El viernes 7 de setiembre, Convoca.pe recibió una carta notarial firmada por el exjuez Fernando Ulises Salinas Valverde, quien fuera juez supernumerario del Tercer Juzgado Civil del Callao durante la gestión del hoy preso Walter Ríos, entonces presidente de la Corte Superior del Callao.
La carta notarial de Salinas hace referencia a nuestra investigación periodística “Jueces del Círculo de Hinostroza y Ríos favorecieron a empresario acusado de pesca ilegal”, publicada el 26 de agosto de este año y en la que se menciona su nombre.
El reportaje evidencia cómo el empresario pesquero Óscar Peña Aparicio, a través de medidas cautelares dictadas en el Callao y Paita, consiguió que su compañía LSA Enterprise capturara más de 225 mil toneladas de anchoveta de manera ilegal. De acuerdo con una reciente sentencia de primera instancia, LSA Enterprise debe pagar más de 66 millones de soles al Ministerio de la Producción (Produce) por daños y perjuicios ocasionados durante la vigencia de estas medidas cautelares.
Nuestros periodistas verificaron y consignaron en su nota que el exmagistrado Salinas Valverde resolvió el 4 de octubre de 2017 extender la vigencia de una de estas medidas (del 2015) que permitió la embarcación “Doña Licha II” -de LSA Enterprise- continúe extrayendo recursos sin autorización del Produce.
A continuación, publicamos la carta notarial de Fernando Salinas Valverde y nuestra respuesta.
Convoca.pe ratifica lo publicado en el reportaje. No hay error ni inexactitud. La comunicación de Salinas Valverde no demuestra que la información publicada sea falsa o distorsionada. El exjuez asegura que “nunca concedió una medida cautelar”. En efecto, nuestra publicación nunca hizo tal afirmación, sino precisó que “Salinas emitió una resolución que extendió la vigencia de la medida cautelar de abril de 2015, que otorgó la jueza [Noemí Fabiola] Nieto para que la embarcación ‘Doña Licha II’ siga pescando”. Salinas no indica una cita textual de este medio que asegure lo contrario.
Asimismo, en su exposición, Salinas agrega datos que en ningún momento hemos referido en nuestra publicación, como que “emitió la resolución 38 [que extendía la vigencia de la medida cautelar] por solicitud de la empresa demandante (…)”, según su misiva. Tampoco ha sido señalado como “responsable de la pérdida de 66 millones [de soles] por parte del Estado”, tal como asegura.
Por otro lado, en el reportaje hemos referido una investigación de la Fiscalía de Control Interno sobre la resolución del exjuez Salinas Valverde, a cargo de la fiscal Eliana Iberico Hidalgo. También hemos aludido a una comunicación telefónica de marzo de este año entre John Misha, chofer del expresidente de la Corte Superior del Callao Walter Ríos, y el exjuez Carlos Chirinos Cumpa, cuya transcripción también está incluida en el mismo informe suscrito por Iberico Hidalgo.
Salinas sostiene que “nada tiene que ver” la transcripción del audio que fuera publicado el 15 de julio por el diario La República, pues el expediente cautelar 72 (del caso Óscar Peña) se encontraba archivado y el expediente principal se encontraba en el Tribunal Constitucional. Sin embargo, en ese audio son mencionados los jueces que fallaron a favor de la empresa LSA Enterprise, Nieto y Salinas.
Respecto a esta transcripción, es la Fiscalía de Control Interno -en su informe del 31 de julio de 2018 donde se solicita declarar fundada la denuncia contra Salinas Valverde- la que señala que "se advierte como información periférica relevante, un singular interés por parte de funcionarios del Poder Judicial del Callao". Este informe añade que en ese audio se discute la tramitación de "una medida cautelar del 2011, relacionada con Produce, lo que guardaría relación aparente con el caso submateria (Expediente Nº1674-2011)", expediente del cual el entonces juez civil Salinas Valverde emitió la resolución del 4 de octubre de 2017.
Como detallamos al final del reportaje, Convoca.pe buscó las versiones de los jueces aludidos, Salinas y Nieto, como corresponde a toda investigación periodística. Salinas ha preferido una respuesta notarial con la que además ha solicitado “el retiro inmediato de todas las palabras calumniosas e injuriosas que viene difundiéndose en su portal web [sic]”. No obstante, en ninguna de las cinco páginas hace una sola referencia textual sobre las expresiones que, según él, deben retirarse. El reportaje no falta a la verdad y se mantendrá íntegro.