El destino de una de las tres investigaciones por lavado de activos que se le sigue al partido de Keiko Fujimori —en la que el empresario José Chlimper Ackerman figura como representante legal— para que continúe en proceso bajo la Ley de Crimen Organizado, se encuentra en manos de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, encabezada por el juez César San Martín, desde el martes 15 último. 

Se trata de la investigación que dirige el fiscal José Domingo Pérez relacionada a los supuestos aportes irregulares que recibió Fuerza Popular para financiar su campaña en 2011, distinta a las pesquisas por la entrega de fondos de Odebrecht y del llamado caso cocteles. Un fallo del 9 de abril pasado, de la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional, impidió que sea archivada.

En respuesta a dicha resolución judicial —que revocó la decisión de un juez de menor rango que ordenó dar por concluida la indagación—, el abogado de la organización política fujimorista en este caso, Juan Carlos Alarcón, presentó 15 días después un recurso de casación ante el mismo tribunal superior para que sea revisado por la Corte Suprema.

La Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional, presidida por la jueza Edita Condori, admitió el recurso legal de Fuerza Popular y el 9 de mayo en curso lo elevó a la Sala Penal Permanente del Poder Judicial, integrado por cinco magistrados supremos, entre ellos César San Martín.

El fiscal José Domingo Pérez investiga tres casos relacionados a Fuerza Popular. Foto: Difusión

Lo que sostiene la defensa del fujimorismo es que la sala presidida por Condori ha incurrido en infracciones procesales al darle luz verde a la Fiscalía para seguir persiguiendo el delito de blanqueo de capitales en este caso y argumenta que los plazos de investigación ya se cumplieron en junio de 2016.

Según fuentes de Convoca.pe, San Martín y los magistrados que componen la Sala Penal Permanente calificarán en los próximos días si es que el recurso de casación procede o no. En caso de ocurrir lo primero, la investigación fiscal tendría que ser archivada.

El fiscal José Domingo Pérez maneja un plazo de 36 meses —que se cumplirá en octubre de este año—, como señala la Ley contra el Crimen Organizado, para investigar la supuesta maquinaria de lavado de dinero que Fuerza Popular operó para financiar su campaña y a los presuntos responsables, como el dirigente fujimorista José Chlimper, excandidato a la vicepresidencia.

José Domingo Pérez también investiga otros dos casos relacionados al presunto financiamiento ilegal que habría recibido la agrupación política de Keiko Fujimori: los aportes de campaña de la constructora de Marcelo Odebrecht y los llamados cocteles fujimoristas.

(Ver: 'Fiscalía incautó información sensible para el partido de Keiko Fujimori')