La lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori fue detenida hoy por el presunto delito de lavado de activos en el marco de la investigación que se le sigue por el caso de los aportes ocultos de la constructora brasileña Odebrecht y otros donativos “fantasmas”. La excandidata presidencial fue intervenida esta mañana cuando se encontraba en las instalaciones del Ministerio Público para declarar ante el fiscal José Domingo Pérez, del Equipo Especial para el caso Lava Jato.

La hija de Alberto Fujimori llegó alrededor de las 9:45 de la mañana junto a su esposo Mark Vito Villanella, pero no llegó a subir al despacho de Pérez, ubicado en el sexto piso del edificio de jirón Miró Quesada, para iniciar la diligencia. Efectivos policiales resguardaban las entradas del local mientras se ejecutaba la orden dictaminada por el juez Richard Concepción Carhuancho, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, a solicitud del mismo fiscal. Esta disposición de “prisión preliminar” tiene un plazo de 10 días.

Congresistas fujimoristas y partidarios calificaron esta medida como "abusiva" y "arbitraria".

Según la resolución judicial a la que accedió Convoca.pe, la fiscalía antilavado señala a Keiko Fujimori como líder y jefa de una organización criminal al interior del partido político Fuerza Popular, antes denominado Fuerza 2011.

La imputación fiscal indica: "[Fuerza 2011] tenía como fines obtener poder político, recibiendo para ello aportes ilícitos provenientes de actos de corrupción del grupo empresarial brasileño Odebrecht en Perú (...), para que luego, estando en el poder, se retribuyera estos aportes mediante el otorgamiento de obras sobrevaluadas, beneficios normativos y/o favorecimiento judicial, continuando así como un mecanismo de corrupción estatal y empresarial". 

Fujimori con Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya Camere. Foto: La República

La medida de detención preliminar también alcanza a otras 19 personas involucradas en este presunto grupo delictivo. Entre ellos, se encuentra el exministro Augusto Bedoya Camere —arrestado también en la mañana de hoy— y Jaime Yoshiyama Tanaka, ex secretario general del partido, quien, según su abogado, no se entregará debido a que se viene recuperando de una intervención quirúrgica en el extranjero. La fiscalía también sindica a ambos como "líderes y encargados de la captación de dineros ilícitos". 

Como se recuerda, Bedoya y Yoshiyama fueron señalados por Jorge Barata, exrepresentante de Odebrecht en Perú, como receptores de un millón de dólares para la campaña presidencial de Fujimori en 2011. El pago se habría realizado en dos entregas. La primera, de 500 mil dólares, fue recibida por Yoshiyama en la casa de Edith Goldenberg, hija del ex primer ministro fujimorista Efraín Goldenberg, como lo reveló Convoca.pe en marzo de este año. Otros 200 mil dólares adicionales se habrían canalizado a través de la CONFIEP, según el testimonio de Barata. 

Parte de los fundamentos del juez Richard Concepción para ordenar el arresto preliminar de la hija de Alberto Fujimori.

Entre los documentos incautados por la policía federal del Brasil a Marcelo Odebrecht, entonces máximo director de la constructora, se encontró la anotación "Aumentar Keiko para 500" hecha por él mismo. "Yo le dije a Barata que aumentase si había algún problema", declaró en el último interrogatorio que las autoridades peruanas le realizaron en Curitiba en enero pasado. 

Algunos otros personajes vinculados al partido fujimorista con mandato de detención son la extesorera Adriana Tarazona Martínez, el actual tesorero Luis Alberto Mejía Lecca, Jorge Yoshiyama Sasaki -sobrino de Jaime Yoshiyama-, y Marizol Valles Chong, esposa del congresista Rolando Reátegui. 

Yoshiyama llama a Odebrecht

En el documento judicial se consignan detalles del levantamiento del secreto de las comunicaciones de Jorge Barata, el cual revela que el brasileño recibió por lo menos dos llamadas de un teléfono a nombre de la empresa Roster Sociedad Anómima, gerenciada por Jorge Yoshiyama Sasaki, sobrino de Jaime Yoshiyama. El mismo Jaime Yoshiyama, en declaraciones a las autoridades, ha señalado este número de celular como parte de sus datos personales. 

Estas dos comunicaciones se registraron el 17 de junio y el 10 de diciembre de 2010. Justo el segundo semestre de ese año, Fuerza Popular empezó a desarrollar actividades captación de fondos anónimos, como rifas y cócteles, por los que se registraron ingresos por 2 millones 125 mil soles.

