La presidenta de la comisión de Constitución y Reglamento del Congreso, Martha Moyano, formuló 67 pedidos de opinión entre el 22 de enero y el 19 de marzo de este año para acopiar comentarios y conclusiones sobre el proyecto de Ley N° 6816 ley que crea la Escuela Nacional de la Magistratura y genera una serie de cambios en el sistema electoral y de nombramiento de jueces y fiscales, eliminando la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Entre las instituciones consultadas, no sólo figuran los organismos del sistema electoral -el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec)- sobre los cuales recaen los mayores cambios del predictamen discutido el último martes en la comisión de Constitución, sino también facultades de Derecho de diversas universidades públicas y privadas, colegios de abogados de todas las regiones del país, además de abogados de varias especialidades. 

Como se recuerda el proyecto de ley busca crear la Escuela Nacional de la Magistratura (ENM) como un organismo que reemplace a la JNJ, institución a la cual fujimoristas y congresistas del denominado bloque de derecha calificaron en el debate como un “instrumento político del vizcarrismo”. 

Este proyecto se discute en plena crisis entre la JNJ y el Congreso, que se ha agravado con la reciente decisión del Tribunal Constitucional que ordena revocar la decisión del Poder Judicial que reintegraba en sus puestos a los magistrados Inés Tello y Aldo Vásquez, dejando al pleno de este organismo con cinco miembros ya que los suplentes no quieren asumir las vacantes. 

Opiniones en contra 

Cuando un proyecto de ley pasa a comisiones, lo usual es que éste sea colgado en la página web del Congreso para recibir las opiniones ciudadanas sobre el mismo. A la par, es labor de la presidencia de las comisiones encargadas solicitar opiniones a entidades relacionadas al tema que se legisla para poder sustentar lo que será el predictamen que será debatido en el grupo de trabajo respectivo. 

Por ello, según el portal del Congreso de la República, la presidenta de la Comisión de Constitución, Martha Moyano dirigió sendas cartas a diversas instituciones. Empezó el 22 de enero dirigiendo las solicitudes a los principales organismos que están dentro del ámbito de influencia de la propuesta de ley: el JNE, ONPE y Reniec. 

En la misma fecha, se dirigieron oficios a la Academia de la Magistratura, el Ministerio Público, el Poder Judicial y curiosamente a la Junta Nacional de Justicia, entidad que desaparecerá si este proyecto es aprobado en dos legislaturas ordinarias, al tratarse de una reforma constitucional.  Posteriormente el 7 de marzo de este año la presidencia de la comisión dirigió oficios a los ministerios del Interior y de Economía y Finanzas, así como a la Contraloría General de la República. 

Doce días después, el 19 de marzo, Moyano Delgado firmó 57 oficios. Diez estuvieron dirigidos a abogados constitucionalistas y procesales, 18 a facultades de Derecho de universidades públicas y privadas de Lima y regiones y lo más llamativo fueron los 29 oficios dirigidos a Colegios de Abogados de Lima y de todas las regiones del país, todos con la intención de obtener una cantidad importante de respuestas. 

Sin embargo, las respuestas no llegaron en la cantidad esperada y solo 8 instituciones del Estado, 2 abogados y un colegio de abogados respondieron. Y los resultados no fueron muy positivos. Pese a ello el debate continuó. 

De las 11 respuestas recibidas, 6 opinaron en contra del proyecto, una se abstuvo de opinar porque no el proyecto no afecta su campo de trabajo, una presentó un anteproyecto de ley y solo 3 opinaron a favor. A continuación Convoca detalla algunas de estas respuestas. 

Lo que hay en el predictamen 

El predictamen del proyecto, documento que detalla los alcances de la propuesta legislativa, contempla en el acápite 2 los Antecedentes Legislativos, que incluyen las solicitudes de opinión a diversas instituciones y también recopila las respuestas dadas por diversas instituciones. 

