Desde hace nueve días en que se iniciaron las medidas restrictivas de movilización y aislamiento social impuestas por el gobierno de Martín Vizcarra, más de 9 millones de peruanos que pertenecen a la población económicamente activa (PEA) no pueden trabajar, ni recibirán beneficios laborales o bonos sociales debido a que la actividad que desempeñan se realiza en el sector informal. La gran mayoría de ellos, para poder realizar sus labores cotidianas, deben estar presentes en las calles por lo que la modalidad de 'trabajo remoto' promovida por el Ministerio de Trabajo no aplica para ellos. Y además, al obtener ingresos mayores de 344 soles mensuales no son consideradas pobres ni pobres extremos, y por lo tanto no tendrían que ser incluidos en los programas sociales. No obstante, el Ejecutivo alista la manera de entregarles el bono de 380 soles a 500 mil trabajadores independientes, que inicialmente no habían sido considerados para recibir ese monto.

Se conoce que a los trabajadores informales no se les paga "licencia con goce de haber", como señaló la ministra de Trabajo Sylvia Cáceres, porque una gran parte de esta población es "independiente" y no figura en la planilla de empleados de ninguna empresa u otra organización.

En el país, tres de cada cuatro personas —que están en edad de trabajar— tienen un empleo informal, esto implica que no reciben beneficios laborales como seguro médico, compensación por tiempo de servicios (CTS), gratificación, vacaciones, entre otros. Dentro de la población empleada de manera informal —que alcanza el 72% del PEA—, la mayoría (56.8%) lo hace en el sector informal y el resto en compañías formales. En esa condición de precariedad laboral e irregular cantidad de ingreso económico mensual, se encuentran más de 9 millones 536 mil peruanos, según el último reporte del Instituto Nacional de Estadísticas (INEI), fechado en noviembre de 2019.

En los sectores en los que estas personas trabajan informalmente para obtener sus ingresos diarios se encuentran la ganadería, agricultura y pesca (41,4 %), comercio (19,2 %), transporte y comunicaciones (10,3 %), restaurantes y alojamientos (8,5%) y construcción (6,5%). 

Convoca.pe salió a la calle durante el estado de emergencia para conversar con quienes trabajan en el comercio ambulatorio y conocer de manera directa cómo les afectan las drásticas disposiciones decretadas por las autoridades gubernamentales desde el lunes 16 pasado.

“El gobierno no se da cuenta de lo que está haciendo, los pobres no podemos comprar alimentos para quince días porque no tenemos dinero. En mi caso soy ambulante, todos los días tengo que ganar un dinero para hacer mis compras diarias. ¿Qué vamos a comer mañana y los días siguientes?", dice Janet (42 años), quien vendía helados vestida con un uniforme amarillo en los alrededores del mercado Ciudad de Dios, en el distrito de San Juan de Miraflores, en Lima.

En los primeros días del estado de emergencia, decenas de vendedores ambulantes ofrecían sus productos, incluso en la noche. Solo el emporio comercial Gamarra estaba cerrado por completo. Foto: Jackeline Cárdenas Ipenza / Convoca

Janet cuenta que tiene a su padre en casa, quien padece de fibrosis pulmonar. Por ese motivo, afirma que no le queda otra que seguir saliendo a trabajar en condiciones de informalidad. “Me voy a arriesgar”, expresa Janet. En cuanto a la situación de riesgo de contagio al salir de su casa ante el incremento diario de casos de COVID-19, ella aduce que "lo dejo en manos de Dios".

Por su parte, Javier (30 años), quien se dedica a la venta de ropa en las afueras del emporio comercial Gamarra —ubicado en La Victoria y uno de los más grandes de Lima—, señala que a pesar de que está de acuerdo con las restricciones impuestas, sale a trabajar a pesar de que hay pocos transeúntes y posibles clientes. “El gobierno debe fumigar las calles también. Primero es la salud. Esas medidas nos va a afectar a todos económicamente”, manifiesta Javier con resignación.

Si bien el Estado ha anunciado medidas de apoyo para la población de escasos recursos económicos, como el bono social de 380 soles, este solo será entregado a quienes se encuentren en condición de pobreza y pobreza extrema, en la cual están 3 millones de familias, de acuerdo con estimaciones oficiales. Pero, en esta semana se informó que 500 mil trabajadores independientes sí recibirán ese subsidio de parte del Estado.

Según el informe del INEI, el 71% de hogares cuyos ingresos provienen del sector informal son considerados "no pobres", el 24% es "pobre no extremo" y el 5% es "pobre extremo". 

La actividad informal se ha reducido en los últimos días con el incremento de medidas drásticas de inmovilización social y cuarentena obligatoria, que podría prolongarse. Foto: Andina

Convoca.pe consultó sobre esta situación al Ministerio de Trabajo, a través de su área de Prensa, pero hasta el cierre de este informe no hubo respuesta alguna.

A 18 días de confirmarse el primer caso de COVID-19 en el país, la cifra de personas infectadas con el nuevo coronavirus ha aumentado a 416 y hasta el momento hay siete fallecidos, según el Ministerio de Salud. Mientras tanto en las calles, espacio de trabajo de la mayoría de informales, las restricciones de libre tránsito son más severas e incluye el "toque de queda" desde las 8 de la noche hasta las 5 de la madrugada, decretado hasta el próximo lunes 30 de marzo.

Aunque es incierto que la inmovilización social y la cuarentena obligatoria se prolonguen por más tiempo, todo indica que las autoridades tomarán esa medida para mitigar el avance de la pandemia, situación que terminará por perjudicar aún más a quienes se dedican a actividades económicas informales, personas que antes de fin de año podrían pasar a formar parte de la población en situación de pobreza o pobreza extrema. Algo que contrasta con el apenas 8% de peruanos que realiza teletrabajo o trabajo remoto (laboran en casa para una empresa), según afirmaron para la última encuesta nacional urbana de Ipsos, difundida hace unos días.