El expresidente Alan García, investigado por presuntos sobornos de parte de Odebrecht por la obra del Metro de Lima, solicitó la noche del sábado último, el asilo diplomático al gobierno de la República Oriental del Uruguay, horas después de que el Poder Judicial dictara 18 meses de impedimento de salida del país en su contra.

Si bien en el comunicado emitido por el gobierno uruguayo, se indica que aún no hay una posición fija sobre el pedido de asilo de García, en la Cancillería de este país las opiniones están divididas, según información recogida por el Semanario Búsqueda, medio que forma parte del proyecto periodístico colaborativo 'Investiga Lava Jato'.

En diálogo telefónico con el diario El Comercio, el ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Rodolfo Nin Novoa, informó que, hasta el momento, "no hay plazo para darle una respuesta" al Alan García. Agregó que están a la espera de que Perú remita la información pertinente para poder dar una respuesta tanto al expresidente y al gobierno peruano. Mientras tanto, en las afueras de la embajada de Uruguay en Lima se registraron incidentes de ciudadanos que protestan en contra de la solcitud del exmandatario.

Rodolfo Nin, canciller de Uruguay, está a la espera de que el gobierno peruano remita información para

tomar una decisión. Foto: El País de Uruguay.

Gobierno uruguayo en difícil posición

Al respecto, el especialista en derecho internacional, Hebert Arbuet, opinó que el gobierno de Tabaré Vázquez, quedó en una posición difícil ante el pedido de asilo de Alan García, ya que de aceptarlo implicaría decir que no hay independencia judicial en Perú. "Si le concede el asilo es porque está desconfiando de las garantías del poder judicial peruano", explicó al Semanario Búsqueda de Uruguay.

Tras difundirse el pedido de asilo, Erasmo Reyna, abogado de Alan García, sostuvo que la solicitud fue a recomendación de la dirigencia del Partido Aprista Peruano, ya que, según estimaron, se preparaba una detención en una de las diligencias fiscales que tendría la próxima semana. Además, en la carta enviada por García al presidente de Uruguay, Tabaré Vásquez, el investigado exmandatario afirmó que en el país existe un "clima de persecución política" en su contra.

Fragmento de la carta enviada por Alan García al presidente uruguayo Tabaré Vásquez, donde solicita el asilo diplomático. 

La conexión con Camargo Correa

Pero no es la primera vez que Uruguay es un país mencionado en el caso de corrupción Lava Jato. Convoca.pe reveló que la empresa Logilt, con sede en Montevideo, fue la empresa de fachada que usó la constructora brasileña Camargo Correa para camuflar envíos por US$ 6 millones con destino a la oficina de la constructora en Lima durante el 2006 y 2007. Este reportaje forma parte de la serie investigativa 'Castillo de Corrupción' del proyecto 'Investiga Lava Jato'.

Entre las supuestas transferencias realizadas por esa empresa fachada, constituida en la capital uruguaya, figuran envíos en el 2007 año en el cual el gobierno de Alan García convocaba a licitación pública internacional para la construcción de la planta de tratamiento de agua de Huachipa, que fue adjudicada al Consorcio Huachipa, integrada por Camargo Correa. 

Contrato ficticio mediante el cual se transfería dinero de Camargo Correa fuera de Brasil, según las autoridades brasileñas.
 

Durante la operación 'Castillo de Arena', la policía brasileña halló papeles de la constructora en los que figuraban nombres de ex altos funcionarios apristas al lado de anotaciones de sumas de dinero, vinculados a la obra de Huachipa. Entre estos se encontraban el ex ministro Hernán Garrido-Lecca, el ex viceministro Juan Sarmiento, así como el ex presidente de Sedapal, Guillermo León y el ex gerente de este organismo, Umberto Olcese.

El factor uruguayo

Dentro del escándalo regional de Lava Jato, el pequeño país de Uruguay ha jugado un rol clave sea por acción o por inacción. De hecho, en febrero de 2017 las fiscalías de 11 países firmaron en Brasilia un acuerdo para promover la colaboración a través de equipos multilaterales en la investigación de este escándalo regional de corrupción. 

Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Portugal, República Dominicana, Venezuela y Perú suscribieron dicho compromiso. Días después, Odebrecht ofreció su colaboración con ocho de ellos, entre ellos el Perú. Pero en este tipo de coordinaciones internacionales, el gobierno de Tabaré Vásquez se ha mantenido ausente.

Conocido por tener algunas características de un paraíso fiscal, su sistema financiero también ha servido de conexión para que las compañías brasileñas triangulen sobornos con destino a otros países. En efecto, Uruguay fue el lugar escogido por la Banca Privada d'Andorra para instalar su sede sudamericana y sus representantes bancarios ayudaron a ocultar en cuentas cifradas los fondos ilícitos que recibieron algunos funcionarios públicos de la región. 

El uruguayo Andrés 'Betingo' Sanguinetti, hermano del expresidente de ese país Julio María Sanguinetti, fue el empleado de este banco al que contactó Odebrecht para gestionar la apertura de cuentas a favor de las personas que la constructora le indicara. Por otro lado, el andorrano Francesc Xavier Pérez Giménez fue un personaje fundamental en la coordinación con los nuevos clientes peruanos. 

Por esta vía, por ejemplo, Miguel Atala Herrera, exvicepresidente de la compañía estatal Petroperú durante el gobierno aprista, recibió más de 1,3 millones de dólares de Odebrecht. Juan Carlos Zevallos, expresidente del organismo regulador Ositran nombrado por García, firmó sus papeles de apertura de cuenta en la sucursal uruguaya del banco andorrano en 2008. Se le transfirieron 750 mil dólares. 

Jorge Cuba y otros funcionarios peruanos también utilizaron este tipo de cuentas que aseguraban su anonimato. Pero Odebrecht no fue el único interesado en conectar con este país. 

Como reveló Convoca.pe a comienzos de este mes, la constructora brasileña Camargo Correa también usaba la sucursal uruguaya de la Banca Privada d'Andorra como escala para derivar sus sobornos durante el período de García. La compañía fantasma Logilt SA, creada en Montevideo, es mencionada en comunicaciones y documentos internos de Camargo Correa. 

Según un cronograma de pagos mensual, entre setiembre de 2007 y abril de 2008 la operación peruana de esta constructora debía transferir 6 millones de dólares a la empresa de papel Logilt. Las fechas coinciden con la ejecución de las obras del Tramo IV de la Interoceánica Sur y de la Planta de Tratamiento de Huachipa, ambas investigadas por haber sido adjudicadas a Camargo Correa a cambio de sobornos.

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