Sin embargo, un aspecto que llama la atención es que no aparece en el cuadro resumen los 67 pedidos de opinión. Más aún, no se registran las 11 respuestas que llegaron a la comisión, de las cuales la mayoría optan por considerar inviable el proyecto, ya sea porque se trata de una reforma constitucional compleja o porque atenta contra la autonomía de las entidades electorales y del sistema de justicia. 

Solo se registran las respuestas del Reniec, el ministerio del Interior, el Poder Judicial, la Academia de la Magistratura y los abogados Eduardo Hernando y Manuel Bermúdez.
 

De las 67 opiniones solicitadas solo se registraron 10 en el predictamen. Foto: Captura de pantalla

Consultada por Convoca, la congresista Ruth Luque (Cambio Democrático - Juntos por el Perú), integrante de la Comisión de Constitución, considera que debe ser importante que todas las opiniones sean incluidas. “El predictamen es elaborado por la presidencia de la comisión, entonces la señora (Martha) Moyano debe asegurar que todas las opiniones estén presentes”. 

“Muchos congresistas recién han tomado conocimiento de varias opiniones (...) hay propuestas de organizaciones que quieren formar parte de la discusión, como el de algunos colegios de abogados”, precisó. 

En efecto, una de las opiniones proviene del Colegio de Abogados de Lima Sur (CALSur) que se refiere al extremo del proyecto sobre la conformación del consejo directivo de la Escuela Nacional de la Magistratura (ENM) donde se “menoscaba la participación de los representantes de los Colegios de Abogados (...) no considerando que, a la fecha en la Academia de la Magistratura (AMAG) existe una importante representación y participación”

En otro espacio de la misiva, el CALSur considera que la creación de la ENM “podría significar un avance significativo”, sin embargo insiste que la propuesta excluye a los abogados agremiados en los colegios respectivos. 

La opinión del exPCM de Boluarte

El Poder Judicial es una de las tres opiniones que se expresaron a favor de la propuesta que elimina la JNJ y crea el denominado Consejo de Coordinación Interinstitucional del Sistema de Justicia que según el proyecto de ley es “un espacio de interrelación, análisis y coordinación permanente que, respetando la autonomía e independencia de cada una de las instituciones integrantes del Sistema de Administración de Justicia, permitan delinear o formular e implementar políticas públicas de manera coherente (...)”  Este Consejo lo lideraría el presidente del Poder Judicial. 

La opinión del Poder Judicial fue firmada por Pedro Angulo, jefe del Gabinete de Asesores de la presidencia de dicho poder del Estado. Angulo fue el primer presidente del Consejo de Ministros de Dina Boluarte y duró en el cargo solo 11 días, tras las primeras muertes producidas en las protestas contra el régimen.

Pedro Angulo expresidente del Consejo de Ministros de Dina Boluarte hoy jefe del gabinete de asesores del Poder Judicial. Foto: Agencia Andina 

En su informe, Angulo recomienda la aprobación del proyecto que crea la ENM “con el fin de garantizar la transparencia y la meritocracia en el proceso de selección de los aspirantes a la Escuela Nacional de la Magistratura, así como en su formación y evaluación continua”.

Incluso califica de “positiva” su creación pues garantiza “la excelencia y la uniformidad en la capacitación de los futuros jueces y fiscales del país (contribuyendo) a mejorar la competencia profesional, así como las actitudes y aptitudes de los magistrados, promoviendo una administración de justicia más eficiente y transparente”.

Para la congresista Luque, que un personaje allegado a Boluarte opine de forma favorable a este proyecto es muestra de “la existencia de una coalición instalada para hacer contrarreformas en distintos aspectos, para evitar que las investigaciones avancen, que haya impunidad”. 

La negativa del MEF y la respuesta del Mininter

Desde el Ejecutivo, hubo dos respuestas que también llaman la atención. Una de ellas es la del Ministerio del Interior (Mininter), que si bien es citado en el proyecto de Ley no tiene mayor injerencia en los alcances de la propuesta legislativa. 

