El 6 de agosto de 2019, en la sede de la Procuraduría Federal de Sao Paulo, los fiscales peruanos del Equipo Especial Lava Jato interrogaron a lo largo de 12 horas a Jorge Barata, exsuperintendente de Odebrecht en Perú, para que decodificara los ‘codinomes’ de los involucrados en los pagos relacionados al Gasoducto Sur Peruano y otras obras que aparecían en las planillas secretas de Odebrecht. La diligencia se realizó tras las revelaciones de la investigación transfronteriza ‘División de Sobornos'.
Hoy, Jorge Barata es una de las 22 personas acusadas por la fiscal Geovanna Mori del Equipo Especial Lava Jato por el caso Gasoducto, un megaproyecto de más de 7 mil millones de dólares de inversión. A Barata se le acusa por el delito de colusión y la Fiscalía solicita para él 9 años de prisión efectiva. De los 22 acusados, 6 serán procesados por los delitos de organización criminal y colusión agravada; 13, exclusivamente por el delito de colusión y 3 por el delito de lavado de activos.
Han transcurrido 6 años desde esa diligencia en Sao Paulo y esta historia de corrupción y lavado de activos ha dado un giro. Hoy Barata ha renunciado a sus beneficios y obligaciones de colaborador eficaz con la justicia peruana y la empresa Odebrecht ha llevado al Estado peruano a un arbitraje internacional por el caso Gasoducto en donde pide una reparación de unos 1200 millones de dólares por la suspensión de la obra.
Sin embargo, las evidencias de los pagos de las planillas secretas por el Gasoducto permanecen. La investigación periodística ‘División de Sobornos' reveló 47 transferencias de dinero vinculadas a doce proyectos de infraestructura y 29 'codinomes' para las que se usó un entramado de empresas offshore. En el caso del Gasoducto Sur Peruano se identificaron diez ‘codinomes’ que recibieron las 17 transferencias por más de 3 millones de dólares en 2014, entre el viernes 19 de septiembre y miércoles 12 de noviembre de 2014, poco más de tres meses luego del otorgamiento de la buena pro de la concesión al consorcio liderado por Odebrecht, e integrado por la empresa peruana Graña y Montero y la compañía española Enagás.
Enagás también ha sido denunciada por la Fiscalía peruana como persona jurídica así como su entonces representante legal David San Frutos Tomé. La única que no ha sido incluida en el proceso es Graña y Montero porque continúa con su proceso de colaboración eficaz con el Ministerio Público.
Etapas del proyecto y acusados
La demanda incluye a exfuncionarios y empresarios relacionados con el megaproyecto en distintos periodos, que van desde la presidencia de Alan García (2006-2011) hasta la de Ollanta Humala (2011-2016). Los hechos ilícitos fueron cometidos en relación a los proyectos Gasoducto Andino del Sur (etapa de ejecución) y Gasoducto Sur Peruano (etapa de adjudicación) durante el 2011 al 2015 en el periodo de Humala.
En la denuncia aparecen como acusados por los delitos de organización criminal y colusión agravada la exprimera dama, Nadine Heredia y el expresidente Ollanta Humala. Contra ellos, la Fiscalía solicita un total de 35 años de prisión.
Para el exministro de Economía, Luis Castilla, el Ministerio Público pide 29 años de cárcel, los mismos años que solicita contra José Humberto Merino Tafur, exministro de Energía y Minas.
Otros acusados son los exministros, Carlos Eduardo Paredes Rodríguez de Transportes y Comunicaciones contra quien se solicita 35 años, y Eleodoro Octavio Mayorga, de Energía y Minas con un requerimiento de 29 años de prisión.
En la acusación del Equipo Especial también aparecen 13 acusados por el delito de colusión entre exfuncionarios y empresarios. Entre ellos, Edgard Bartolo Ramírez quien durante el gobierno de Ollanta Humala fue designado como presidente del Comité Pro Seguridad Energética de Proinversión, y quien tenía la tarea de seleccionar a la empresa ganadora de la licitación del Gasoducto. Esto pese a que había hecho consultorías para Odebrecht.
