La empresa que operó el buque factoría más grande llamado Damanzaihao, que está bajo acusación de pesca ilegal en el Perú, presentó un recurso ante la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema con el fin de librarse de toda investigación, proceso o multa por sus actividades irregulares en el mar peruano, situación que de concretarse implicaría la instauración de un precedente normativo en este tipo de casos.

El representante legal de la mencionada compañía de capitales chinos, Marco Jamanca Vega, alega en su escrito presentado en mayo último que las supuestas actividades pesqueras sin autorización del Damanzaihao se realizaron fuera de las 200 millas de la jurisdicción marítima del Perú, es decir en una zona en la cual el Estado peruano no tendría competencia.

Este mismo argumento fue el que expuso la exoperaria de la embarcación pesquera en un pedido similar presentado ante la Corte Superior del Santa (Áncash), en el que también se planteaba que la ley penal peruana no puede ser aplicable en hechos que ocurren más allá de las 200 millas marinas. 

Sin embargo, esa instancia desbarató ese alegato, pues el Perú es parte de la Convención de las Organizaciones Regionales de Ordenamiento Pesquero (OROP) que tiene entre sus principios que los países cooperen efectivamente en eliminar la pesca ilegal y sancionar las malas prácticas que cometan las embarcaciones que lleven la bandera de los países suscritos. Con esta respuesta, en diciembre de 2018 la referida Corte Superior declaró infundada la solicitud.

El abogado Jamanca Vega apeló este fallo adverso ante la máxima instancia del país por lo que en los próximos meses la Corte Suprema se pronunciará sobre si el Estado peruano puede o no sancionar a embarcaciones bajo su bandera que pescan sin autorización en áreas adyacentes a su mar territorial.

Corte Suprema de Justicia dará un precedente sobre la competencia del Estado peruano para sancionar a embarcaciones que pescan sin autorización en áreas adyacentes a las 200 millas. Foto: Poder Judicial.

Ante esta apelación, el bufete legal estadounidense especializado en derecho ambiental Sea Shepherd Legal (SSL) presentó una solicitud para intervenir en este proceso en calidad de amicus curiae, es decir presentando una opinión técnica ante la Corte Suprema a pesar de no tener un interés directo en el caso.

Riesgo de impunidad

En su informe, Sea Shephred Legal señala que desde el 2014 el Damanzaihao operaba con bandera peruana por lo que debía regirse por las normas adoptadas por el país, aunque se encuentre más allá de las 200 millas marinas.

Al respecto, el abogado peruano representante del estudio norteamericano, César Ipenza, precisó que el Estado ha firmado diversos mecanismos internacionales para prevenir y sancionar la pesca ilegal que señalan que los países que han otorgado la bandera a las embarcaciones tienen que adoptar las sanciones correspondientes, incluso penales, a fin de hacer respetar estos compromisos.

En diálogo con Convoca.pe, Ipenza manifestó que está a la espera de que la Corte Suprema acepte la opinión legal de SLL debido a que es una herramienta para que los jueces comprendan la complejidad de este caso y el riesgo que existe para actuales y próximos procesos fiscales y judiciales en los que estén involucradas naves que realizan pesca ilegal en alta mar, razón por la cual además han solicitado audiencias con cada uno de los cinco magistrados supremos. 

"Una decisión contraria al Estado podría crear un precedente negativo para combatir la pesca ilegal, pues los denunciados podrían continuar actuando impunemente", indicó Ipenza.

Precedente perjudicial

De admitir la Corte Suprema el pedido de la exoperaria del Damanzihao, la acusación que presentó la Fiscalía en mayo reciente contra el representante legal de Sustainable Fishing Resources S.A.C. podría caerse. En este proceso, el Ministerio Público a pedido tres años de prisión para Marco Jamanca Vega y el pago de 2,9 millones de soles por reparación civil por el delito de extracción ilegal de especies.

También estaría en riesgo la multa de 23 millones de soles que la ha impuesto el Ministerio de Producción a esa empresa por pescar sin autorización y extraer recursos marinos no autorizados. Esta sanción fue reducida por el Consejo de Apelación de Sanciones del citado ministerio a 5 millones de soles. La multa está a la espera de confirmación en la Segunda Sala Contenciosa Administrativa de Lima.

El ‘Damanzaihao’ permaneció anclado por más de tres años en la bahía de Chimbote, Áncash, por una orden fiscal de incautación, la cual fue anulada en 2018 y que le permitió zarpar fuera del país. Actualmente, la embarcación tiene bandera de Belice, y es de propiedad de la firma Naviera Tunamar SAC.