Es por ello que Luis Cueva Obando, directora general de la Oficina de Asesoría Jurídica  del Mininter responde, luego del análisis respectivo, que materia del proyecto no tiene vinculación con las competencias del ministerio.
 

Por su parte el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) es muy puntual al presentar sus reparos sobre la creación de la Escuela Nacional de la Magistratura, los aspectos presupuestales que traería este proyecto, además de los alcances de lo que se debe aplicar en el marco de la Ley del Servicio Civil. 

En lo económico, que es su rubro, el MEF considera que la propuesta “no cumple con las reglas para la estabilidad presupuestaria” y además “contraviene el principio de Equilibrio Presupuestario”. 

La oposición del MEF se centra en que la creación del Consejo de Coordinación Interinstitucional del Sistema de Justicia y la ENM conlleva “gastos en infraestructura, contratación de personal administrativo y especializado, equipamiento de oficinas y otros ambientes, gastos administrativos, entre otros gastos para su operatividad y mantenimiento. (además de) gastos por el reconocimiento de compensaciones y entregas económicas, entre otros gastos operativos para su ejecución”.

El MEF considera que estos gastos implican una demanda adicional de recursos al Tesoro Público “los cuales no se encuentran previstos en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024”

Este informe del MEF no se encuentra en el predictamen debatido en la comisión que preside la congresista Moyano y no es tomado en consideración. 

El sistema electoral reclama por su autonomía 

En su momento, se hicieron públicas las posiciones de los órganos que integran el sistema electoral: JNE, ONPE y Reniec cuyos jefes expresaron su rechazo a esta norma, toda vez que distorsionaba la figura del sistema al darle, en este caso, una potestad de sanción al Jurado sobre los otros integrantes del esquema. 

El mismo JNE en su informe, que fue respaldado por el pleno de este organismo electoral, señala que “el diseño institucional que estableció la vigente constitución política del Perú respecto a la organización electoral ha logrado consolidarse y funcionar adecuadamente durante las últimas décadas” por ello consideran que “la posibilidad de que uno de los organismos electorales se encargue del nombramiento de los titulares de las otras dos entidades y de la remoción de los mismos por falta grave, significaría un desmedro en la referida autonomía, y un desequilibrio en la conformación de las máximas autoridades de estos organismos constitucionalmente autónomos”.

La ONPE también va en la misma línea al señalar que “asignar al JNE la competencia de nombramiento y remoción de los titulares del RENIEC y la ONPE, desnaturalizaría su esencia (...) de un tribunal especializado (en) administrar justicia en materia electoral (...) encaminados a garantizar que los actos y procedimientos electorales se ajusten a lo previsto en la Constitución y la ley”

Finalmente, la Reniec considera que el proyecto de ley “es contrario al espíritu del texto constitucional, toda vez que el RENIEC, es un organismo autónomo (...) en posición de paridad e independencia respecto de otros órganos constitucionales, resultando una grave incongruencia normativa que la citada propuesta sitúe al RENIEC como entidad subordinada a la rectoría del Jurado Nacional de Elecciones”.

En el predictamen, solo se incluye un extracto del informe de la Oficina de Asesoría Jurídica de Reniec sobre la inviabilidad del proyecto, mas no incluye las opiniones del JNE y la ONPE. 

Legislando a espaldas de la realidad 

Estas opiniones, en contra la mayoría, demuestran que la realidad es distinta a lo que algunos legisladores quieren concretar. La ausencia de más opiniones ciudadanas (solo se registran tres) y no considerar las instituciones que critican o consideran inviable la dación de esta ley coinciden con lo que la congresista Ruth Luque puntualiza: “Se está gestando un camino para que hayan reglas de juego a la medida de las próximas elecciones”.

Hay que señalar que hasta el cierre de este informe Convoca intentó comunicarse con la presidenta de la comisión de Constitución y Reglamento, la congresista Martha Moyano para consultar por los detalles del predictamen mostrados aquí, pero no ha habido respuesta hasta el momento.