Por Convoca | 9 de abril de 2021
Seis candidatos que buscan ser congresistas por Lima están investigados en el Ministerio Público por presuntamente haber cometido delitos en agravio del Estado, de acuerdo con información de la Fiscalía de la Nación a la cual tuvo acceso Convoca.pe.
En los mismos registros oficiales, correspondientes a registros oficiales de distritos fiscales de la capital, figuran tres aspirantes al Parlamento por Lima Provincias y las regiones Callao y La Libertad que fueron incluidos en pesquisas por supuestos ilícitos penales de la misma índole.
Este medio digital pudo conocer que son postulantes de los partidos Avanza País, Alianza para el Progreso, Frente Amplio, Perú Patria Segura, Renacimiento Unido Nacional y Acción Popular.
Principales investigados
Eugenio D’Medina Lora postula al Congreso por Lima en Avanza País, que tiene como candidato presidencial a Hernando de Soto. No es la primera vez que aspira a ser parlamentario, pues en las elecciones extraordinarias del 2020, intentó sin éxito llegar a ese cargo con Solidaridad Nacional, ahora Renovación Nacional. Según el Ministerio Público, D’Medina aparece como imputado en agravio del Jurado Nacional de Elecciones debido a que no reportó un vehículo de su propiedad en su declaración jurada, razón por la cual fue excluido de la contienda electoral en aquella oportunidad.
El candidato D’Medina registró que es profesor en diversas universidades, no obstante, en una de ellas no aparece su nombre como docente, en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, donde indicó que enseña en la “escuela de postgrado”.
El aspirante a una curul por Lima antes de ser militante de Avanza País, estuvo afiliado al Partido Político Adelante entre el 2005 y 2007.
En tanto, Óscar Benavides Majino es otro postulante por Lima que tiene un investigación en la Fiscalía. Fue cuatro veces alcalde del distrito de Ate, en Lima Este, y tiene una investigación por el delito de “abuso de autoridad - omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales”, pesquisa que se inició en octubre del 2019.
Benavides tiene un pasado político que se remonta hasta el 2003, cuando empezó su militancia en Somos Perú, partido en el que llegó a ocupar la vicepresidencia. En 2014, cambió de camiseta política y se puso la de Solidaridad Nacional, bajo el liderazgo de Luis Castañeda Lossio, exburgomaestre de Lima. En setiembre del 2020, el exalcalde de Ate se incorporó a la organización política de César Acuña, Alianza Para el Progreso, partido con el que aspira llegar al Congreso este domingo 11.
El candidato Benavides figura como imputado en la investigación del Ministerio Público junto a Juan Núñez Lombardi, procurador de la Municipalidad de Ate. Cabe anotar que ha sido un aportante de peso en diferentes campañas electorales. De acuerdo con la ONPE, Óscar Benavides contribuyó con más de S/ 104 mil a varios partidos políticos.
Por su parte, Flor Hurtado Valdez (Perú Patria Segura) es otra candidata por la capital que tiene una investigación en agravio del Estado. Según la Segunda Fiscalía Provincial de San Juan de Lurigancho, Hurtado tiene una denuncia en su contra pendiente por falsificación de documentos, que empezó en 2020.
La candidata Hurtado fue regidora provincial de la Municipalidad Provincial de Maynas, Loreto, entre el 2003 y 2006. Además, es una de las candidatas con más cambios de militancia partidaria, pues en 2020 pasó por Alianza Para el Progreso, Podemos Perú, Democracia Directa, Cambio Radical y Siempre Unidos.
Flor Hurtado, es pareja del actual alcalde de San Juan de Lurigancho, Álex Gonzáles, quien fue postulante al Congreso por Fuerza Popular años atrás. En aquel entonces, la actual candidata del partido que tiene como candidato presidencial a Rafael Santos, aportó S/ 64 mil en especies.
Asimismo, la candidata Rina Huacre Meza (Renacimiento Unido Nacional) tiene la condición de imputada por el delito de “perturbación del normal funcionamiento de servicios públicos. Disturbios atentar contra la integridad física de las personas o mediante violencia causa grave daño”. La pesquisa sobre su caso fue derivada a la Policía Nacional.
La denuncia fue presentada en noviembre del 2019, durante el paro de transportistas informales (colectiveros) que afectó la capital y tuvo como resultado más de 100 detenidos. Cabe precisar que de acuerdo con la hoja de vida de la candidata, ha sido chofer desde 2009 al 2020 y no ha tenido otro tipo de ocupación.
En el caso de Rogelio Portocarrero Ruiz (Acción Popular) fue alcalde del centro poblado de Santa Maria de Huachipa en tres ocasiones, la más reciente en las elecciones del 2018. El año pasado renunció a su cargo para postular al Parlamento. El candidato tiene una investigación en el Ministerio Público por el delito de “piratería, usurpación de funciones, desobediencia a la autoridad, abuso de autoridad, corrupción de funcionarios” en agravio del Estado y Empresas Transportes Cinco Continentes S.A., de acuerdo con el documento judicial.
Ruiz militó en Solidaridad Nacional (ahora Renovación Popular) desde el 2006, partido al cual aportó S/ 150 en las elecciones generales de ese año. Ese vínculo se terminó en 2010. Y en octubre del 2019, ingresó a formar parte de Acción Popular.
Finalmente, la candidata Robertina Mendoza Berrocal (Frente Amplio) tiene una investigación en la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaycán por el delito de violación de medidas sanitarias en agravio de la Municipalidad de Ate. Esta investigación fue ingresada al Ministerio Público a mediados del 2020, en pleno estado de emergencia por la pandemia del COVID-19.
Postulantes de otras regiones
En los documentos a los que tuvo acceso Convoca.pe, se pudo identificar a otros tres candidatos al Parlamento que también tienen investigaciones por el delito de agravio del Estado. Ellos son Adán Becerra (Juntos por el Perú), que postula por Lima Provincias; Johana Vilcahuamán (Podemos Perú), quien desea representar a La Libertad; y Dacia Escalante León (Partido Nacionalista), quien aspira a una curul en representanción del Callao.
En el caso de la candidata de Podemos Perú, esta tiene una investigación por atentar contra reliquias arqueológicas, la denuncia que tiene a Johana Vilcahuamán, en la que está como imputada, fue ingresada por la Fiscalía Provincial de Chosica en octubre del 2019. Mientras que Dacia Escalante tiene una denuncia por abuso de autoridad en agravio del Estado. El caso de Adán Becerra, aún no está tipificado, pero de acuerdo con la documentación del Ministerio Público, los agraviados son el Estado y el Jurado Nacional de Elecciones.