Los representantes de las comunidades indígenas de los ríos Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañon, ubicadas en la región Loreto, ratificaron hoy sus exigencias para enfrentar impactos contra la salud de decenas de miles de pobladores por la contaminación causada debido a más de 40 años de actividad petrolera en esa área amazónica.

En conferencia de prensa, los apus (líderes) de los mencionados pueblos indígenas demandaron el cambio integral del sistema de tuberías, incluyendo del Oleoducto Norperuano —operado por la estatal Petroperú—, así como mejores normas de fiscalización que garanticen su mantenimiento.

Asimismo, exigieron que el Estado, a través de sus órganos nacionales y regionales, elabore e implemente planes o programas para garantizar una atención especial para los ciudadanos expuestos y contaminados por metales pesados asociados a las actividades de extracción petrolera. Indicaron que en la elaboración de estas medidas debe incluirse la participación indígena. 

Comunidades indígenas exigen al Estado intervención inmediata que garanticen atención de salud y remediación ambiental en territorios y ríos afectados por la contaminación con metales pesados. Foto: Barbara Fraser.

Para los dirigentes nativos, estas demandas son de vital necesidad debido a que los habitantes de las cuatro cuencas, así como el agua y los peces que consumen, están expuestos y contaminados por metales pesados como el plomo, arsénico, bario, cadmio y mercurio, según el informe preliminar del estudio toxicológico - epidemiológico para medir los niveles y factores de riesgo de exposición a metales pesados e hidrocarburos.
En aquel documento del Ministerio de Salud (Minsa), emitido en agosto último, se registra que el 10% de la población adulta de las cuatro cuencas presenta niveles de plomo por encima de lo recomendado por el Minsa, mientras que el 28% tiene niveles de arsénico, que superan las mismas recomendaciones. Algo similar sucede con el bario, cadmio y mercurio.

Esta situación es más grave en el caso de los niños, pues se detectó mayor contaminación que en la población adulta llegando al 22%  los rastros de plomo en la sangre (en menores de 12 años), de 46% por arsénico, 16% por bario y 26% por mercurio. 

Los menores de 12 años de las cuatro cuencas son los más afectados por la contaminación con metales pesados. Imagen: Informe preliminar del estudio del Minsa.

En agua y alimentos

Sin embargo, estos altos niveles de contaminación no solo se encuentran en la sangre de los pobladores indígenas de las cuencas de los ríos Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón, sino también en los suelos —para la agricultura— y el agua de sus viviendas, incluso en los peces que son parte de su dieta cotidiana como la carachama y el sábalo.

Ermilda Tapuy, madre indígena de la comunidad Doce de Octubre, del río Tigre, alertó que a causa de la contaminación por metales pesados los niños de su pueblo tienen constantes dolores estomacales y de cabeza, lo que les impide un buen desarrollo físico adecuado para su salud y su capacidad intelectual. “Ellos también quieren ser profesionales y la contaminación los limita”, aseveró.

De acuerdo con informes científicos, la exposición no controlada al petróleo y metales pesados puede causar enfermedades a la piel, como dermatitis; daños al sistema nervioso, como la disfunción motriz y la disminución de habilidades, tanto sensoriales como motoras, afecciones a la salud mental; daños al sistema digestivo, así como provocar abortos espontáneos, entre otros males.

Peces de consumo cotidiano por las comunidades indígenas presentan altos niveles de contaminación por metales pesado. Imagen: Informe preliminar del estudio del Minsa.

Exigen celeridad judicial

En la conferencia de prensa también participaron los representantes de los pueblos awajún de Chiriaco (Bagua, Amazonas), que en enero de 2016 fueron afectados por el derrame de 3 mil barriles de petróleo por la falta de mantenimiento del Oleoducto Norperuano, situación que afectó a 45 comunidades de la zona. Ellos exigieron celeridad a la Corte Superior de Justicia de Amazonas ante una demanda de amparo presentada contra el Estado, mediante la cual exigieron medidas de remediación y planes de salud por el derrame petrolero.

Como se recuerda, Petroperú lejos de implementar medidas de contingencia para contrarrestar el daño referido, optó por contratar a niños y adultos para realizar las tareas de limpieza del petróleo sin brindarles los equipos de protección adecuados. Además, un mes después, en febrero de 2016, las lluvias hicieron que el crudo derramado se rebalsara y llegue hasta el río Chiriaco, que a su vez está conectado con el río Marañón.

En enero y febrero de 2016 ocurrió el derrame de aproximadamente 3 mil barriles de petróleo del Oleoducto Norperuano. Foto: Barbara Fraser.

A causa de este derrame, un grupo de dirigentes de las comunidades de Nazareth, Wachapea, Nuevo Progreso, Pakun, entre otros, con el apoyo del Instituto de Defensa Legal, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica, presentaron una demanda de amparo contra el Estado ante el Juzgado Civil de Bagua para que se remedie la afectación a sus derechos a la salud y exigir la implementación de un plan que compruebe las afectaciones por los derrames de petróleo. Esta demanda fue admitida en noviembre de 2017, es decir hace más de un añor, pero hasta la fecha no se emite el fallo. 

Los apus de las comunidades de las cuatro cuencas de Loreto, así como los representantes de las comunidades awajún de Chiriaco, se reunirán mañana con la viceministra de Salud Pública, Claudia Ugarte Taboada, cita a la cual llevarán sus demandas para una urgente atención a estas poblaciones.

Foto de portada: Luis Enrique Pérez.