A pocos días del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, más de 30 congresistas de las bancadas conservadoras de Renovación Popular, Avanza País y Fuerza Popular presentaron un proyecto de ley que busca afectar los derechos de la madre gestante sobre su cuerpo y cambiar la situación jurídica del "concebido", al punto de que se equipararía al embrión con una “persona humana”.

Aunque el Código Civil peruano establece en su primer artículo que la persona humana es sujeto de derecho desde su nacimiento, las bancadas conservadoras pretenden introducir un cambio para que lo sea "desde su concepción". Es decir, desde el simple hecho biológico de la unión del espermatozoide con el óvulo.

PL-00785 que reconoce derechos al concebido by ConvocaRedes on Scribd

La iniciativa, presentada el jueves último, plantea modificaciones para que el concebido tenga derecho a la "identidad propia e independiente a la de su madre gestante", a la "integridad psíquica y física", así como a un "libre desarrollo intrauterino".

El proyecto que fue presentado por Milagros Jáuregui, de Renovación Popular, también resta el poder de decisión sobre la mujer gestante, incluso respecto a situaciones médicas que le podrían causar la muerte.

Por ejemplo, señala que en los casos en los que esté en peligro la vida de la madre o la del concebido, la decisión sobre los actos médicos no solo podría recaer en la mujer que sería intervenida.

"Corresponde a la madre o cónyuge, conviviente o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y primero de afinidad decidir respecto a los actos médicos a ejecutarse", dice el proyecto.

La fórmula legal planteada no especifica un orden de prelación sobre quién, entre estas personas, tiene mayor derecho a decidir sobre el cuerpo y la vida de la gestante.

Milagros Jáuregui, la autora de esta iniciativa, es una pastora evangélica de la iglesia "La Misión Cristiana La Casa del Padre" y fue vocera de "Con mis hijos no te metas", un colectivo religioso que está en contra del enfoque de género y del desarrollo de los derechos de los colectivos LGBTI. 

Pastora evangélica presentó proyecto que busca que el embrión sea considerado como "persona humana". Foto: Difusión.

Como religiosa, Aguayo ha defendido posturas que contravienen principios básicos de la igualdad de género, pues considera que la mujer debe ser sumisa frente al hombre, y ha sostenido que la familia solo está conformada por un hombre y una mujer, posiciones que ha ratificado en sus conferencias con frases textuales como: "Ninguna mujer debe socavar la autoridad que Dios le entregó al varón". De hecho, una de las charlas organizadas por su organización fue llamada "Cómo hacer feliz al esposo".

Mujeres incubadoras

En declaraciones a Convoca.pe, la abogada Brenda Álvarez, especialista en derechos humanos y reproductivos, indicó que esta iniciativa legislativa busca en realidad modificar la regulación del derecho a la vida. "Esto implica que la persona humana ya no sería quien nace con vida, sino pasaría a ser quien es concebido. Es decir, el embrión", señaló la experta legal.

Además, la especialista advirtió que cuando el proyecto de ley propone dar "identidad propia" al embrión ("concebido") pone a la mujer embarazada en una situación "de incubadora". Esto se desmarcaría, según Álvarez, del derecho a la protección de la vida como ya está establecido, que considera que la protección de la vida del concebido se da con la protección a las gestantes.

"Esta es una medida discriminatoria a las mujeres. Tiene un sesgo bastante machista", apuntó la especialista legal.

En efecto, en la actualidad, la decisión de la interrupción del embarazo en caso de que la vida de la mujer gestante esté en peligro le corresponde a una junta médica del centro de salud donde sea atendida. En tanto, el proyecto de Jáuregui deja abierta la posibilidad de que sea el esposo, y hasta el conviviente, el que decida sobre el cuerpo y la propia vida de la mujer.

Aborto penalizado como homicidio

Algo que sería aún más grave para los derechos a las mujeres es que el proyecto de ley, al incorporar al concebido la condición de persona humana, podría generar distintas interpretaciones a la hora de legislar nuevas medidas sobre el aborto, agravando las penas del delito, o al momento de sancionarlo por la vía penal, por parte de los jueces.

Por ejemplo, el abogado penalista Carlos Caro indicó a Convoca.pe que, de aprobarse este proyecto, se generarían otros conceptos que podrían hacer desaparecer las características de los delitos de aborto para calificar la interrupción del embarazo como un delito de homicidio.

Caro resaltó que la propuesta de Jáuregui podría estar ampliando el concepto de persona humana, pues las normas legales si bien reconocen que la vida humana inicia en la concepción, actualmente la persona humana solo adquiere derechos desde el nacimiento. Una modificación a este concepto generaría problemas para la teoría del derecho penal peruano.

Según las especialistas en derechos sexuales y reproductivos, el proyecto de ley buscaría evitar el aborto en casos de violación sexual. Foto: Difusión

Por su parte, la abogada de Promsex Mariela Belleza también expresó su preocupación en la misma línea, debido a que estas modificaciones al Código Civil podrían generar que se interprete, por parte de los jueces penales, como un homicidio a la interrupción de la gestación. Además, Belleza consideró que este proyecto representaría un retroceso en el debate sobre la despenalización del aborto en casos de violación sexual y, en realidad, buscaría evitar la viabilidad de la implementación de una regulación para un aborto seguro en el Perú.

Hoy, el Código Penal Peruano penaliza a la mujer que decide abortar y al agente, ya sea un médico u otra persona, que practica el aborto. Las leyes peruanas incluso sancionan con tres meses de cárcel a las mujeres que han sido embarazadas a causa de una violación sexual y que decidieron poner fin a esa gestación.

Lo único que no está sancionado es el aborto terapéutico cuando este sea el único medio para salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud un mal grave y permanente.

Según los datos oficiales del Ministerio de Salud, entre el 2018 y el 2020 se han atendido 88,094 casos de abortos incompletos. Es decir, casos de abortos espontaneos o consentidos que terminaron en una complicación médica y tuvieron que ser atendidas en un puesto de salud. De esta cifra total, 5,236 casos corresponden a niñas y adolescentes, entre los 12 y 17 años, que fueron atendidas por abortos incompletos.

Respecto al delito de aborto, solo entre 2018 y el 2020, la Policía Nacional registró 2,223 denuncias, de las cuales solo 25 fueron contra profesionales de la salud. El resto, se interpusieron contra las mujeres que tomaron esta decisión sobre su cuerpo.