La muerte, supone un punto final en el proceso de la vida humana y afecta a los seres queridos, amigos y entorno cercano de quien fallece. El paso natural es la pena, la despedida final, el reconocimiento de sus actos y el entierro en el marco de las creencias de cada persona. Sin embargo, este proceso natural cobra otras dimensiones si quien fallece es un personaje público, y más si es político y lleva consigo una serie de sentencias por crímenes de lesa humanidad y casos de corrupción.
El fallecimiento de Alberto Fujimori ha desatado -una vez más- la polarización en los medios de comunicación y las redes sociales donde seguidores del exmandatario luchan constantemente con quienes pugnan por recordar los delitos y sentencias judiciales que pesan sobre la figura del líder histórico del fujimorismo.
“La sociedad peruana como otras varias sociedades en el mundo ha caído en un fenómeno en el cual se adoptan banderillas políticas sin que se pueda admitir ningún matiz a eso que uno suscribe, a eso que uno adopta. Entonces evidentemente vemos ahora a los simpatizantes del fujimorismo celebrando y homenajeando y tratando de convertir en un héroe Alberto Fujimori sin admitir ni una sola de las críticas ni uno solo de los cargos que pueden hacer en contra de su gobierno o de su persona y su legado”.
Así mira la realidad política y social de estos días en el Perú, Félix Reátegui, sociólogo y asesor del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (Idehpucp), al referirse al contrapunto de opiniones y ataques entre los sectores que, por un lado respaldan a Alberto Fujimori, y el que rechaza de plano los homenajes y las intenciones de olvidar el reclamo de las víctimas de las acciones del gobierno fujimorista.
Recientemente, el Idehpucp publicó un pronunciamiento en el cual rechaza la disposición del gobierno de Dina Boluarte de rendir homenajes y declarar tres días de duelo nacional por la muerte del líder del fujimorismo.
“La muerte de Alberto Fujimori, un penoso asunto familiar ante el que solamente cabría el silencio, ha sido convertida por el gobierno y por el Congreso en un golpe más contra la democracia y contra los derechos humanos al disponerse la rendición de honores de jefe de Estado y días de duelo nacional”, señala el pronunciamiento publicado en las redes sociales del Idehpucp .
Al respecto, Reátegui afirma que “estamos hablando de una persona que fue condenada por el mismo Estado peruano, por el sistema de justicia por graves violaciones de derechos humanos como homicidios calificados (...) y desde luego por delitos de corrupción que han sido, además, admitidos por el propio Alberto Fujimori (...) desde el punto de vista lógico es un absoluto contrasentido que el Estado peruano rinda homenaje a quien el mismo Estado ha encontrado culpable de gravísimos delitos”, señala en diálogo con Convoca.pe.
Para el sociólogo, desde el punto de vista político y moral, este tipo de homenajes impulsados desde el gobierno “es también un agravio a la víctimas de los crímenes cometidos por el gobierno Alberto Fujimori y es también una señal sumamente negativa que se da a la sociedad peruana”.
El vínculo político
Pocas horas después de conocerse la delicada situación de salud de Alberto Fujimori, la cuenta de X de la Presidencia de la República, publicó un tuit expresando preocupación y deseos de mejora para el líder del fujimorismo. Luego de conocerse la muerte del exmandatario, la cuenta de la presidencia expresó sus condolencias, mientras el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén anunciaba que se harían las coordinaciones con la familia para brindarle los honores correspondientes “por haber sido jefe de Estado”.
¿Es una reacción natural por la partida de un personaje público o hay algún interés o alianza tácita con la agrupación política que posee un número importante de congresistas? Félix Reátegui considera que hay dos cosas que confluyen en este tipo de actitudes del régimen Boluarte.
“Uno es que a estas alturas, ella (Dina Boluarte) está sometida a lo que diga el Congreso y depende del poder que tienen de destituirla o procesarla por los crímenes cometidos en su gobierno (...) hay una necesidad de dependencia y sobrevivencia y lo otro es que estamos ante un gobierno (basta ver los ministros nombrados) que tiene una convicción autoritaria y conservadora muy próxima al fujimorismo”, asegura.
El conflicto social y el papel de los medios de comunicación
Desde la muerte de Alan García, quien se suicidó antes de ser detenido de forma preliminar en el marco de las investigaciones del caso Metro de Lima, no se veía la polarización de sectores a favor y en contra del personaje fallecido. La mirada social, el debate público y la partición en bandos se convierte en un escenario que debe ser analizado.
“Hay una idea de no ceder un milímetro frente a un ‘enemigo’ que se ve como un enemigo ideológico. Entonces vemos por un lado un sector que no admite ni una sola grieta en la posición que toman frente al caso de Alberto Fujimori y del otro vemos a una parte de la sociedad, del mundo académico, de los colectivos de las víctimas que recuerdan (con justa razón) todos los crímenes y las faltas que cometió el gobierno de Alberto Fujimori”, precisa.
En medio de esta situación también está el papel de los medios de comunicación masiva quienes -asegura Reátegui- se han sumado a esta campaña de homenaje a Alberto Fujimori.
“Es una corriente en la cual se suman, por un lado evidentemente intereses o compromisos políticos y económicos, pero también creo yo un poco de decadencia de la formación de quienes se dedican a la profesión de la comunicación”, asegura.
Reátegui considera que los medios deberían abstenerse de “toda práctica negacionista de crímenes y delitos, no se pide que tomen una posición militante en contra, o de condenar a alguien que acaba de fallecer pero sí -al menos- se pide que informen verazmente”.
Consultado sobre la posibilidad de “voltear la página” o de cerrar un capítulo entre el fujimorismo y el antifujimorismo, el sociólogo y asesor de Idehpucp señala que no hay un horizonte cercano para reducir la polarización entre estos sectores.
“No hay señales [de cambio]. Basta ver lo que se aprobó en el congreso con la ley sobre delitos de lesa humanidad y más cuando aún hay agravios a las víctimas de estos delitos. Eso es un poco lo que quisimos plantear en el pronunciamiento”, finaliza.