Aunque en 2023, el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (Reniec) detectó presuntas firmas falsas y trazos repetidos en la documentación presentada por diez movimientos regionales, hasta ahora no hay sanción alguna. Las reglas actuales permiten que organizaciones políticas avancen con sus inscripciones incluso cuando se evidencian irregularidades desde el inicio.
Un análisis de datos realizado por Convoca.pe, en base a los informes técnicos de Reniec, permite concluir que en la etapa de verificación semiautomática se identificaron 994 firmas inválidas con indicios de falsificación: 751 compatibles con firmas falsas y 243 con características gráficas que sugieren haber sido escritas por personas distintas a los titulares. Todos estos casos siguen impunes, casi todas las organizaciones involucradas están inscritas y tienen representación política.
En la etapa de verificación semiautomática, los verificadores con conocimiento en grafotécnica, establecen si existen similitudes o diferencias gráficas relevantes entre la firma que aparece en la ficha física de afiliación y la del Registro Único de Personas Naturales.
Las firmas observadas corresponden a dos momentos clave del proceso de inscripción de organizaciones políticas regionales: 931 de estas firmas fueron presentadas en las fichas de afiliación de ciudadanos, requisito para constituir una organización política regional. Otras 63 firmas fueron detectadas en libros de actas de constitución de comités provinciales o distritales, documentos que son necesarios para cumplir con la representación territorial exigida por la legislación electoral.
En ambos casos, los técnicos del Reniec advirtieron firmas con características gráficas incompatibles con las que figuran en el Registro Único de Personas Naturales, y en muchos casos, trazos repetidos que sugieren haber sido realizados por el mismo ciudadano.
Uno de los casos más notorios detectados en 2023 es el del movimiento Igualdad para Todos, de Huancavelica, que tiene como líder a Silvestre Soto Olarte, exalcalde del distrito de Yauli (2019-2022), quien ya había postulado antes con otros movimientos regionales.
Igualdad para todos presentó 4824 firmas, de las cuales solo 1838 pasaron la revisión. Las demás fueron observadas y 533 fueron declaradas expresamente como sospechosas de ser falsas.
Este movimiento encabezado por Silvestre Soto presentó 338 firmas sospechosas de falsificación en el primer lote y 195 en el segundo lote evaluado. No hubo sanción. No obstante, esta organización no logró su inscripción al no completar el número reglamentario de firmas.
Según el Jurado Nacional de Elecciones, Soto no está actualmente inscrito en ninguna organización política, pero en los últimos años pasó fugazmente por los partidos Somos Perú y Nuevo Perú por el Buen Vivir.
Hay otra categoría de irregularidades que no llega a ser calificada como “compatible con la falsificación”, pero que se trata de firmas que no coinciden con las de los ciudadanos titulares. Según Reniec, corresponden a un mismo "puño gráfico". En muchos casos, el trazo revela que alguien firmó por varios supuestos afiliados.
En Puno, el movimiento Acción Social por la Integración (ASI) entregó 19,700 firmas, de las cuales 2498 fueron invalidadas, 176 fueron identificadas como hechas por un mismo trazo y no coinciden con las firmas originales. Aun así, esa organización política logró su inscripción en marzo de 2024.
El rostro detrás de esta agrupación es Marcelino Tonconi Quispe, hermano del exgobernador regional de Tacna, Juan Tonconi, investigado por lavado de activos. La Fiscalía allanó sus viviendas en junio de este año por sospechas de haber adquirido propiedades con fondos de origen ilícito. Marcelino Tonconi es el precandidato a gobernador de Puno y ha recibido públicamente el apoyo de Juntos por el Perú, partido del congresista Roberto Sánchez.
En San Martín, el movimiento Unión Regional presentó 137 firmas para inscribir sus comités, 42 de ellas fueron calificadas como “compatibles con falsificación de firmas”. La organización está inscrita desde 2018. Tiene dos consejeros regionales y varias alcaldías en Moyobamba, Tocache, Bellavista y Picota.
En Piura, el movimiento Región para Todos presentó un lote de 114 firmas que incluían 25 registros inválidos, mientras que 19 firmas fueron detectadas como “compatibles con la falsificación”. Esta agrupación lleva más de una década en la arena electoral y tiene a Marlem Marcelino Mogollón Meca como alcalde de la provincia de Sullana, otros nueve alcaldes distritales en las provincias de Huancabamba, Morropón, Sullana y Piura, así como 2 consejeros regionales: Víctor Bernardo Sosa Gonzales y Rosa María Seminario Arca.
