El 30 de noviembre empieza el nuevo juicio oral contra miembros del Ejército por el asesinato del líder sindical Pedro Huilca Tecse, y uno de los procesados es el general (r) Juan Rivero Lazo, condenado como autor mediato por los crímenes de Destacamento Colina, en su calidad de jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército. El senador fujimorista Fernando Rospigliosi ha señalado que existe una persecución contra el oficial, sin embargo, documentos militares con su firman demuestran que su papel en la creación del grupo que ejecutó medio centenar de personas entre 1991 y 1992.

 

Una serie de documentos firmados por el general (r) Juan Rivero Lazo en 1991 confirman el papel clave que tuvo para la creación del Destacamento militar Colina. Convoca accedió a oficios suscritos por él, como jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINTE), en los que ordena el traslado de personal, la entrega de equipos y material para la creación de dicho grupo de aniquilamiento. Es uno de los procesados en el nuevo juicio que inicia el 3o de noviembre por el crimen del secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) Pedro Huilca.

El senador de Fuerza Popular Fernando Rospigliosi, que ha impulsado normas de impunidad, califica el proceso como una “cacería judicial”. Cuando la Corte Suprema ordenó un nuevo juicio por el asesinato del dirigente sindical, cometido en diciembre de 1992, el legislador fujimorista salió en su cuenta de X a defender a Rivero Lazo, asegurando que la “mafia caviar” que controla el sistema judicial quiere “perseguir a los militares hasta la muerte”.

Pedro Huilca

Pedro Huilca Tecse, fue asesinado el 18 de diciembre de 1992. Más de 30 años después, inicia el nuevo juicio oral contra los miembros del Destacamento milita Colina. 

Rivero Lazo fue condenado a 25 años de prisión como autor mediato por las ejecuciones de 15 personas en un solar de Barrios Altos el 3 de noviembre de 1991, entre ellas un niño de 8 años, y el secuestro y posterior asesinato de un profesor y nueve estudiantes de la Universidad La Cantuta, el 18 de julio de 1992. Ambos crímenes fueron cometidos por militares en actividad que integraban el grupo Colina.

Salió en libertad a fines de diciembre de 2024 porque el Tribunal Constitucional modificó el cómputo de su pena para que se le considere desde el 16 de diciembre de 1993, cuando estuvo recluido durante un proceso en el fuero militar. Sin embargo, rechazó el pedido para archivar los procesos judiciales en su contra, lo que legalmente significa que la condenas que dictó el Poder Judicial, están vigentes. En otras palabras, no fue absuelto.

 

Testimonios y documentos

Durante el proceso contra Alberto Fujimori por el Grupo Colina, varios integrantes de este destacamento, entre los que figuran los agentes Julio Chuqui Aguirre y Clemente Alayo, señalaron que el 23 de agosto de 1991 se gestó el grupo Colina y que tuvieron una reunión en el galpón de mantenimiento del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE). Esa fecha coincide con oficios suscritos por Rivero Lazo.

Como director de la DINTE, el general suscribió memorándums a diferentes instancias del Ejército ordenando el traslado de agentes para conformar el nuevo destacamento militar. Precisamente, el 22 de agosto de 1991 envió un oficio al director del Frente Interno solicitando la concurrencia del agente Juan Pampa Quilla al galpón de mantenimiento y ponerse a disposición del teniente coronel Fernando Rodríguez Zabalbeascoa. Sin embargo, el jefe operativo era el mayor Santiago Martín Rivas. 

El mismo día envió un documento al jefe del SIE ordenando el traslado de nueve agentes de inteligencia, disponiendo que se presenten al galpón que mencionaron los agentes en el juicio a Fujimori. Además, ordenó que les entreguen 12 pistolas con cacerinas, 2 mil cartuchos, 20 granadas, así como visores nocturnos, cámaras fotográficas, teleobjetivos, marrocas, entre otros equipos.

