La exfiscal de la Nación, Delia Espinoza, reapareció públicamente este jueves acompañada de su abogado, Rodolfo Pérez, para denunciar que su reciente inhabilitación para el ejercicio de la función pública por 10 años responde a una “represalia política” y a un proceso parlamentario que, según afirmó, estuvo marcado por conflictos de interés, irregularidades procedimentales y una presunta maniobra para apartarla de la carrera fiscal. 

Espinoza denunció la existencia de un presunto “pacto político” para tomar el control del Ministerio Público señalando que quienes enfrentan investigaciones por delitos graves, corrupción o crimen organizado hoy concentran el poder, mientras que ella, sin carpetas fiscales en su contra, fue apartada por el Congreso. 

Según indicó, este pacto incluiría a la Junta Nacional de Justicia y al Tribunal Constitucional, cuyos integrantes, al ser elegidos por el Parlamento, responderían a intereses políticos. Su abogado cuestionó que el Congreso haya modificado el Código Procesal Constitucional para imponer más barreras a las acciones de amparo y dilatar su trámite, en lo que calificó como una práctica propia de regímenes autoritarios

“En este momento quienes tienen carpetas por delitos graves, por corrupción, criminalidad organizada, están en el poder, están gozando de esa investidura”, declaró Espinoza ante la prensa, en referencia a los congresistas que impulsaron y aprobaron su inhabilitación en el pleno del miércoles 3 de diciembre. 

La sanción contra la exfiscal quedó formalizada tras una segunda votación, luego de que un primer intento no alcanzara el número de votos requerido. Según la resolución legislativa N.º 13439/2025-CR, Espinoza habría incumplido la Ley 32130, norma que refuerza las competencias de la Policía Nacional del Perú (PNP) en las investigaciones preliminares. Esa fue la base formal de la sanción. 

Espinoza anunció que presentará las acciones legales correspondientes a nivel constitucional para cuestionar su inhabilitación. “Me han sacado del cargo, pero no de mi carrera ni de mi dignidad. Voy a retornar”, aseguró. Según ella, se debe a que "no es amistosa, no es cordial ", al enfrentarse al poder, y no por haber cometido alguna falta.

Uno de los principales cuestionamientos de la exfiscal recae en la participación del congresista Fernando Rospigliosi, a quien señaló como denunciante directo y, al mismo tiempo, conductor de la sesión en la que se votó la reconsideración del proceso en su contra. Para Espinoza, esa doble condición constituye un “conflicto de interés absoluto” que vulnera los principios básicos de imparcialidad.

Según relató, Rospigliosi dirigió una sesión a la que asistieron congresistas que no estuvieron en la votación inicial y que habrían ingresado y salido del hemiciclo para ajustar los votos necesarios. “Eso fue una maniobra. Él la dirigió y la manipuló. Y luego volvió a difamarme en redes sociales”, afirmó. La exfiscal añadió que ya existe una denuncia por difamación en trámite a nivel de la Corte Suprema.

En su intervención, Espinoza rechazó los señalamientos de congresistas como Eduardo Salhuana, Roberto Chiabra y Jorge Montoya, quienes cuestionaron la dureza de sus expresiones públicas. “No he amenazado a nadie. Lo único que he hecho es cumplir la ley, la Constitución y mi deber con todos los peruanos”, respondió. 

La exfiscal vinculó directamente su salida con su negativa a “alinearse” a intereses políticos o económicos. “Yo no llegué con muletas, ni con padrinos políticos ni empresariales. Por eso me quieren fuera”, explicó, diferenciándose de lo que calificó como un sistema de favores que atraviesa la relación entre algunas autoridades y el poder político.

Maniobras parlamentarias para alcanzar la inhabilitación 

Durante la mañana del 3 de diciembre, la moción para inhabilitar a Espinoza no alcanzó los votos necesarios: obtuvo 63, por debajo del mínimo de 68 requerido. Esa situación cambió por la tarde, tras los pedidos de reconsideración presentados por los congresistas Jorge Montoya y Norma Yarrow, lo que permitió una nueva votación. 