En diciembre 2020, uno de los alcaldes de Región para Todos, Darwin García Marchena, del distrito de Veintiséis de Octubre, fue suspendido en sus funciones y su cargo quedó vacante porque se dictó prisión preventiva en su contra por 18 meses por una investigación del presunto delito de colusión agravada en perjuicio de su propia municipalidad por la compra irregular de canastas básicas durante la pandemia.
En marzo de 2021, García Marchena pagó una caución de 100 mil soles y se le levantó la prisión preventiva, pero no pudo recuperar el cargo político ni ejercer ningún cargo municipal.
En Loreto, el movimiento Voluntad General Amazónica (VOGA) presentó 786 firmas. 170 fueron invalidadas. En 24 casos, el trazo fue el mismo pero era diferente al de sus titulares.
Sin sanción ni reforma
Pese a la gravedad de estas irregularidades, el vacío legal genera impunidad. Ni el Reniec ni el JNE cuentan con mecanismos sancionadores para frenar la presentación de firmas falsas.
En respuesta a reportaje, el Reniec señaló que los informes elaborados durante la etapa de verificación semiautomática no constituyen una prueba pericial. Aunque son firmados por peritos grafotécnicos, solo advierten “indicios” de que las firmas podrían provenir de una misma mano. Por ello, la institución remite sus hallazgos al JNE, que a su vez solo puede actuar a través de su Procuraduría.
Al respecto, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dijo a Convoca.pe que actualmente “no existe un marco normativo que permita imponer sanciones administrativas”. La única vía posible es el traslado de estos casos al Ministerio Público, donde las investigaciones penales están aún en trámite.
Entre finales de 2024 hasta la fecha, la Procuraduría del JNE ha presentado 162 denuncias ante el Ministerio Público por registros no válidos o firmas que provienen de un mismo "puño gráfico".
De los casos encontrados por Convoca.pe, el movimiento regional Igualdad para Todos de Huancavelica registra dos denuncias por falsificación de documentos en la sexta y octava Fiscalía Corporativa Penal de Cercado de Lima-Breña-Rímac-Jesús María. Solo uno tiene un expediente abierto en el presente año y el otro aún no se asigna.
Las organizaciones políticas Unión Regional (San Martín), Moral y Desarrollo (Puno), así como Voluntad General Amazónica (Loreto), que suman 92 firmas falsas, también tienen expedientes abiertos en 2025.
En tanto, los movimientos regionales Región para todos, de Tumbes, Qatary Huancavelica y Ama Sua, de Áncash, tienen denuncias presentadas ante la misma fiscalía pero los expedientes aún no se asignan.
Para conocer sus descargos, Convoca.pe envió preguntas a las organizaciones regionales 'Igualdad para Todos' y 'Acción Social por la Integración' que registran la mayor cantidad de firmas identificadas como sospechosas de falsificación. Enviamos las interrogantes a través de las redes sociales de sus líderes, así como de los números y correos de sus representantes que figuran en la plataforma del JNE. Hasta el cierre de edición no recibimos respuesta.
Congreso no debate proyecto para frenar firmas falsas
En respuesta a este vacío legal, el JNE presentó al Congreso el Proyecto de Ley 11077-2024-JNE, que propone suspender la inscripción de organizaciones políticas si se detectan firmas que provienen del mismo puño gráfico. Además, busca incorporar la responsabilidad penal de las organizaciones políticas en casos de falsificación de documentos como las firmas.
También plantea que se implemente la tecnología biométrica para fortalecer la verificación de firmas por parte del Reniec. Es decir, que además de verificar la firma pueda analizar las huellas de los ciudadanos que busquen inscribirse en las organizaciones políticas.
Al cierre de este reportaje, el Congreso aún no ha debatido el proyecto y desde mayo de este año se encuentra en la Comisión de Constitución y Reglamento que preside el fujimorista Fernando Rospigliosi.
Mientras no exista un mecanismo sancionador efectivo, el uso de firmas falsas podría continuar siendo una práctica sin castigo en la política peruana. Un síntoma más del débil control institucional que permite que quienes tienen sospechas de irregularidades en el punto de partida del proceso electoral, no solo queden impunes, sino que puedan terminar gobernando también en las regiones, provincias y distritos.