En 2017, el fiscal Reynaldo Abia de la Fiscalía Anticorrupción acusó a Ramírez por colusión agravada y negociación incompatible en el caso Gasoducto. De acuerdo a la acusación de Abia, el comité que presidía Ramirez eliminó a la empresa competidora del consorcio integrado por Odebrecht, dejándoles el camino libre para ganar la licitación.
Otra de las acusadas es Maria del Rosario Raquel Patiño Marca de Alvarez. La abogada integró en el 2014 el comité Pro Seguridad Energética de Proinversión. Patiño participó en la licitación del Gasoducto.
En la lista de acusados también aparece Luis Renato Sanchez Torino, exjefe de Proyectos de Proinversión, señalado como uno de los declarantes de la fiscal Geovanna Mori quienes afirmaron que la exprimera dama, Nadine Heredia estuvo presente en las reuniones en Palacio de Gobierno donde se habló de la adjudicación del Gasoducto. Al igual que Sanchez, Guillermo Lecarnaque Molina, otro de los acusados por colusión, fue parte de los testigos de Mori. Lecarnaque fue presidente del Comité de Seguridad Energética de Proinversión.
También por colusión están acusados: Dicky Edwin Quintanilla Acosta, exviceministro de Energía (2012-2015) del gobierno de Ollanta Humala y Percy Olivas Lazo, quien fuera asesor legal de la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Energía y Minas (Minem). Además, los exfuncionarios del Minem, Omar Dueñas Cardenas y Erick Portuguez Echegaray. Este último fue designado en 2011 como director de la Dirección General de Hidrocarburos de dicho ministerio.
Como acusada por colusión aparece Elda Patricia Diaz Gazzolo, quien fue designada en 2015 como miembro del Directorio de PetroPeru; Alfredo Juan Carlos Dammert Lira, quien como experto técnico habría favorecido a la empresa Kuntur; Jesus Luis Saldaña Fernandez, exdirectivo de la empresa española Enagás y David San Frutos Tome, entonces representante legal de ducha compañía .
Cierra la lista, por el delito de colusión, el exsuperintendente de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata quien fue incluido en el proceso luego de perder sus beneficios como colaborador eficaz. Contra él, la fiscalía pide 9 años.
Convoca.pe se comunicó con Carlos Kauffman, abogado de Barata en Brasil, pero él nos derivó con César Nakasaki, defensor del exejecutivo de Odebrecht en el Perú y quien aún no responde.
El abogado brasileño, Marco Aurelio de Carvalho, quien hoy acompaña de cerca a Nadine Heredia que se encuentra con asilo político en Sao Paulo, señaló que esta acusación del Ministerio Público en el Perú “era algo esperado, no hay novedad” pero que desde su punto de vista “esto sólo confirma la persecución (contra la expareja presidencial Humala -Heredia). Es un absurdo", respondió a Convoca.pe.
El caso Enagás y los ‘codinomes’
La Fiscalía solicitó que se apliquen consecuencias accesorias a la persona jurídica de Enagás Internacional. Y en relación al delito de lavado de activos se acusa a: Emilio Brignardello Vela contra quien se pide 26 años de prisión, Manlio Alessi Remedi contra quien se pide 13 años y Constantino Galarza Zaldivar, contra quien se pide 10 años. Sobre ellos, la fiscalía solicitó que sean excluidos (el sobreseimiento) de investigación por los delitos de obstrucción a la justicia, asociación ilícita para delinquir y colusión.
Constantino Galarza Zaldivar fue vicepresidente regional del Callao y presidente de CGZ Ingeniería Corp. empresa que aparecía entre los 17 pagos de las planillas del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht vinculados al Gasoducto Sur Peruano con dos montos de dinero que suman 240 mil dólares, cómo reveló Convoca.pe.
Emilio Juan Brignardello Vela es un exgerente de una empresa de seguros quien está vinculado con la empresa offshore Chirag Grand Power la cual aparece en la planilla de pagos ilícitos de Odebrecht vinculada al proyecto Gasoducto Sur Peruano por el pago de 500 mil dólares.
Los nombres de Brignardello y Galarza, aparecieron revelados en la investigación transfronteriza División de Sobornos en la que participó Convoca y que luego fueron decodificados por Barata en agosto de 2019. Los respectivos codinomes de Brignardello y Galarza eran “French” y “Gaza”.