Entre 1980 y 2000, el Perú vivió una de las épocas más violentas de su historia producto del enfrentamiento entre grupos subversivos y el Estado. La Comisión de la Verdad y Reconciliación señaló que se registraron unos 69 mil muertos y en 2012 se logró determinar que existían más de 6 mil sitios de entierro clandestinos. Tanto dolor vivieron los peruanos que la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, recientemente pidió perdón en nombre del Estado. Hay más de 15 mil desaparecidos según las cifras oficiales. A las familias les falta un hijo, un hermano, una madre. Convoca.pe llegó a Ayacucho, la región peruana más golpeada por la violencia, donde la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (ANFASEP), fundada por tres mujeres valientes, sigue a la espera de justicia desde hace 33 años, mientras ellas envejecen y se enferman. 

Las madres de los desaparecidos de Ayacucho miraron las ropas, trapos desteñidos y sintieron que su corazón latía más rápido. Las prendas exhibidas sobre una mesa, podían ser de sus hijos, esposos, hermanos y hermanas. Era 2005.  Y la mamita Juana Carrión dice que reconoció el polo de su hermano en ese pedazo de tela triturada que ahora aparecía ante sus ojos como el último rastro de vida, recuerda. Han pasado más de 10 años y la Fiscalía no confirma la corazonada de Juana. “Espera, paciencia, vuelve con los datos de tu hermano”, le dicen las autoridades de Huamanga, en Ayacucho. Juana vive esperando.

Hay diferentes estimaciones sobre el número de desaparecidos durante el conflicto armado interno que vivió el Perú entre 1980 y 2000. En su informe final la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) estimó más de 8 mil, luego las organizaciones de derechos humanos realizaron una campaña para saber quiénes faltaban y aseguraron que la cifra superaba los 12 mil hasta que el Instituto de Medicina Legal, que depende del Ministerio Público, reportó que en realidad eran más de 15 mil peruanos que desparecieron en aquellos años de violencia. 

La CVR concluyó que la violencia estalló cuando Sendero Luminoso inició la lucha armada contra el Estado peruano. Niños, niñas, mujeres, hombres, ancianos fueron sacados de sus casas y comunidades a la fuerza.  Ayacucho, una de las zonas más pobres del país, fue la que registró el mayor número de víctimas fatales: más del 40% de los 69 mil muertos que estarían enterrados en 2, 234 sitios clandestinos solo en este departamento según el trabajo que realizó la Comisión de la Verdad hasta 2003. Pero los investigadores de la Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH), que antes formaron parte del equipo forense de la CVR, actualizaron el registro años más tarde y en 2012 hicieron público en el libro "Los muertos de Ayacucho" que lograron identificar hasta 4 mil 52 sitios de entierro en Ayacucho, casi el doble, en los que estarían enterrados los restos de aproximadamente 8,660 víctimas. Esta nueva información permitió identificar que más del 60 por ciento de los sitios se encontraban en esta región andina del país pero, además, si se analizaba quiénes fueron los perpetradores por número de víctimas, las fuerzas del orden (Ejército, Policía y Fuerzas Combinadas) aparecían con el 52 por ciento (ver infografía "Entre dos fuegos") mientras que la otra mitad recaía sobre Sendero Luminoso.

Para buscar a quienes podrían estar entre estas cifras, tres mujeres fundaron la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (ANFASEP): Angélica Mendoza, Teodosia Cuya Layme y Antonia Zaga Huaña. Ellas trabajaron para construir un comedor, luego una comunidad que ayude dar refugio a los familiares que habían perdido todo durante la época de la violencia. Angélica Mendoza se convirtió en el símbolo de las madres ayacuchanas que buscaban a sus familiares desaparecidos. Ella fundó un comedor para huérfanos cuando en el Perú no se quería hablar sobre violencia y terrorismo. No se doblegó ante las acusaciones del expresidente Alberto Fujimori, quien la llamó subversiva. En 30 años de búsqueda, “Mamá Angélica”, como le dicen, no ha podido encontrar a su hijo entre las fosas, barrancos y botaderos que cada año examina la fiscalía. El viernes 2 de setiembre, ANFASEP cumplirá 33 años de perseverancia y coraje.

