Las protestas en la provincia de Huamanga, en la región Ayacucho, continúan y se radicalizan luego de confirmarse el octavo muerto en esta zona del país. La suma total de fallecidos en el Perú hasta ahora es de 16, contando a los que perecieron en Apurímac, Arequipa y Junín por las manifestaciones que se realizan pidiendo un nuevo proceso electoral. Ayer, los protestantes ayacuchanos quemaron la sede del Ministerio Público, luego ingresaron al aeropuerto Alfredo Mendívil Duarte y finalmente llegaron al centro de la ciudad, donde quemaron la sede del Poder Judicial, la Sunat y un local de la empresa Movistar.

Ayacuchanos volvieron a tomar el aeropuerto de la región durante algunas horas y fueron replegados por la Policía. Foto: EFE

Siguen enfrentamientos

Desde temprano los ayacuchanos volvieron a salir a las calles para marchar en contra del gobierno de Dina Boluarte, pidiendo adelanto de elecciones y el cierre del Congreso. En algunas imágenes que los medios locales difundían se vio cómo increpaban a los militares por las muertes de 8 personas durante las protestas. Y es que de acuerdo a las primeras versiones de la Dirección Regional de Salud, la causa de muerte de las víctimas serían las heridas de bala por armas de fuego. Además, hay al menos 52 heridos, quienes presentan daños por perdigones de goma. La crisis hizo que el hospital regional de Huamanga colapsara.

Luego los manifestantes llegaron hasta el local del Ministerio Público, que fue incendiado. Luego de un enfrentamiento en el centro de la ciudad contra la Policía, llegaron e ingresaron al aeropuerto, donde se registró una batalla campal. Finalmente, fueron expulsados y volvieron al centro, donde prendieron fuego a la sede del Poder Judicial y luego al local de la empresa Movistar.

La crisis fue calificada como “un tema muy complicado” por el gobernador regional de Ayacucho, Carlos Rúa. Cuando Convoca.pe se comunicó con él, indicó que se encontraba coordinando las acciones para solucionar la crisis con la Defensoría del Pueblo y otras autoridades, mientras ocurrían los enfrentamientos en el centro de Huamanga.

Al mediodía quemaron la sede del Ministerio Público en Huamanga. Luego el Poder Judicial y hasta la Sunat. Foto: Vilcas Huamán Noticias

Denuncian a Boluarte

Tras la muerte de las 8 personas en Ayacucho, un grupo de abogados presentó una denuncia penal contra la presidenta Dina Boluarte. Se trata de Abimael Mendez, Yuri Martínez, Victor Alan Porras y Joseph Diburga. Denunciaron por homicidio calificado, en contexto de violación de los Derechos Humanos, a Boluarte, al premier Pedro Angulo y a otros ministros y jefes policiales. También se incluyó al congresista Jorge Montoya como presunto instigador de la muerte de los ciudadanos.

De igual forma se informó que la Defensoría del Pueblo presentaría una denuncia penal contra los que resulten responsables de la muerte de los ciudadanos en las protestas a nivel nacional. También, el Colegio de Abogados de Ayacucho difundió un comunicado pidiendo que se detenga en flagrancia a los responsables de la muerte de los 8 ciudadanos. Más tarde, y luego de seis días, el Ministerio Público anunció que iniciarían las investigaciones por todas las muertes ocurridas en las protestas.

Varios videos difundidos por los pobladores muestran cómo militares disparan a manifestantes. Foto: Difusión

Coordinadora pide no vulnerar más los Derechos Humanos 

En conversación con este medio, el secretario adjunto de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Miguel Jugo, se pronunció sobre la convulsión que atraviesa el país, tanto en las protestas como en el propio Congreso, donde se rechazó la tarde de ayer el proyecto de Ley para el adelanto de elecciones.

“Qué vergüenza. Es una burla a la población [el rechazo de un pronto proceso electoral]. Las calles seguirán encendiéndose y probablemente haya más muertos. Después de 20 o 40 años de violencia, no hemos aprendido nada”, dijo el abogado.

Jugo también se pronunció sobre las 70 personas detenidas irregularmente y que fueron recluidas en el Cuartel de Rímac. Señaló que aunque hubo coordinaciones con las autoridades de justicia para que asignen abogados de oficio para defender a los detenidos durante las protestas en el país, esto no se cumplió.

Congresistas rechazan propuesta de prontas elecciones y agravan su posición en la opinión pública. Foto: Congreso.

 “Defensa Legal no se ha puesto al tanto de la situación. Y de esta forma no se garantiza la defensa de los manifestantes. Los están deteniendo en lugares donde están descansando, de regreso a sus casas o tomando su movilidad. El estado de emergencia no significa carta blanca para hacer lo que quieren. Solo se debería detener a las personas en medio de actos de vandalismo. No es posible que los detengan en otras situaciones donde no están rompiendo las normas", manifestó Miguel Jugo.

Finalmente, criticó a la clase política que desde el 2021 estuvo “intentando destruir la estabilidad democrática”. “En el Perú nunca se discutió los resultados de los entes electorales. Han estado presionando a los representantes del Jurado Nacional de Elecciones y de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Solo bastó ver ayer a Jorge Luis Salas Arenas , quien timoratamente les dice que no se pueden apresurar las elecciones”, añadió.