El primero de estos eventos fue la "Gran Rifa pro-fondos de campaña 2011", organizada el 20 de setiembre de 2010. La recaudación fue de 1 millón 566 mil soles. Para esa actividad, se informó al ente electoral que se sortearon una camioneta Chevrolet del año y 12 electrodomésticos. Sin embargo, el único premio entregado fue un horno microondas a Lucila Castro Mendívil, esposa de Julio Trelles Montero, entonces subsecretario general y vocero del partido fujimorista.

Los locales de Fuerza Popular fueron allanados el 7 de diciembre. Foto: El Comercio.

Poco después, el 1 y el 20 de diciembre de ese año, la agrupación generó otros ingresos de 558 mil soles por dos cócteles: "Cóctel Fujimorista - 2010" y "Cóctel Naranja", según reportó a la Oficina Nacional de Procesos Electorales. En ninguno de estos casos fue posible identificar a los aportantes que compraron las tarjetas. Entre ambos eventos ocurrió la segunda llamada telefónica a Barata.

De acuerdo con la resolución judicial, en estas tres actividades se habría lavado el primer aporte de campaña de 500 mil dólares de Odebrecht, que al tipo de cambio de la época representaban 1 millón 407 mil soles. 

Ver: Las sospechas sobre los fondos de campaña de Fuerza Popular y el Apra

“Los otros 500 mil dólares, en el año 2011, habrían sido lavados como [...] aportaciones individuales y como ingresos de actividades proselitistas”, indica el magistrado. En efecto, los ingresos de ese año totalizaron 17 millones 450 mil soles. 

Entre algunas aportaciones que despiertan las dudas de la fiscalía están las donaciones de 24 personas en el extranjero, que suman 492 mil dólares, y los aportes de los allegados y familiares de Yoshiyama y Bedoya por 580 mil dólares. 

También la utilización del “pitufeo” de grandes sumas generan sospechas en las autoridades. Hay un grupo de 16 nombres que figuran como depositantes de montos redondos de 5 mil dólares y 10 mil dólares en una cuenta de Fuerza Popular, que a su vez suman la cifra exacta de 100 mil dólares. Todas estas transacciones fueron realizadas en una misma agencia bancaria de Tarapoto y con pocos minutos de diferencia. Los 16 vouchers, sin embargo, llevan la rúbrica de una sola persona: Ángela Bautista Zeremelco.

Otra persona, identificada como Daniel Mellado Correa, habría utilizado la misma modalidad para depositar más de 458 mil dólares en 86 operaciones, varias por día, entre marzo y junio de 2011. Aún resta identificar a un tercer actor que con el mismo método realizó 21 operaciones bancarias entre mayo y junio de ese mismo año electoral. 

Para Bautista Zeremelco y Mellado Correa también se ha dictado la orden de prisión preliminar.

Cuadro de la resolución judicial que resume esta modalidad de "pitufeo" de aportes.

En total, se habría suplantado la identidad de 114 personas en estas transferencias financieras. Por otro lado, 17 de estas aseguran no haber dado ningún aporte o haberlo hecho en un monto menor. Algunos incluso advierten que no son simpatizantes del partido político. 

Entre 2011 y 2012, se entregaron cinco reportes de rendición de cuentas a la ONPE sobre la primera y la segunda vuelta electoral. Solo el primero no fue subsanado. Todos los siguientes informes de ingresos y egresos tuvieron modificaciones. 

Fujimori detenida por 10 días

La resolución de Concepción Carhuancho determina que Keiko Fujimori no “tendría arraigo laboral laboral conocido”. Además, sostiene que su movimiento migratorio registra salidas a distintos países y tiene amistades y parientes en Estados Unidos y Japón. “Se sigue que existe el serio riesgo de que no retorne al país”, apunta. 

También recalca las obstrucciones en los allanamientos a los locales de Fuerza Popular en diciembre último y sus inasistencias a las citaciones fiscales.

Por último, el documento advierte que la presunta organización criminal liderada por Fujimori habría lavado -con estas actividades y transacciones-  fondos que Odebrecht ganó a través de operaciones de corrupción y que hubieran seguido ocurriendo en el supuesto de que hubiese asumido el poder. La pena que afrontaría por el blanqueo de estos activos sería de entre 10 y 20 años de prisión.