El escenario electoral está mostrando otro cambio de fondo: la pérdida de presencia de los movimientos regionales y el traslado de buena parte de sus cuadros hacia los partidos nacionales. Bigio recuerda que años atrás se intentó promover una ley para sacar a los movimientos regionales del escenario electoral, aunque la iniciativa finalmente no prosperó. Aun así, el proceso de reducción de estas organizaciones se ha producido progresivamente.

Actualmente, solo alrededor de 22 movimientos mantienen presencia en 15 regiones, frente a los cerca de 100 que existían anteriormente. Durante meses se advirtió sobre la posible desaparición de estas organizaciones y muchos de sus dirigentes terminaron incorporándose a partidos nacionales. Los requisitos vinculados a la participación electoral son también parte de las condiciones que han complicado su permanencia, explicó Biggio.

Esta transformación está modificando la manera en que se organiza la competencia política en las regiones. Pilar Biggio explicó que antes se disputaba principalmente a través de movimientos regionales ahora empieza a concentrarse en organizaciones nacionales, que deberán demostrar si realmente tienen capacidad para construir estructuras territoriales más allá de las campañas presidenciales y congresales.

En este nuevo escenario también será necesario mirar a los consejos regionales. Bigio considera que los consejeros han adquirido una mayor importancia y que, en la práctica, pueden ser observados como una especie de “congreso regional”. Tienen participación en decisiones presupuestales y atribuciones relevantes, entre ellas intervenir en procesos de vacancia de los gobernadores regionales.

Por eso, señala, no basta con observar quién gana una gobernación. También será necesario seguir qué hacen los consejeros regionales, qué decisiones toman y cómo utilizan las atribuciones que les otorga la ley. La campaña, además, todavía no habría llegado a su punto más intenso. La disputa se calentará especialmente durante las dos semanas previas a las elecciones, cuando las candidaturas busquen consolidar sus posiciones y captar a los electores que todavía no han definido su voto.

Defensores ambientales: una protección que todavía no funciona

Mientras el mapa político regional se transforma, otro problema continúa creciendo en los territorios: las amenazas contra personas defensoras ambientales e indígenas. 

Según Richard O’Diana, del CAAAP, el tema “ha ganado mayor presencia tanto en los medios de comunicación como en la sociedad y existen avances en el registro de los casos” . AIDESEP cuenta con información sobre defensores asesinados y el Ministerio de Justicia registra casos de personas defensoras amenazadas. Las organizaciones indígenas también han colocado el problema en espacios nacionales e internacionales, donde la situación de los defensores asesinados forma parte de las declaraciones políticas.

Sin embargo, el registro de los casos todavía no significa que exista una respuesta efectiva. El principal problema está en la aplicación de las medidas de protección. “Existe un mecanismo para proteger a las personas defensoras, pero faltan lineamientos claros que permitan determinar cómo deben actuar las instituciones encargadas de ejecutarlo”, comentó a Convoca. Esta situación termina generando inacción, particularmente en el Ministerio del Interior.

El caso de la lideresa indígena Olivia Bisa vuelve a plantear esa pregunta: después de que una persona defensora presenta una denuncia por amenazas, ¿qué ocurre? El Ministerio del Interior debe aplicar las medidas de protección, pero si no existen lineamientos suficientemente claros, la respuesta estatal puede quedar paralizada.

El problema tampoco termina en la persona amenazada. Muchos líderes indígenas están dispuestos a permanecer en sus territorios aun frente al riesgo porque la defensa territorial forma parte de su propia existencia. Para un líder indígena, explica O’Diana, el territorio es lo más importante; sacarlo de allí puede ser entendido prácticamente como matarlo. Pero detrás de cada defensor también existe una familia: hijos, parejas y comunidades que quedan expuestos cuando una persona es amenazada.
Ahí existe otro vacío de protección. ¿Qué ocurre con los hijos de quienes defienden sus territorios? ¿Qué medidas existen para proteger a sus familias? Estas preguntas todavía no tienen una respuesta suficientemente clara dentro del sistema estatal, plantea O’Diana.
Así, mientras las elecciones de 2026 empiezan a redefinir el mapa político de las regiones, también persiste una disputa menos visible pero fundamental: la que libran quienes defienden sus territorios frente a amenazas y actividades ilegales. En ambos casos aparece un mismo desafío para el Estado: contar con instituciones capaces de responder a las nuevas formas de poder y conflicto que se están consolidando fuera de Lima.