En los últimos tres años, la minería ilegal ha crecido de manera descontrolada en Perú. Madre de Dios, Huánuco, Loreto, Amazonas y San Martín son las regiones más afectadas por esta actividad ilícita. En la más reciente edición de nuestro ciclo de conversatorios “Convoca al Diálogo” recogimos las voces de expertos en el tema que ensayan respuestas sobre las acciones del Estado peruano para combatir este ilícito.

Entre las zonas más golpeadas destacan el río Nanay, principal fuente de agua de la ciudad de Iquitos, en Loreto, donde este año se han detectado 210 dragas operando, y  La Pampa, en Madre de Dios, donde la minería ilegal ha resurgido y retomado actividades en áreas degradadas.

El exviceministro de Gestión Ambiental, Mariano Castro, definió a la minería ilegal como una “actividad destructiva" y a sus consecuencias como “situaciones de holocausto”. “La principal cuestión como Estado y sociedad es entender que se trata de un problema de una magnitud grande y grave, que afecta diversos aspectos de la vida y seguridad nacional. Si no se prioriza como corresponde, no se va a generar respuestas políticas, administrativas y todas las estrategias que se necesitan para enfrentar un problema de esta dimensión”, advirtió.

Castro señaló que no hay informes oficiales sobre esta situación, a pesar de que la minería ilegal afecta la salud, las actividades culturales, la calidad ambiental y los recursos hídricos de poblaciones importantes. Para encontrar soluciones, propuso un abordaje multisectorial, establecer mecanismos de trazabilidad y reenfocar los roles.

El biólogo Sidney Novoa, co-desarrollador de la iniciativa de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP) y especialista de Conservación Amazónica, calificó al año 2021 como un punto de quiebre para el repunte de esta actividad ilegal e identificó, por nivel de importancia, los territorios impactados críticamente: Puerto Inca (Huánuco), el río Cenepa (Amazonas), La Pampa (Madre de Dios) y el Río Nanay (Loreto).

“El río Cenepa concentra gran infraestructura dedicada a la minería ilegal. Se tiene registro, desde hace 10 o 15 años, de la presencia de dragas, pero en el 2023 se ha disparado la problemática. En Loreto, cerca de 11 ríos tienen actividad constante de minería. Y, entre el 2021 y el 2023, sólo en Madre de Dios se han perdido 25 mil hectáreas de bosque”, precisó el experto.

Novoa añadió que la minería ilegal también genera daños en los climas locales. "En Madre de Dios, hay superficies donde no hay cobertura vegetal. Las áreas donde se realiza la minería han perdido su capacidad de recuperación en el corto plazo. Eso genera una alteración fuerte en las condiciones microclimaticas. Este año se han alcanzado récords de temperaturas elevadas. Esto es un impacto desde la perspectiva ambiental", explicó.

Para el biólogo, es importante considerar los aprendizajes de operativos exitosos, tomar decisiones adecuadas y establecer bases en lugares estratégicos y mantenerlas, que haya presencia del Estado y se fortalezca, para detener los impactos de la minería.

Impunidad y retrocesos

El abogado especializado en Derecho Ambiental César Ipenza destacó que, desde el año 2012, el Código Penal incluye el delito de minería ilegal y también se puede investigar desde la modalidad de crimen organizado.

“La acción más emblemática en Trujillo contra organizaciones criminales perfectamente armadas para extraer minerales con complicidad de funcionarios regionales, con policías y distintos actores nos demuestra que no podemos atacar esta actividad con herramientas tradicionales”, explicó Ipenza, quien resaltó que hay muchas situaciones de impunidad y es preocupante que no haya muchas personas detenidas por este delito. 

Ipenza también resaltó la alarmante aprobación por insistencia del proyecto de ley del congresista Eduardo Salhuana (Alianza Para el Progreso), en la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República, que pretende evitar la destrucción de la maquinaria usada en la minería ilegal. Para el especialista, esto es difícil por la lejanía de estas infraestructuras, ya que movilizarlas demandaría una gran logística, y, si luego aparece el propietario, el fiscal podría afrontar largos y burocráticos procesos judiciales. 

Además, Ipenza advirtió sobre las indicaciones que está dando la sede central del Ministerio Público a los fiscales ambientales. “Está llamando a que no se realicen acciones en el territorio y, obviamente, los fiscales ambientales son de territorio y deben ejercer su labor desde el campo. No se puede ejercer desde una oficina. Esto, de alguna manera, es un retroceso en el sistema de justicia”, advirtió.