El requerimiento judicial, que todavía será evaluado en la Corte Suprema, recién se haría efectivo un año después

Un año después de que se ordenara la prisión preventiva contra Alejandro Toledo por presuntamente haber recibido sobornos de Odebrecht, hoy se formalizó el pedido de extradición contra el exmandatario prófugo en Estados Unidos (EE.UU.) y que esta se haga efectiva podría demorar otro año más. Así, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria resolvió solicitar a las autoridades judiciales estadounidenses la extradición activa de Toledo, investigado por los delitos de tráfico de influencias, colusión y lavado de activos en agravio del Estado.

El expediente será remitido a la Corte Suprema, que revisará el requerimiento como última instancia a nivel judicial, y convocará a una audiencia pública citando a la Fiscalía y la defensa de Toledo para que debatan los argumentos de extradición.

(Ver: 'El rastro del dinero conecta los casos Ecoteva y Lava Jato')

La máxima instancia del Poder Judicial podría emitir su decisión el mismo día de la convocatoria a la diligencia o quizás se tome un par de días más, señaló el abogado penalista Carlos Caro a Convoca.pe.

Si la decisión es favorable a la extradición, el Ministerio Público y la Cancillería deberán coordinar para el envío del cuadernillo al Departamento de Justicia de EE.UU. 

Según Caro, la decisión “política” muchas veces puede demorarse porque se encuentran obstáculos en el camino, pero en el caso de Toledo, de los seis meses a un año que suele tomarse el Ejecutivo, esta podría definirse entre 15 y 30 días, convirtiéndose en una “extradición express”. 

La audiencia fue realizada en el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria y el juez Richard Concepción Carchuancho estuvo a cargo. (Foto: Andina) 

Luego, el documento será enviado a la Secretaría de Estado de Estados Unidos y es esta la que homologa el pedido para ver si reúne las condiciones, y si es así pasará al Departamento de Justicia de este país que presenta el caso a través de un Fiscal ante Asuntos Federales. Esto, de acuerdo con Carlos Caro, puede tomar otros seis meses o inclusive un año.

Alejandro Toledo salió del Perú el 13 de enero de 2017, vía Panamá. Cabe recordar que la orden de prisión preventiva y orden de captura que se dio en contra de Toledo fue 10 de febrero de 2017.

(Ver: 'Juez ordena la captura de Alejandro Toledo')

Al expresidente se le imputan en el último requerimiento los delitos de de lavado de activos, tráfico de influencias y colusión por presuntamente haber recibido US$ 20 millones de la constructora brasileña para favorecer la licitación de los tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica. Además, se incluye que Toledo habría utilizado a la empresa Ecoteva para lavar el dinero proveniente de esas coimas.

En el cuadernillo de extradición se incluyen las copias certificadas de los piezas procesales (documentos del expediente) pertinentes, así como los antecedentes que servirán para el logro de este proceso.

REQUERIMIENTO JUDICIAL DE EXTRADICIÓN DE ALEJANDRO TOLEDO by ConvocaRedes on Scribd

Cuando el documento llegue al país norteamericano, donde permanece el exmandatario desde que se dictó dos órdenes de prisión preventiva en su contra, un juez federal de la jurisdicción respectiva deberá resolver el requerimiento.

Para dicho pedido de extradición se establecen dos fases respecto a las presuntas actividades ilícitas del expresidente, la primera sobre finales de 2004 cuando Toledo ofreció favorecer a la empresa Odebrecht para que esta ganara la licitación del tramo 2 y 3 de la Carretera Interoceánica Sur y a cambio solicitó inicialmente la suma de US$ 35 millones, pero la constructora brasileña hizo depósitos de aproximadamente US$ 20 millones en las firmas Trailbrifde Ltd. y Merhav Overseas Limited y Warbury and Co, de propiedad de su amigo Josef Maiman.

(Ver: Cuotas y pagos millonarios de la Interoceánica)

En la segunda fase, se señala que Toledo habría utilizado el dinero de Ecoteva Consulting Group S.A. para comprar bienes inmuebles y pagar sus hipotecas en Perú, fondos que provendrían de una de las compañías mencionadas.

De otro lado, hoy además se realizó la audiencia para el cese de la prisión preventiva contra dos ejecutivos de Graña y Montero. El juez Richard Concepción Carhuancho dejó al voto el pedido de los empresarios José Graña Miro Quesada y Hernando Graña Acuña, implicados también en el caso Odebrecht. Dicha decisión se tomaría dentro de las próximas 48 horas.