Hace 46 años que se inició la explotación de petróleo en el lote 192, al norte de la región Loreto, y cambió la vida de las comunidades cercanas a las cuencas de los ríos Tigre, Pastaza y Corrientes. Con el paso del tiempo, las consecuencias de la actividad extractiva fueron haciéndose notorias: derrames, ríos contaminados, así como enfermedades. Esto movilizó a los pobladores de la zona, que hoy luchan por una ley de consulta previa que pueda proteger sus derechos y el lugar donde viven.

Una nueva concesión del lote 192 por más de 30 años ha puesto de nuevo en alerta a las comunidades loretanas. Los pobladores exigen el reconocimiento del derecho de la consulta previa ante el inicio de nuevas negociaciones. En el Ministerio de Energía y Minas hay ‘cura de silencio’ y se indica que por el momento “no corresponde ningún tipo de consulta”, ya que supuestamente se realizó una cuando se firmó el contrato con la empresa canadiense Pacific Exploration & Production, hoy Frontera Energy.

La consulta previa referida por el Ministerio de Energía y Minas se efectuó en 2015 y fue  muy cuestionada por la mayoría de los pobladores, teniendo en cuenta que solo participaron cuatro de las 20 comunidades de la zona. Para Carlos Sandi Maynas, presidente de la Federación de las Comunidades nativas del Corrientes (FECONACO), el proceso fue fraudulento y hubo mala fe de parte del gobierno durante la gestión del entonces mandatario Ollanta Humala.

Las comunidades acusan al Ejecutivo de querer dividirlos y enfrentarlos. La consulta previa del 2015 fue un claro ejemplo, ya que se firmó un acuerdo donde no se tomó en  cuenta la  protección medioambiental, a pesar de que la contaminación está presente en sus ríos.  

El pasado 22 de agosto, los representantes de cada una de las cuencas se reunieron con representantes de los ministerios de Cultura y Energía y Minas. De acuerdo con su versión, ellos no están dispuestos a vivir de nuevo todo lo sucedido en más de 40 años de explotación petrolera. Exigen una consulta previa real donde se puedan discutir temas como la protección ambiental y los pueblos indígenas. Ellos plantean un verdadero interés del Estado por la mejora de su calidad de vida.

Las comunidades esperan que el Estado emita una respuesta el próximo lunes 11 y — señalan— que de esa manera demuestre el interés por el cumplimiento de los derechos de las comunidades otorgándoles la oportunidad de participar en una consulta previa verdadera, sin enfrentamientos, ni divisiones.

Alfonso López Tejada, presidente de Acodecospat. Foto: Puinamudt.

Los líderes de cada comunidad  sostienen que no están en contra de la explotación petrolera, pero lucharán por el cumplimiento de sus derechos y la protección del lugar donde viven. Si les niegan el derecho de la consulta previa, pues ellos también negarán el petróleo sea extraído, aseguraron.

El lote 192 contiene 12 campos de producción y 112 pozos activos. La mayoría de ellos se encuentran en la cuenca del Corrientes.

Según la OEFA (Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambientas), existen 2,014 pasivos ambientales.

Actualización: 21 de setiembre de 2017