Proyecto de ley aprobado se sustentó en reportajes de Convoca que revelaron cómo las mineras y petroleras dejaron de pagar hasta 55 millones de soles en los primeros ocho meses de vigencia de la ley 30230
El Pleno del Congreso aprobó esta noche de manera unánime la propuesta legislativa que deroga el artículo 19 del llamado ‘Paquetazo ambiental’. Durante la vigencia de esta norma, creada con el objetivo de reactivar la economía del país, las industrias extractivas dejaron de pagar multas millonarias a pesar de haber infringido normas ambientales, en algunos casos en forma reiterada. El Poder Ejecutivo tiene 30 días para promulgar u observar la norma.
La iniciativa, propuesta inicialmente por el parlamentario Oracio Pacori, del Frente Amplio, recogió en su fundamentación los principales hallazgos de Convoca sobre el impacto del artículo 19 de la Ley 30230. Como parte de la serie investigativa ‘Excesos sin castigo’, este medio dio cuenta que durante los ocho primeros meses de vigencia del ‘Paquetazo ambiental’, las mineras y petroleras dejaron de pagar hasta 55 millones de soles por infracciones tan graves como la desaparición de una laguna.
Durante el debate de la semana pasada, el legislador fujimorista Mario Mantilla planteó que se tomara en cuenta su iniciativa legislativa, la cual señala que las micro y pequeñas empresas (Mypes) deberían tener una prórroga de ocho años para adecuarse a las exigencias ambientales del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y no ser multadas en ese periodo.
Según especialistas consultados por Convoca, la propuesta de Mantilla dejaba una puerta abierta para que no fueran sancionadas económicamente las compañías medianas de las industrias extractivas, que en muchos casos forman parte de un grupo económico con un comportamiento cuestionable por sus recurrentes faltas ambientales.
Este portal reveló que 16 mineras que rechazaban el Aporte por Regulación —una contribución a favor de OEFA— pertenecían a diez grupos empresariales y otra compañía estuvo vinculada a denuncias de minería ilegal (ver ‘Quiénes están detrás de la demanda contra el aporte ambiental’).
Si bien la propuesta aprobada considera ahora una prórroga de tres años para las Mypes, esta medida no incluye a las empresas que desarrollen actividades extractivas. Es decir, no aplicará para pequeñas mineras o petroleras.
Sobre las industrias extractivas, el parlamentario Mantilla también ha apoyado una iniciativa legislativa que busca promover e impulsar la inversión privada en el sector minero, con el objetivo de “mejorar los niveles de desarrollo económico” del país. En la propuesta también se plantea “simplificar los procesos administrativos” con la reducción del número de procedimientos, plazos, requisitos, entre otros. Actualmente, dentro de estos procesos se encuentran los trámites para aprobar estudios de impacto ambiental y otros informes que garanticen el cuidado del ambiente y la población.
El referido proyecto, presentado por la fujimorista Alejandra Aramayo en diciembre de 2016, lleva la firma de Mantilla como uno de los congresistas que apoya la norma. Desde marzo de este año, la propuesta se encuentra en la Comisión de Energía y Minas.
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