Tres legisladores cambiaron su votación, de abstención a votar a favor: Katy Ugarte (Juntos por el Perú), José Balcázar (Perú Libre) y Kira Alcarraz (no agrupada), optaron por votar a favor en la segunda ronda. Adicionalmente, Francis Paredes (Podemos Perú), Guido Bellido (Podemos Perú) y Silvia Monteza (Acción Popular), quienes registraban como ausentes, sí lo hicieron en la tarde, optando por la inhabilitación. 

 Juan Mori (Acción Popular), quien obtuvo licencia en la primera sesión y se reincorporó para votar a favor, y Elva Julón (Alianza para el Progreso), ausente en la mañana, pero presente para inclinar la balanza en la tarde

El origen del proceso

El trámite contra Espinoza comenzó en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), que el 2 de diciembre aprobó el informe final con 10 votos a favor y una abstención. 
Comunicaciones del Congreso

Las denuncias contra la exfiscal, presentadas en los expedientes 563 y 618 por los congresistas Kira Alcarraz y José Cueto, combinaban acusaciones constitucionales y penales —abuso de autoridad, prevaricato, usurpación de funciones, falsedad genérica— en relación con una acusación constitucional que Espinoza impulsó contra 11 parlamentarios en 2024. 
Comunicaciones del Congreso

Aunque la SAC recomendó archivar los extremos penales —por considerarlos insuficientemente sustentados—, concluyó que existían razones para acusarla de infracción constitucional a los artículos 45, 93 y 139 (incisos 3 y 5) de la Constitución. 
Comunicaciones del Congreso

El núcleo del reproche del Congreso fue que Espinoza habría respaldado un reglamento del Ministerio Público que, según los denunciantes, contradecía la Ley 32130 al invadir competencias que corresponden a la Policía Nacional. 

La restitución pendiente 

Antes de su inhabilitación, Delia Espinoza estaba suspendida de su cargo como fiscal suprema. En las semanas previas, su defensa había señalado que existía, según resoluciones judiciales, un mandato de restitución pendiente, que, a su juicio, no se había cumplido. 

La sanción aprobada por el Congreso frustra ese eventual retorno, al tiempo que cierra el camino institucional para que vuelva a ocupar cargos públicos durante una década.

Alarmas por la independencia judicial y advertencias de organismos internacionales

La relatora especial de la Naciones Unidas para la independencia de jueces y abogados, Margaret Satterthwaite, expresó su “preocupación” por la sanción y advirtió que no se habría cumplido con un fallo que ordenaba la restitución de Espinoza como titular del Ministerio Público. 

Organizaciones de derechos humanos, así como voces del sistema judicial, señalan que la decisión representa un grave riesgo al sistema de justicia y a la capacidad del Estado para investigar delitos de corrupción y crimen organizado. 

Denuncias de irregularidades 

Tras la votación, Espinoza y su abogado, Rodolfo Pérez, anunciaron la presentación de una acción de amparo ante lo que califican como una violación al debido proceso, especialmente por las maniobras y los cambios de voto que revertieron el resultado inicial. 

Entre los puntos que han sido subrayados como cuestionables: Que uno de los denunciantes, el congresista Fernando Rospigliosi, quien presentó la denuncia constitucional, presidiera la sesión de reconsideración y votación final, lo que según la defensa configuraría un “conflicto de interés absoluto”. 

Que, durante la votación final, ingresaron al hemiciclo congresistas que no participaron en la primera votación, y que varios cambiaron su posición, lo que pone en entredicho la transparencia y legitimidad del proceso. 

Que el reglamento interno del Ministerio Público cuya aprobación se cuestiona —y que habría motivado la acusación, no habría sido debatido ni aprobado por la Junta de Fiscales Supremos, sino que corresponde a gestiones interinas, lo que, según sus defensores, debilita la acusación. 

Espinoza denunció también que tras la votación sufrió acciones de difamación por parte de algunos congresistas y ha iniciado, según dijo, una querella ante la Corte Suprema del Perú.