Reider Rojas tenía una cita muy importante el último martes. Debía declarar ante la Fiscalía Especializada de Derechos Humanos de Ayacucho, que investiga el asesinato de su hijo Clemer Rojas García y de otras nueve personas, atribuido a agentes del Ejército Peruano el 15 de diciembre último, durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte en esa ciudad. Sin embargo, esta diligencia se postergó porque los casos serán trasladados a Lima para ser vistos por un Equipo Especial de fiscales que llevarán las investigaciones. "Para Lima, no vamos a poder viajar", dijo a Convoca.pe el padre del joven asesinado a los 22 años.

Al igual que Reider Rojas, otros familiares y abogados de las personas asesinadas o heridas en las movilizaciones rechazaron la creación del "Equipo especial de fiscales para casos con víctimas durante las protestas sociales", pues consideran que es un intento de la Fiscalía de la Nación para controlar, obstaculizar y retrasar las investigaciones a los agentes de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas, así como a las autoridades responsables de estas instituciones.

El anuncio fue hecho el último martes por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien aseguró que este grupo de magistrados investigará, a dedicación exclusiva, las presuntas violaciones de derechos humanos cometidas en protestas entre diciembre de 2022 y marzo de 2023. En dicho período, murieron 50 peruanos muertos por proyectiles de armas de fuego durante la represión de las fuerzas del orden y centenares resultaron heridos.

El compromiso de Benavides de que se haría justicia no convenció a las víctimas ni a sus abogados. Estos insisten en que el traslado de las carpetas fiscales a Lima desde Puno, Cusco, Arequipa, Apurímac, Ayacucho y Junín solo retrasará la búsqueda de justicia.

Otro ejemplo del retraso en las investigaciones se presenta en Puno, donde las indagaciones para identificar y sancionar a los responsables de los 19 asesinatos y más de 300 de heridos en esa región ya han estado a cargo de tres fiscalías distintas.

"Sería la cuarta vez que se cambia de fiscal y eso apunta a la búsqueda de impunidad. Primero, la Fiscalía de Crimen Organizado estaba llevando la investigación. Luego, a pedido de los familiares, la pasaron a una fiscalía [especializada] en lo penal. Después, se crea la Fiscalía de Derechos Humanos y, ahora, pasará a una cuarta Fiscalía en Lima", explicó Raúl Samillán, presidente de la Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de Enero de Juliaca-Puno. Él es hermano de Marco Antonio Samillán, interno de Medicina que murió baleado cuando auxiliaba a los heridos.

Familiares de asesinados en Puno rechazan que las investigaciones sean trasladadas a Lima. Foto: Red Muqui

La creación del Equipo Especial de fiscales fue oficializada con una resolución de la Fiscalía de la Nación, publicada el último 3 de abril en el diario El Peruano. La coordinadora de este grupo es la fiscal superior titular civil de La Libertad Marena Mendoza Sánchez y la acompañan los fiscales provinciales provisionales Segundo Conversión Núñez Rodríguez, Mary Marlene Rojas Jara y Mirela Coronel Molero. Sólo la última magistrada tiene experiencia en investigar violaciones a los derechos humanos. 

Aunque el anuncio de que este grupo de trabajo contará con la asistencia técnica y capacitación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el Perú es considerado positivo, tampoco ha convencido a las partes agraviadas que alegan que, al final, quien tomará las decisiones es la inexperta fiscal coordinadora Marena Mendoza.

El mismo día que la Fiscalía de la Nación formalizó la creación del Equipo Especial, la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) publicó un comunicado advirtiendo que el traslado de los casos a Lima sería un gran retroceso en la búsqueda de justicia para centenares de víctimas. Además, alertó que este cambio alejaría a las víctimas porque tendrían que viajar a Lima para seguir el proceso.

Al día siguiente, Patricia Benavides aseguró que las diligencias fiscales se realizarían en los lugares donde han ocurrido los hechos, mientras que la coordinadora de este nuevo equipo, Marena Mendoza, afirmó que “de ninguna manera las víctimas viajarán a Lima”.

En defensa del nuevo equipo de fiscales, la fiscal de la Nación destacó que buscan tener prontos resultados y, aunque no mencionó nombres, se refirió a los que cuestionan la formación de este grupo. “Son otros los que no quieren entender o quieren realmente el retroceso o la larga espera de justicia y tratan de frenar las acciones que sólo buscan mayor celeridad en las investigaciones. Pues justicia que tarda no es justicia”, agregó Benavides.

Fiscal de la Nación, Patricia Benavides (Al centro), y fiscal coordinadora del equipo especial, Marena Mendoza (Segunda a la izquierda). Foto: Ministerio Público.

Sin embargo, no es suficiente que los fiscales del Equipo Especial viajen para tomar las declaraciones de los familiares de las víctimas donde ocurrieron los hechos. 

“Si solamente fuese que un fiscal tiene que ir a tomar una declaración a Puno o Ayacucho, ese tema se resolvería rápidamente y quedaríamos satisfechos”, advirtió Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), que defiende a la familia de Rosalino Flores, joven de 22 años que murió tras más de dos meses de agonía porque un policía le disparó más de 30 perdigones durante las protestas en Cusco, como se evidencia en video.

Para Rivera, el efecto inmediato de la creación del Equipo Especial es que todas las carpetas fiscales de siete regiones van a pasar a la ciudad de Lima y que habrá limitaciones porque este grupo solo cuenta con tres fiscales provinciales, de los cuales sólo una tiene experiencia en Derechos Humanos, y con seis fiscales adjuntos.

