurso para entrar en temáticas políticas y sacar cara por la actual gestión del presidente Pedro Castillo, a quien señaló como un hombre de pueblo que tiene todas las intenciones de trabajar. 

“Nos han querido calificar algunos de que somos comunistas durante los meses que nos encontramos en el ejercicio del poder. Lo que estamos ejerciendo es la economía social de mercado, que está consagrada en nuestra Constitución. Si hay europeos [entre los presentes], saben muy bien lo que es la economía social de mercado, libertad e iniciativa privada, libertad de empresas, propiedad individual”, manifestó el primer ministro.

La masacre de Accomarca ocurrió el 14 de agosto de 1985. Un grupo de militares encerraron a las mujeres y niños, hombres, y ancianos, en tres casas distintas. Les dispararon, lanzaron granadas y prendieron fuego al lugar para carbonizar sus restos y desaparecerlos. La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) reportó que cerca de 70.000 personas fueron asesinadas por la sangrienta violencia terrorista y militar del país. 

Foto principal: Andina.