Con un contundente “la Hidrovía Amazónica no va”, el presidente de la Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas de San Lorenzo (Loreto), Janmer Manihuari, expresó su rechazo al proyecto fluvial que busca conectar 2,687 kilómetros de los principales ríos de la Amazonía peruana, el cual fue adjudicado en 2017 al consorcio chino-peruano Cohidro, integrada por la firma peruana Construcción y Administración Sociedad Anónima (CASA), la cual es investigada por el caso ‘Club de la Construcción’ en el Ministerio Público.

En noviembre próximo, el Servicio Nacional de Certificación para las Inversiones Sostenibles (SENACE) decidirá si aprobará o no el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) presentado en mayo pasado. De ser aprobado este documento, las obras de la hidrovía empezarían en 2022, cuya inversión inicial asciende 95 millones de dólares. Cabe anotar que a inicios de este año, SENACE declaró como improcedente el Estudio de Impacto Ambiental –presentado a fines del 2018– tras establecer 48 observaciones, entre estas no haber cumplido con los talleres de participación ciudadana.

"AIDESEP (Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana) rechaza la hidrovía que pretenden construir los chinos y se mantiene en alerta a las próximas acciones del gobierno", señaló Lizardo Cauper, presidente de esta organización.

El Estudio de Impacto Ambiental no especifica cuáles serán las zonas afectadas por el dragado, cuya extracción de arena, piedras, y otros sedimentos cambiaría el comportamiento de los ríos, y afectaría el agua, la seguridad alimentaria, y los peces, principal fuente de ingresos de los pobladores y campesinos.

El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) califica los impactos del vertimiento del dragado en el río Huallaga como moderados. No obstante, existen 11 zonas con pasivos ambientales petroleros que presentan sedimentos con concentraciones superiores al Valor 1 del Congreso Nacional del Medio Ambiente (CONAMA).

El proyecto, que mejoraría la navegabilidad de los puertos de los ríos Huallaga, Amazonas, Marañón y Ucayali, fue adjudicado por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) en septiembre de 2017 al consorcio chino-peruano Cohidro S.A. –conformado por CASA Construcción y Administración S.A., y la empresa estatal Sinohydro– por un periodo de 20 años.

La compañía peruana CASA pertenece al grupo empresarial Hidalgo e Hidalgo de Ecuador, que formó parte del consorcio que construyó el puerto de Yurimaguas, está bajo investigación en la Fiscalía por integrar el llamado ‘Club de la Construcción’, mientras que la empresa china Sinohydro ha estado involucrada en proyectos de infraestructura en Camboya, Ghana, Sudán, Honduras y Ecuador relacionados a la afectación del clima por deforestación, inseguridad laboral, así como a la afectación de la calidad del agua.

Según las pesquisas fiscales, el ‘Club de la Construcción’ era un cartel de empresas peruanas y extranjeras que sobornaban a funcionarios de Provías Nacional (dependiente del Viceministerio de Transportes) con el fin de obtener proyectos de infraestructura vial que el sector ministerial convocaba a licitación.

Asimismo, el EIA además de excluir alrededor de 343 de comunidades nativas en Loreto y Ucayali, incumple una serie de acuerdos establecidos en la Consulta Previa de 2015 y falla en incorporar un reglamento de infracción y sanciones en materia ambiental.