La madre casi no respira

Hoy “Mamá Angélica” está enferma. Ha caído en cama por quinta vez este año. En marzo, un  pre infarto la tuvo en emergencia por una semana. Padece de una fibrosis pulmonar, que le corta la respiración, se pasa horas agitada mirando al cielo echada en la cama, narra su hija Maribel. La mujer que fundó ANFASEP y lideró marchas pidiendo justicia ahora camina con difultad, debe ir al hospital para que vigilen sus signos vitales ante el riesgo de un paro cardiaco. Le urge una transferencia a un hospital de Lima, porque en su natal Huamanga no hay especialistas que la atiendan. Tiene 84 años y también padece de tristeza por no saber qué pasó con su hijo. La tarde del último jueves 25 de agosto,  Convoca.pe la encontró sentada en una banca de la plaza de Huamanga con el rostro adusto, estaba molesta. Ella que ha esperado justicia por más de tres décadas, ahora pasa las mañanas esperando durante más de seis horas para ser atendida en cada cita de Essalud, reclama.

Como “Mamá Angélica”, las madres de ANFASEP se enferman, caen en cama, envejecen y no encuentran a sus familiares.  Los años de espera se hacen extenuantes.  La presidenta de ANFASEP, Adelina García, asegura que las madres se están muriendo sin encontrar respuestas ¿Por qué se espera tanto?

Mamá Angélica, fundadora de ANFASEP. Foto: Giorgio Negro/ CICR.

El procedimiento para identificar un cuerpo exhumado es largo, las personas que buscan a sus familiares deben presentar evidencias que ayuden a la identificación. Luego, de la orden de un fiscal, se realiza la exhumación y comienza un  proceso de identificación que implica análisis de restos por un equipo especializado del Instituto de Medicina Legal. En todo este proceso participan equipos de antropología forense, analistas de ADN, entre otros profesionales (Ver infografía "En busca de la verdad"). 

La identificación es costosa, solo un analizador genético puede demandar cerca de un millón de soles, informaron fuentes de la Fiscalía de Ayacucho. Pero estos insumos no se tienen en una ciudad como Huamanga, tampoco el personal. Los análisis se hacen en Lima y los resultados de las pruebas de ADN pueden tardar tres, cuatro, cinco, seis años a más como revela el libro “Los muertos de Ayacucho”, escrito por la periodista Milagros Salazar y publicado por la Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH)**.

Entre 2002 y 2011, el Instituto de Medicina Legal exhumó más de mil cuerpos en Ayacucho, de los cuales sólo 585 fueron identificados. A nivel nacional, la propoción no ha cambiado mucho según las cifras más actualizadas que se conocen. Entre 2002 y febrero de 2016, se lograron recuperar 3 mil 422 cuerpos en todo el país, de los cuales solo se identificó el 58 por ciento y se entregó el 53 por ciento a los familiares de las víctimas. Las cifras revelan la caída estrepitosa del número de exhumaciones, identificación y entrega de restos humanos durante el gobierno de Ollanta Humala (Ver gráfico interactivo). A este paso, si consideramos que en poco más de 14 años se recuperaron apenas unos 3 mil 422 cuerpos, se necesitaría unos 64 años para recuperar a las 15 mil 731 víctimas que el Instituto de Medicina Legal calcula que existen en los sitios de entierro. Y otras décadas más para identificarlos y entregarlos a sus familiares.

Debido al paso del tiempo, más de tres décadas desde que ocurrieron las desapariciones, una de las formas a las que se recurre para la identificación es mediante pruebas de ADN que consisten en tomar muestras de sangre de un familiar para cotejar los resultados con los ADN de los restos exhumados. Pero este proceso es muy lento. Entre los años 2010 y 2011, se procesaron 410 restos óseos para identificar a las víctimas a través de estas pruebas, de acuerdo con la información entregada para la investigación de COMISEDH por el sub gerente del Laboratorio de Biología Molecular y de Genética, Giancarlo Iannacone. En esos días, este funcionario aseguró que el laboratorio no contaba con información de años anteriores y que tampoco se podía entregar cifras sobre cuántos cuerpos identificados fueron entregados a sus familiares porque la información estaba en manos de los fiscales.

La abogada Karina Chávez de ANFASEP cuenta que, en abril de este año, recibieron una carta firmada por Giancarlo Iannacone en la que él aseguraba que no se contaba con los insumos para hacer las pruebas de ADN que ayudarían a identificar a las víctimas del caso Cabitos, en el que se investiga a miembros del Ejército por presunto asesinato y tortura a más de cien personas, entre las que aparecen varios familiares de las madres de ANFASEP. “Consideramos que hay dejadez por parte del Estado para identificar a los desaparecidos. Vamos a la Fiscalía y nos dicen que no tienen personal, que no hay insumos, en Lima es igual”, reclama Chávez.

