La Contraloría denunció ante el Ministerio Público a 32 ex funcionarios implicados en las irregularidades relacionadas a la construcción del Tramo 4 de la carretera Interoceánica Sur —adjudicado a las brasileñas Camargo Correa, Queiroz Galvao y Andrade Gutierrez—, de los cuales 29 de ex servidores públicos formaron parte del segundo gobierno de Alan García, entre ellos dos altos funcionarios de la gestión aprista.
Según la demanda a la que tuvo acceso Convoca.pe, el órgano de control halló indicios para que la Fiscalía Anticorrupción investigue a los ex viceministros de Transportes José Gonzales Quijano (2009) y Ricardo Marangunich Rachumi (2010 - 2011). Ambos integraron el equipo del entonces titular del ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Enrique Cornejo. Los actos indebidos en la mencionada obra generaron un perjuicio económico al Estado por 37 millones 446 mil 143 dólares.
El pasado lunes seis de agosto, el procurador de la Contraloría, Eugenio Rivera, los denunció basado en el Informe de Auditoría N° 601-2018-CG-APP- AC, en el que se concluye que los ex viceministros Gonzales y Marangunich incurrieron en infracciones y actos de corrupción durante sus respectivas gestiones en el MTC.
Las tres últimas adendas de la concesión del proyecto, otorgado en agosto de 2005 al consorcio Intersur (Camargo Correa, Queiroz Galvao y Andrade Gutierrez), cuyos integrantes están investigados por el caso Lava Jato, significó una perdida para el país de 26 millones 857 mil 452 dólares, las cuales fueron aprobadas en mayo y agosto de 2009, y en marzo de 2011, es decir cuando Enrique Cornejo estaba al frente del citado ministerio.
Cornejo, quien actualmente postula a la alcaldía de Lima con el partido Democracia Directa, es investigado por el Equipo Especial del Ministerio Público, encabezado por el fiscal Rafael Vela, por la presunta recepción de sobornos pagados por la firma brasileña Odebrecht por la adjudicación de los tramos 1 y 2 de la Línea 1 del Metro de Lima.
Las adendas
En el caso del exviceministro Gonzales Quijano, la Contraloría indica que éste suscribió la adenda N° 5 del Tramo 4 de la vía Interoceánica Sur, en mayo de 2009, que disponía aplicar el 35,5% de gastos generales, pese a que contravenía con lo previsto en el contrato de concesión que establece que las modificaciones al mismo deben contar con el sustento técnico y económico financiero.
Tres meses después ocurrió algo similar cuando el referido ex funcionario firmó la adenda N° 6, a través de la cual se dispuso que las valorizaciones del periodo final sean reconocidas al concesionario con un 35.5% de gastos generales. Sin embargo, "dicha disposición no tenía una estructura de gastos fijos y variables que respalden técnica y económicamente su fijación en dicho porcentaje".
De esta manera, señala el informe de la Contraloría, José Gonzales "contravino" con lo previsto en el Reglamento de Organizaciones y Funciones del MTC, que establece que "el viceministro de Transportes le corresponde conducir, ejecutar y supervisar, por encargo y coordinación con el ministro (Cornejo), la aplicación de las políticas sub sectoriales y la dirección de las actividades del ministerio".
Mientras que Ricardo Marangunich no solo recomendó suscribir la adenda N° 6, sino que una vez en el cargo de viceministro de Transportes firmó adenda N° 7, con la cual se acordó con el concesionario que las valorizaciones correspondientes de la obra se reconozcan con un 35.5%, a pesar de que Provías Nacional alertó en agosto de 2008 que esta generaría pérdidas millonarias al Estado.
El sucesor
El viceministro Marangunich Rachumi, al igual que su antecesor, también faltó al Reglamento de Organizaciones y Funciones debido a que no cumplió con velar por la coordinación de las tareas relacionadas a la implementación y monitoreo de los proyectos otorgados al sector privado, desde la celebración del contrato hasta su culminación. El documento de la Contraloría señala que tampoco realizó un seguimiento al proceso.
La Procuraduría del órgano de control detectó además que el ex funcionario no propuso debidamente modificaciones que permitieran adaptar los contratos a los fines establecidos en el diseño de los mismos. Tampoco emitió opinión sobre las propuestas de modificación de los contratos y al parecer dejó de hacer cumplir la legislación y resoluciones que le correspondían en torno al Tramo 4 de la Interoceánica Sur.
"Los hechos expuestos configuran la presunta responsabilidad administrativa funcional; asimismo, existe la presunta responsabilidad penal, dando mérito al inicio del procedimiento sancionador y la toma de acciones legales", se lee en el documento en referencia a los dos mencionados ex altos funcionarios del MTC.