En esta nueva edición de Convoca en vivo conducida por la periodista Milagros Salazar, Ángel Pedro Valerio, presidente de la Central Asháninka del Río Ene (CARE), advierte que el fuego ha afectado más de 1.300 hectáreas de bosques y que las comunidades necesitan apoyo urgente. Por su parte, Yolanda Rojo de la Plataforma por la democracia advierte que el pedido de facultades legislativas puede convertirse en un instrumento para  restringir derechos ciudadanos, como la protesta.

Comunidades asháninkas enfrentan incendios forestales 

Los incendios forestales han afectado más de 1.300 hectáreas de bosques, según alertó el apu Ángel Pedro Valerio, presidente de la Central Asháninka del Río Ene (CARE). Ante la emergencia, las comunidades asháninkas han desplegado brigadistas comunitarios para combatir el fuego; sin embargo, la falta de herramientas especializadas limita su capacidad para enfrentar los incendios.

La comunidad Cutivireni, ubicada en el río Ene, en Junín es una de las más afectadas por los incendios forestales

El fuego continúa avanzando en la comunidad indígena de Cutivireni, ubicada en el río Ene, en Junín. Los incendios comenzaron el 4 de octubre y, hasta la fecha, los brigadistas indígenas no han logrado contener las llamas, pese a la llegada del Gobierno Regional a la zona, según información obtenida por Convoca.

Valerio afirmó que las comunidades habían propuesto al Estado una estrategia de prevención antes de la última emergencia, pero la respuesta fue que no había presupuesto para implementarla. La propuesta de los pueblos asháninkas contempla el monitoreo en campo, la capacitación y el trabajo con los comités de autodefensa, con el objetivo de evitar que las quemas se conviertan en incendios forestales.

“No se trata de prohibir la quema”, explicó el apu, quien plantea la necesidad de implementar estrategias preventivas que permitan responder a esta problemática desde las propias comunidades. Su alerta pone en evidencia las dificultades que enfrentan los pueblos asháninkas para combatir el fuego y la necesidad de contar con herramientas y medidas de prevención oportunas.

El apu Ángel Pedro Valerio, advirtió que ninguna institución ha tomado en cuenta las estrategias propuestas por las comunidades indígenas para prevenir los incendios forestales. Explicó que han desarrollado PAMARI, que significa "fuego" en su idioma, una estrategia orientada a reducir estos siniestros. Sin embargo, señaló que, al presentarla ante las instituciones, no recibieron respuestas positivas y les dijeron que no había presupuesto. Por ello, planteó que la propuesta de manejo integral del fuego sea incorporada en la legislación forestal, a fin de reconocer y fortalecer las iniciativas de prevención impulsadas desde los propios territorios. 

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El Pedido de facultades como una forma de restringir derechos

En otro bloque de Convoca en Vivo, Yolanda Rojo vocera de la Plataforma por la democracia advirtió que el Gobierno podría incorporar medidas que restrinjan derechos ciudadanos, entre ellos el derecho a la protesta. Según sostuvo, este enfoque podría debilitar la participación democrática, la concertación, la defensa de derechos y la intervención de la sociedad civil en los asuntos públicos.

cuestionó las declaraciones de Keiko Fujimori, quien apareció con pasamontañas y armas para reivindicar la necesidad de imponer el orden, y criticó que la Cámara de Diputados pudiera frenar las facultades legislativas. Sus advertencias abren el debate sobre los límites de las medidas adoptadas en nombre del orden y sus posibles consecuencias para el ejercicio de los derechos ciudadanos y la participación democrática.

Rojo cuestionó  el avance de una estrategia autoritaria y antiderechos promovida desde sectores políticos del Congreso. Bajo la pregunta “¿Hacia una ciudadanía de la obediencia?”, alerta sobre los riesgos de otorgar facultades legislativas al Ejecutivo sin controles suficientes.

La representante de la Plataforma por la democracia aseveró que existe la posibilidad de que la Cámara de Senadores incorpore medidas que restrinjan el derecho a la protesta social.