Las presiones contra la prensa y el avance de las economías ilegales revelan los riesgos que enfrentan quienes investigan, denuncian o defienden territorios frente a intereses de poder en América Latina. Durante el Convoca en Vivo, Cristina Zahar, coordinadora para América Latina del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), conversó con Milagros Salazar y alertó sobre el uso de mecanismos legales, económicos y amenazas directas para limitar el trabajo periodístico.  Por su parte,  Ricardo Soberón, especialista en economías ilegales de la Amazonía, advirtió en el programa sobre la expansión de estas actividades y sus impactos en los territorios y pueblos indígenas. Aseguró que se vive un contexto de suma violencia que afecta a medios, a poblaciones indígenas y organizaciones sociales.

 Nuevas formas de presión contra la prensa

“Están cambiando el sistema legal para no hablar de los temas que molestan a los poderosos”, señaló Cristina Zahar,  coordinadora para América Latina del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), al referirse a las nuevas formas de presión que enfrentan periodistas en la región. Según explicó, las amenazas contra la prensa ya no se limitan a agresiones físicas, sino que también incluyen leyes e iniciativas que pueden afectar económica y legalmente a quienes investigan asuntos de interés público.

El caso de la periodista Paola Ugaz es representativo, ya que enfrenta procesos judiciales vinculados a sus investigaciones por el caso del Sodalicio.  Zahar señaló que Ugaz enfrenta una persecución desde 2018 y que, de acuerdo con información proporcionada por su abogado, tendría alrededor de cinco demandas abiertas en su contra. “Es una lucha que la deja muy vulnerable”, sostuvo.

Para Zahar, el caso de Ugaz no es aislado. En distintos países de América Latina, periodistas viven presiones de autoridades y sectores con poder. A las restricciones legales y económicas se suman amenazas directas y agresiones contra quienes ejercen labores de prensa.

Amenazas que llegan hasta los territorios

En el caso peruano, Zahar recordó los cuatro asesinatos de periodistas registrados en el Perú y señaló que estos ocurrieron en regiones. También describió situaciones en las que periodistas amenazados han tenido que cambiar de vivienda porque quienes los intimidan conocen dónde viven.

“El nivel de intimidación es físico, es una amenaza directa”, afirmó. A esta situación se suma, según señaló, una respuesta insuficiente del Estado frente a las amenazas que enfrentan periodistas en distintas zonas del país.

Zahar también se refirió a Venezuela, donde, según explicó, persisten restricciones y bloqueos contra medios de comunicación. Aunque algunos pueden ser consultados mediante VPN, señaló que continúan las limitaciones para acceder a información.

Más de 1500  dragas en ríos amazónicos

La situación de los territorios amazónicos fue abordada por Ricardo Soberón, investigador de economías ilegales en la Amazonía, quien alertó sobre el avance de actividades extractivas y otras economías ilegales. Según los datos que citó, 1.518 dragas operan en ríos amazónicos, una expansión que, advirtió, estaría duplicando las agresiones contra los territorios y los pueblos indígenas.

“Lo que nos queda claro es que los operativos no tienen ningún impacto sobre lo que está pasando en los territorios”, sostuvo Soberón. Su afirmación cuestiona la distancia entre las acciones desplegadas por el Estado y la continuidad de las actividades ilegales en las zonas amazónicas.

Mientras la presidenta impulsa el llamado Escudo de las Américas, Soberón señaló que en los territorios amazónicos persisten los riesgos asociados a las economías ilegales. También alertó sobre una infraestructura de 138 kilómetros en la frontera de Loreto, en la zona del Putumayo, que calificó como una “narco carretera” y que, según afirmó, viene siendo impulsada por el Estado peruano.

La relación entre poder político y economías ilegales

Para Soberón, el problema no se limita a las operaciones contra actividades ilegales, sino que también involucra decisiones políticas y el avance de infraestructura en zonas donde operan estas economías. En ese contexto, afirmó: “Podemos hablar de un pacto entre el Congreso y las economías ilegales”.

Las declaraciones de Soberón colocan en debate la capacidad de las acciones estatales para contener el avance de la minería ilegal y otras actividades ilícitas en la Amazonía. Mientras tanto, las alertas de Zahar muestran otra dimensión de este escenario: periodistas y comunidades enfrentan distintas formas de presión cuando investigan, denuncian o se encuentran en territorios disputados por intereses económicos y políticos.