El 9 de enero, el mismo día en que la represión policial se descontroló en las protestas de Juliaca, dejando un saldo de 18 muertos y 36 heridos por arma de fuego, la Fiscal de la Nación Patricia Benavides, desde Lima, decidió partir en dos el sistema para investigar violaciones de Derechos Humanos en el Ministerio Público. Así, las Fiscalías Especializadas en Derechos Humanos e Interculturalidad y Delitos de Terrorismo, que contaba con 12 sedes, ahora solo tiene una fiscalía superior para casos de violación de Derechos Humanos en todo el territorio nacional y seis fiscalias supraprovinciales, con reducción de personal y recursos. 

La división se dio con el fin de crear más fiscalías especializadas en delitos de terrorismo, que se encargarían de investigar los actos de violencia y destrucción de propiedad privada durante las marchas. “Se concluye que ante el incremento de la incidencia delictiva en nuestro país, resulta necesaria la división de las fiscalías”, señala la resolución firmada por Benavides publicada en El Peruano. 

Captura de la Resolución de la Junta de Fiscales Supremos publicada en el Peruano el 9 de enero. 

Carlos Rivera, abogado especialista en derechos humanos del IDL, advierte que “se les está restando capacidad operativa a las fiscalías de Derechos Humanos".

"Y las de Terrorismo se han llevado media docena de fiscales”, agrega.

En Lima, por ejemplo, antes había tres fiscalías supraprovinciales para delitos relacionados a derechos humanos. Ahora hay dos. En Ayacucho se mantendrán las dos existentes, pero se les duplicó la carga procesal, pues se amplió su competencia territorial para ver casos en Huancavelica, ya que la sede de este último departamento desaparecerá. Las de Huánuco, Pichari y Cusco también desaparecerán.

Por otro lado, se crearán fiscalías de derechos humanos en Madre de Dios, Ucayali y La Libertad, pero con personal sin la debida especialización. Debido a que no hay recursos para asignar nuevos puestos laborales para estos nuevos funcionarios, “los despachos fiscales a crearse se van a conformar con fiscales provinciales provenientes de las Fiscalías Especializadas Contra la Criminalidad Organizada”.

“Las decisiones políticas tomadas por la Fiscal de la Nación parecen entorpecer la capacidad de investigación en derechos humanos. Rivera recalca la importancia de que, ante hechos graves como los suscitados en las últimas semanas, las investigaciones recaigan sobre fiscalías que no solo tengan el nombre de "derechos humanos", sino que también estén debidamente especializadas.

Los manifestantes también protestan contra las violaciones de derechos humanos. Lima, enero. Foto:Convoca.pe/Maria Alejandra Gonzales.

En su última visita al Perú, en enero pasado, el vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Stuardo Ralón también apuntó que "la Fiscalía de Derechos Humanos no tiene cobertura a nivel nacional". Además, manifestó su preocupación por que aún no existía –ni existe aún– una fiscalía con enfoque de derechos humanos en Juliaca, donde ocurrió la masacre policial que dejó 19 peruanos muertos en una sola jornada.

“Se requiere un esfuerzo extraordinario y es algo de lo que estaremos solicitando información. Y también verificando y denunciando para garantizar la independencia de las investigaciones", agregó entonces Ralón.

En Huánuco, donde desapareció una Fiscalía en Derechos Humanos, se instaló una Fiscalía Especializada en Delitos de Terrorismo. “De esta manera se vienen sumando fiscales en esta especialidad de terrorismo, que permitan realizar las investigaciones de los casos que se presenten en la región”, indica una nota de prensa del Ministerio Público.

Fiscalía Especializada en Delitos de Terrorismo de Huánuco cuenta con nueva fiscal adjunta provincial. Foto: Ministerio Público

De acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los Estados deben desplegar todos los recursos y esfuerzos para proteger los derechos de todas las personas que habitan en su territorio. Y también cumplir con las obligaciones internacionales contenidas en la Convención Americana de Derechos Humanos y otros tratados ratificados sobre torturas, desapariciones forzadas y muertes potencialmente ilícitas.
 

Justicia lenta y sin rumbo 

El Ministerio Público abrió 11 investigaciones fiscales en el contexto de las manifestaciones por las muertes de ciudadanos y 18 investigaciones por lesiones. Sin embargo, la abogada Valeria Reyes, del Instituto de Derechos Humanos de la PUCP (Idehpucp), sostiene que se vienen desarrollando con muy poca celeridad y en algunos casos sin rumbo para determinar los responsables de los hechos. 

“Uno esperaría que dada la gravedad de la situación haya una reacción más inmediata”, declara Reyes. Por ejemplo, en el caso de Victor Santisteban, muerto por el impacto de una bomba lacrimógena en la cabeza en la calle Abancay, del centro de Lima,  “hasta donde tengo conocimiento no hubo una solicitud inmediata de las grabaciones de los locales aledaños, a la zona donde esa persona perdió la vida”, señala la abogada del Idehpucp.

También hace énfasis en la reacción tardía en brindar garantías de protección a los peruanos que se encontraban en la Universidad Nacional de San Marcos el último 21 de enero durante el allanamiento e intervención de sus instalaciones. “[Un] hecho que fue duramente criticado por distintos órganos de protección de derechos humanos por no haber la presencia fiscal y que se impidiera también la defensa legal por parte de muchos y muchas abogados y abogadas que de manera voluntaria quisieron sumarse a apoyar a los estudiantes y otras personas detenidas”, menciona Reyes. 

"Cuando hablamos de violaciones a los derechos humanos, las investigaciones deben darse con la mayor diligencia posible y no pueden estar condicionadas a que una persona denuncie. Tienen que iniciarse de manera autónoma y avanzar de manera pronta", enfatiza.

Reyes también explica que el objetivo de las investigaciones debe ser alcanzar la justicia, esclarecer la verdad y atribuir responsabilidades. Con fiscalías que colapsan, sin recursos y con reducción de personal, "probablemente vayan a darle prioridad solo a algunos casos, donde pueden tener más información o más interés, y también dependiendo de la especialidad del fiscal", añade.

Convoca.pe solicitó una explicación al Ministerio Público, pero al cierre de este informe no se recibió respuesta.