Los dirigentes de Santa Clara de Uchunya, situada en Ucayali, así como de la Federación de comunidades nativas de esta región se presentaron ayer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y denunciaron que son afectados por las reiteradas violaciones de los derechos humanos y el despojo de su territorio por parte de la empresa Plantaciones de Pucallpa SAC, ahora llamada Ocho Sur P, que integra el grupo empresarial del checo estadounidense Dennis Melka.

Durante su intervención, el presidente de la comunidad de Santa Clara de Uchunya, Carlos Hoyos, detalló que el Estado peruano a través del Gobierno Regional de Ucayali otorgó 212 constancias de posesión a traficantes de tierra, entre 2008 y 2009, sobre el territorio que les pertenece.

Carlos Hoyos, presidente de la comunidad de Santa Clara de Uchunya, denunció las violaciones contra los derechos humanos de la cual son víctimas por parte de Ocho Sur P. Foto: CIDH.

Indicó que los traficantes vendieron más de 7 mil hectáreas de estos terrenos a la compañía de plantación de palma aceitera del grupo Melka —entre el 2012 y 2014— para luego destruir la totalidad del área, que forma parte del llamado sistema de bosques primarios.

"Desde el 2012 la comunidad ha sido despojada de miles de hectáreas que han sido convertidas en un cementerio ecológico, arrasando con bosques primarios para reemplazarlos por sembríos de palma aceitera", aseveró el dirigente.

Fotografía satelital que muestra el área deforestada por la empresa Ocho Sur P (Grupo Melka) en agosto de 2018, dentro del territorio ancestral de la comunidad de Santa Clara de Uchunya. Foto: Kene.

Consecuencias mortales

Por su parte, el representante de la Federación de Comunidades Nativas de Ucayali (Feconau), Jamer López, dijo que la presencia de la industria de la palma aceitera está causando —además del tráfico de tierras— asesinatos de pobladores, hostigamiento y amenazas contra los defensores de derechos humanos de los pueblos indígenas, situación que permanece en la impunidad.

Al respecto, el procurador Carlos Reaño, quien es agente del Perú ante la CIDH, señaló que el Estado peruano se compromete a hacer llegar a las dependencias correspondientes la información y demandas presentadas por los líderes nativos y organizaciones de la sociedad civil respecto a las denuncias por tráfico de tierras, deforestación y violaciones a los derechos humanos de las comunidades afectadas por la empresa Plantaciones de Pucallpa.

En junio de 2018, Convoca.pe reveló la manera en que compañías productoras de aceite de palma, como Olamsa y Olpesa —que afirman ser “responsables con el medio ambiente”—, compran frutos de palma a empresas del grupo Melka, entre estas Ocho Sur U SAC y Ocho Sur P SAC, denunciadas por deforestación en Ucayali.

El viernes último, Convoca.pe reportó que la firma de alimentos Alicorp es la principal compradora de aceite de palma que tiene origen en las plantaciones del grupo Melka, el cual además tiene varias denuncias por malas prácticas laborales y abusos contra los trabajadores de campo.

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