 

Memorandum 22 agosto 1991
Documento suscrito por el general Juan Rivero Lazo el 22 de agosto de 1991, un día antes de la creación del Destacamento militar Colina. Todos los agentes de esta lista fueron condenados por los crímenes que cometieron.

 

En otro oficio del mismo general, con fecha del 4 de setiembre de 1991, también dirigido al jefe del SIE, ordena el traslado de otros 14 agentes llamándolos "personal auxiliar de inteligencia", entre los que figuran Chuqui Aguirre y Mariela Barreto, quien fue pareja de Martín Rivas. En el documento también se precisa que estarán bajo las órdenes de Rodríguez Zabalbeascoa.

También figuraba el suboficial José Tena Jacinto, quien durante el proceso a Alberto Fujimori, declaró que le ordenaron infiltrarse en el campus de La Cantuta. Refirió que el mayor Martin Rivas le pidió una lista con nombres de presuntos subversivos que habrían participado en el atentado de Tarata, el 16 de julio de 1992. En base a su información, dos días después ingresaron a secuestrar a los estudiantes y el profesor, quienes fueron luego ejecutados. 

Oficio donde está Mariela Barreto
Lista suscrita por Rivero Lazo en la que figura el suboficial José Tena, quien declaró haber confeccionado una lista que sirvió como base para secuestrar a los nueve estudiantes y el profesor de La Cantuta asesinados por Colina.

 

Documentación incautada del archivo del SIE 

Estos oficios forman parte de los 37 documentos secretos incautados el 10 y 12 de abril de 2002 en una diligencia judicial en el archivo del SIE, ubicado en el Cuartel General del Ejército, conocido como el Pentagonito, ubicado en San Borja, como parte de la investigación sobre los crímenes del grupo Colina.

Durante la inspección participaron el fiscal provincial Richard Saavedra Luján y la jueza anticorrupción Luz Victoria Sánchez. Hallaron oficios, firmas y sellos originales que demostraron que el se trató del Destacamento Colina y que no era un grupo paramilitar independiente, sino que formaba parte del Ejército Peruano y dependía de la DINTE).  

Esta intervención rompió con años de hermetismo militar, ya que hasta ese momento el Ejército había negado sistemáticamente la existencia de registros oficiales del grupo Colina.

Uno de los documentos que prueba que se trataba de una unidad oficial del Ejército es el oficial enviado por Martin Rivas en julio de 1992 donde claramente informa sobre el cese del destaque del agente Hugo Coral Goycochea al "Desto Colina".

Martin Rivas sobre Desto Colina
Documento suscrito por Santiago Martin Rivas, jefe operativo del Grupo Colina, donde se confirma que fue un destacamento oficial del Ejército.

 

Por su parte, Rivero Lazo ha negado siempre su responsabilidad. Durante sus careos e intervenciones en el juicio oral del año 2008, puso en duda que se trate de su firma, y sostuvo que si lo fuera, no sabía que los documentos aludieran explícitamente al "Destacamento Colina". Aseguró que las acusaciones de los suboficiales buscaban armar una cadena de mando artificial para incriminar a la alta dirigencia militar bajo la teoría de la autoría mediata.

Gloria cano, abogada de las víctimas de La Cantuta, señaló que no tiene fundamento la campaña del senador Rospigliosi para negar la responsabilidad del exjefe de la DINTE entre otros oficiales que formaron parte de la estructura del grupo Colina, pues existe documentación oficial del Ejército que lo confirma.

Familiares de víctimas de Cantuta y Barrios Altos
Familiares de víctimas de la década de 1990, entre ellos cometidos por el Grupo Colina en Barrios Altos y La Cantuta, junto a su abogada, Gloria Cano.

 

"Se han empecinado en una campaña contra los jueces y contra quienes representamos a las víctimas, pero allí están parte de las pruebas. Rivero Lazo conocía de la existencia del Destacamento Colina, les destino un lugar para reunirse, centros de entrenamiento, revisó y aprobó la evaluación de sus acciones. Él sabe perfectamente lo que hizo, sabe perfectamente que es responsable de los crímenes por el cual se le condenó", afirmó Cano.

 

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