En el marco del I Congreso Internacional de Periodismo de Investigación sobre Industrias Extractivas (CIPE), periodistas de Perú y Brasil compartieron investigaciones que desentrañan el impacto social, económico y ambiental de las actividades extractivas en la región.  

En la mesa denominada “Tras las huellas del impacto social y económico de la actividad extractiva”, Milagros Salazar, directora de Convoca (Perú), y Naira Hofmeister, periodista de Reporter Brasil, presentaron dos casos emblemáticos que revelan los efectos de políticas públicas y prácticas empresariales en sus respectivos países.  Dichos casos fueron comentados por Lucía Ruiz Ostoic, exministra de Ambiente, Juan Manuel Dammert, director para América Latina de Natural Resource Governance Institute (NRGI) y Vanessa Cueto, coordinadora del Programa Sostenibilidad de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR).

Las huellas de impunidad ambiental y la Ley 30230 

Milagros Salazar presentó los detalles de la investigación “Los negocios de la impunidad ambiental en una década”, que analiza las consecuencias de la aprobación de la Ley 30230, conocida como el "paquetazo ambiental" impulsado en el gobierno de Ollanta Humala.  Dicha investigación estuvo subdividida en dos series de reportajes con diez años de diferencia. El primero, “Excesos sin castigo”, realizado en 2014 y el último, “El negocio de la impunidad ambiental”, recientemente publicado.

Salazar explicó que esta normativa, diseñada para reducir trabas administrativas, resultó en un sistema que perdonó más de 30 millones de soles en multas ambientales, reemplazándolas por medidas correctivas que muchas empresas nunca cumplieron. A través de 400 resoluciones sancionadoras y solicitudes de información pública, Convoca creó una base de datos que permitió evidenciar cómo las empresas evadían responsabilidades. “Pudimos revelar el impacto de la norma a nivel social, ambiental y económico”, destacó la periodista.

A pesar de que el gobierno derogó la norma, Salazar comentó que todavía hay comunidades afectadas y empresas declarando insolvencia económica para evitar pagar sanciones, “como las mineras San Simón y Santa Rosa”. Así, para Salazar, los resultados de esta investigación demuestran que “es necesario hacer una investigación y reporteria sostenida en el tiempo, teniendo una mirada sistémica”. 

Klabin y la minería oculta

Desde Brasil, Naira Hofmeister presentó “¿Celulosa verde? El caso Klabin”, investigación que revela cómo la empresa Klabin, conocida por su “imagen sostenible”, opera un brazo oculto de minería en áreas protegidas.  Hofmeister detalló que las operaciones mineras de Klabin no solo contradicen sus principios de sostenibilidad, sino que afectan directamente a las comunidades locales, quienes enfrentan problemas ambientales.

A pesar de esto, destacó cómo el periodismo puede proporcionar “una voz para denunciar”, a comunidades que primordialmente son minimizadas por el aparato estatal.  

Según los panelistas, esta situación se ha convertido en una práctica habitual, donde las multas se reducen o incluso se perdonan, lo que favorece a las empresas infractoras y perpetúa la cultura de impunidad.

Al respecto, Lucía Ruiz Ostoic destacó la necesidad de un periodismo de investigación serio e independiente que, además de investigar hechos, también analice sistemas y procesos. En su intervención, mencionó que es vital reconocer el impacto ambiental de las actividades económicas y abogó por una minería sostenible, que debe ser gestionada de forma intercultural y adecuada a las particularidades de cada territorio. Sin embargo, subrayó la falta de transparencia y el debilitamiento institucional en las autoridades regulatorias.

Juan Luis Dammert reflexionó sobre el rol del periodismo de investigación en las agendas ambientales, especialmente en los temas relacionados con las industrias extractivas. Señaló que el periodismo tradicional suele ser más cauteloso en tratar temas sensibles debido a los poderosos intereses económicos en juego. A su juicio, el periodismo independiente es esencial para visibilizar los impactos negativos de la minería, el petróleo y otras industrias extractivas, especialmente cuando se trata de situaciones de impunidad o desregulación. 

Vanessa Cueto, por su parte, señaló que el debilitamiento democrático en el Perú ha impactado negativamente a las instituciones encargadas de proteger el medio ambiente. Recordó el caso de los derrames de petróleo de Petroperú y la falta de cumplimiento de sanciones, lo que evidencia una crisis en la gobernanza ambiental del país. En ese sentido, la “desinstitucionalización” de los organismos regulatorios y la falta de sanciones a las empresas infractoras contribuyen a la impunidad.

El panel coincidió que el periodismo independiente tiene un papel crucial en visibilizar los problemas ambientales, mientras que el Estado debe tomar medidas más estrictas para garantizar el cumplimiento de las leyes y sancionar a las empresas que infringen las normativas. Además, se destacó la urgencia de construir alianzas entre la sociedad civil, la academia y los medios de comunicación para enfrentar la crisis ambiental y política en el Perú. 

Los analistas reafirmaron que la información debe ser accesible para toda la ciudadanía, especialmente en las comunidades más vulnerables, y que la participación de todos los actores es clave para avanzar hacia un desarrollo más sostenible y justo.

El CIPE continuará desarrollándose hasta el sábado 30, en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y contará con la participación de expertos de distintos países que buscan reflexionar sobre el rol del periodismo de investigación frente a las industrias extractivas en la región.