Además, advierte que se están desconociendo los avances obtenidos en las investigaciones en Ayacucho, Junín y Andahuaylas y que, cuando la próxima semana lleguen los expedientes a Lima, los nuevos fiscales van a demorarse varios días en entender los hechos, los avances y el curso de la investigación, lo que provocará un retraso.

“Nos ha sorprendido la constitución de este equipo porque nos da la impresión de que es más un deseo que tiene como objetivo tener el control del conjunto de investigaciones”, opinó Rivera. El abogado recordó que, desde que ocurrieron los hechos, las decisiones de la Fiscalía de la Nación evidenciaron que su objetivo era “diluir las investigaciones, en vez de aglutinarlas”.

Un ejemplo de ello, recordó Rivera, fue que recién se creó en Puno, hace cuatro semanas, una Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, mientras que en Lima, la disposición de la Fiscalía de la Nación fue que la muerte de Víctor Santisteban, ocurrida el 28 de enero último en la capital por el impacto de una bomba lacrimógena en la cabeza, fuera derivada a una fiscalía común. “Durante el último mes, el trabajo que hemos tenido es hacer que todas esas investigaciones retornen a las fiscalías de Derechos Humanos y, de alguna manera, eso se había logrado”, añadió el abogado de Rosalino Flores.

Rivera destaca que, en la mayoría de investigaciones, no hay ningún imputado por los asesinados y heridos en las protestas. A esto se suma que no avanza la investigación a la presidenta Dina Boluarte y al premier Alberto Otárola, iniciada hace unos tres meses. “El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas le negó información a la Fiscalía argumentando que es secreta. El fiscal dijo que iban a solicitar judicialmente la documentación, pero no lo han hecho”, señaló.

“Dicen que los fiscales viajarán a la zona, pero qué posibilidades tienen los familiares que ya no podrán ir a la fiscalía y preguntar al fiscal qué se ha avanzado y que les den explicaciones de lo que se hizo o no se hizo. Tendrán que venir hasta Lima. Los fiscales van a ir, gastando en viáticos, pasajes, en lo que quieran gastar. Hace muy poco la Fiscal de la Nación dijo que no tenía dinero para nada; ahora tiene dinero”, declaró a este medio digital la abogada Gloria Cano, directora de Aprodeh.

A Cano le parece grave que la Fiscalía de la Nación esté alejando a los familiares y centralice todas las investigaciones. "Lo que se quiere es obstaculizar la investigación y tenerla bajo su control. Creo que quieren centralizar todo para archivarlo", opina. La abogada considera que la Fiscalía de la Nación ha evidenciado que su criterio "es no trabajar y dilatar", como ocurre con la investigación a la presidenta y sus ministros por las 50 muertes ocurridas durante las protestas sociales.

Para el abogado Julián Águila, asesor legal de la Asociación de Víctimas de los 10 asesinados en Andahuaylas, Apurímac, el traslado de las investigaciones a Lima es una forma de coactar el derecho al juez natural, de desviar el contexto, desde una zona distinta a donde se han producido los hechos, donde es más fácil tergiversar el contexto.

"Esto genera una incomodidad a los que asumimos la defensa porque no vamos a poder participar de manera directa en los hechos y en las investigaciones que se van a realizar desde Lima", advirtió a este medio Águila.  Recuerda que, en Apurímac, hay cuatro tipos de agraviados: parientes de los asesinados, heridos de bala, torturados y personas que sufrieron agresiones físicas con lesiones. Ellos van a necesitar abogados en Lima para hacer seguimiento a las investigaciones.

A diferencia de otras regiones, en Andahuaylas y Chincheros, ya hay imputados en las investigaciones, hay nombres de responsables mediatos, desde el jefe de la División Policial Apurímac, de la delegación de Andahuyalas y Chincheros y del destacamento policial que ha intervenido en las acciones de represión. Además, ya se ha culminado con la documentación que evidencia las causas de muerte. "Se están tomando las declaraciones de los acusados desde el 2 de marzo. Es complicado porque muchos no son de la zona. Vinieron del norte, del Vraem, destacados para estas acciones", agrega Águila.

"Rechazamos la decisión de la Fiscal de la Nación de derivar los casos de Ayacucho a la ciudad de Lima", también dice Ruth Bárcena Loayza, presidenta de Asociación de Familiares de Heridos y Asesinados del 15 de diciembre de 2022, en Ayacucho. Ella es esposa de Leonardo Hancco, de 32 años, uno de los 10 civiles que murió por disparos atribuidos a los agentes del Ejército.

Familiares de asesinados durante las protestas en Juliaca eclaman justicia, pues las investigaciones han pasado ya por tres fiscalías. Foto: Red Muqui

Al pedido de Ruth Bárcena se suma el de Leydi Quispe, vicepresidenta de la Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de Enero de Juliaca-Puno y hermana de Leonel Alejandro Quispe Valencia, herido gravemente por la Policía. "Así como mi hermano, que no puede movilizarse, hay bastantes heridos. Buscamos justicia y no queremos que la fiscal traslade las investigaciones a Lima. Que se queden en el lugar de los hechos", dice.

Bárcena, Quispe, Samillán y otros familiares y abogados de los asesinados y heridos se presentaron hoy en una conferencia de prensa organizada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos para expresar su rechazo al traslado de las investigaciones a la capital.

“No podemos permitirnos como sociedad vivir en la impunidad. Ningún hecho debe quedar sin ser esclarecido y ningún responsable debe quedar impune”, dijo a la prensa el último martes la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Los familiares y abogados de las personas asesinadas, torturadas y heridas no llegan a creerle.