En 2008 se tomó muestras de sangre a 170 personas que acudieron a la reunión organizada por el Instituto de Medicina Legal con la esperanza de encontrar a sus familiares. Después de ocho años las respuestas son las mismas: “no hay presupuesto, no hay personal, no hay equipo”. 

El cuartel Los Cabitos es emblemático por las denuncias de torturas y violaciones a los derechos humanos que recaen sobre altos mandos del Ejército peruano. En 2005 se  exhumaron 103 cuerpos. Tres años después, la fiscalía identificó solo a una víctima y su hijo. Los restos fueron entregados a los familiares  para que reciban un entierro digno. Desde la exhumación han pasado 11 años y aún no se identifica a un centenar de víctimas. 

“Yo siento en mi corazón que es mi hermano”, repite Juana Carrión, pero los especialistas no le creen.  Su hermano desapareció en 1983,  lo sacaron una mañana de su casa y le dijeron que se lo llevarían al cuartel Los Cabitos. A pesar de reconocer la ropa de su hermano en la exhibición de prendas que hizo el Instituto de Medicina Legal en 2005, esto no es una garantía de que se trata del familiar que ella tanto busca. En cuarteles como Los Cabitos, se obligaba a las víctimas a cambiar de ropa con el objetivo de que no puedan ser reconocidos después de muertos.

Desapariciones en cada gobierno 

Los años en los que se registró el mayor número de sitios de entierro fueron entre 1983 y 1986, periodo que abarca el segundo gobierno de Fernando Belaunde y el primer gobierno de Alan García, advierte el libro “Los muertos de Ayacucho”.  Durante el gobierno de Alberto Fujimori se registró otro número importante de fosas y sitios de entierro que ascendió a 159.  

Carola Falconí, directora ejecutiva de COMISEDH, señala que la identificación de sitios de entierro es un paso importante para encontrar a los desaparecidos, pero el problema es más complejo. El registro de las fosas es una especie de “radar de todos los posibles lugares donde pueden estar los restos de las personas cuyas muertes no fueron reportadas” pero lo más difícil es investigar y determinar quiénes fueron los responsables, enfatiza. Falconí recuerda que la comunidad ayacuchana de Chungui fue el escenario de una de las masacres más grandes del Perú. La mitad de la población fue ejecutada. “Como dice (el antropólogo) Carlos Iván Degregori, si la violencia hubiera sido igual que Chungui en todo el país, entonces el país hubiera desaparecido”. 

En marzo último, el gobierno de Ollanta Humala promulgó la Ley de búsqueda de personas desaparecidas durante el periodo de violencia 1980-2000. La noticia emocionó a los familiares de ANFASEP. Juana cree que permitirá encontrar a su hermano. Hasta resulta que sus sobrinas en Europa saben de la noticia y quieren regresar al Perú a enterrar a su padre. ¿Cuándo nos darán a nuestro padre? El entusiasmo puede ser pasajero.

Entrevista a la presidenta de ANFASEP, Adelina García. 

La abogada Karina Chávez cuenta que la ley tiene un carácter humanitario y permitirá abrir nuevas fosas de entierro y que los testigos puedan dar pistas sobre quiénes están en estos sitios clandestinos. La ley, sin embargo, aún no se puede aplicar porque no tiene reglamento. Carola Falconí afirma que es un derecho de los familiares que se le entreguen los restos de sus muertos pero a la vez debe investigarse las circunstancias de estas muertes y sancionar a los culpables de estos delitos. 

Las mamás tienen mucha expectativa, cuenta Adelina García, presidenta de ANFASEP. El mismo mandatario Pedro Pablo Kuczynski se reunió con ellas antes de ganar las elecciones y les aseguró que se haría todo lo posible para que continúe la búsqueda. Una promesa es una promesa, dice Adelina. La ministra de Justicia Marisol Pérez Tello pidió perdón a las víctimas del conflicto interno por “no estar presente ni acompañar los procesos de reparación ni de búsqueda, como Estado se cometió una falta que hay que reparar”, dijo el viernes 26 de agosto durante la ceremonia del trigésimo aniversario de la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad. “Se llevaron a mi esposo, nunca más supe de él, ahora espero que me lo regresen”, dice Adelina. La espera sigue viva.

*Con la colaboración de Milagros Salazar.

**En la investigación también participó el periodista Pablo Vilcachagua.

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