Un nuevo crimen expone la violencia sistemática y la parálisis estatal que amenazan a los defensores territoriales en las zonas más alejadas de la Amazonía peruana. El domingo 23 de agosto, hacia las 10 de la mañana, fue asesinado el líder y exjefe de la comunidad nativa Onconashari, Américo Pascual Tumisha, en el distrito de Yurúa, provincia de Atalaya (Ucayali).

El apu de la etnia ashéninka, que en octubre iba a cumplir 57 años, ejercía como coordinador del Comité de Vigilancia Territorial y fue atacado mientras realizaba labores de monitoreo ambiental tras sorprender a extractores de aceite de copaiba, presuntamente de nacionalidad brasileña, invadiendo sus bosques ancestrales.

La alerta fue confirmada la mañana del lunes 24 de agosto por Fernando Aroni, actual presidente de la comunidad Onconashari y perteneciente al pueblo Yaminahua. La noticia fue recibida en Pucallpa por el presidente de la Organización Regional AIDESEP Ucayali (ORAU), Jamer López. En esta cuenca fronteriza conviven siete pueblos indígenas bajo el constante asedio del tráfico ilícito de madera y el narcotráfico.

Autoridades sin combustible ni fondos

El caso estuvo inicialmente a cargo del fiscal Manuel Hernández, de la Fiscalía Provincial Corporativa de Atalaya, pero luego fue derivado a la Fiscalía de Derechos Humanos de Pucallpa, la capital de Ucayali.

Los efectivos de la comisaría de Breu han manifestado que no pueden movilizarse por carecer de combustible y suministros básicos para la navegación. Ante la falta de recursos, los agentes sugirieron que sea la propia población indígena la que traslade el cadáver de la víctima desde Onconashari hasta la capital distrital.

Frente a la inacción en la provincia de Atalaya, ORAU formalizó una denuncia paralela ante la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos de Pucallpa, con la expectativa de que alguna instancia estatal coordine el ingreso inmediato a la zona.

La comunidad nativa Onconashari se encuentra cercada por la tala ilegal y el narcotráfico. Fuente: ORAU, ProPurús, DAR.

Llegar a Onconashari desde Pucallpa implica un vuelo en avioneta hasta Breu y dos días de viaje en bote. La alternativa rápida es volar a la comunidad de Nueva Luz de Arara (a dos horas en bote del lugar), pero un vuelo chárter para transportar a la comitiva judicial supera los S/ 7.000, un monto que ninguna dependencia ha querido asumir.

Ni el Ministerio de Cultura ni la Policía Nacional ni el Ministerio Público —pese a haber entablado contacto inicial con ORAU— han concretado el traslado aéreo de la comitiva oficial. Por su parte, la organización regional tampoco dispone de fondos propios para llevar a sus dirigentes al lugar y piden ayuda urgente.

Patrón de impunidad y vulnerabilidad estructural en Ucayali

El asesinato de Américo Pascual Tumisha no constituye un hecho aislado, sino que se suma a la grave crisis de seguridad que azota a la región. Reportajes publicados por Convoca.pe revelan que Ucayali concentra la mayor parte de las alertas por amenazas y violencia contra defensores ambientales en la Amazonía peruana.

De acuerdo con el informe "Situación de los defensores indígenas en Ucayali", elaborado por ORAU, la Asociación ProPurús (hoy AFRONTA) y Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), de un total de 226 defensores ambientales identificados en riesgo en tres regiones amazónicas, 180 corresponden únicamente a Ucayali. Pese a esta alarmante cifra, entre 2020 y 2024 el Ministerio del Interior solo otorgó 38 resoluciones de garantías personales en esta región, medidas que —según denuncian las propias organizaciones indígenas— carecen de un seguimiento efectivo y no garantizan la protección de las vidas.

Asimismo, las investigaciones periodísticas de Convoca.pe documentan que apenas se investigan 44 casos de agresiones, amenazas y homicidios, que avanzan a paso lento en el sistema judicial. La lejanía de las fiscalías especializadas, sumada a la escasez de logística policial y el avance de las economías ilegales, provoca que la mayoría de los casos no identifiquen a los responsables directos ni a los promotores de los ataques, prolongando las investigaciones preliminares de forma indefinida y dejando a las comunidades en absoluta desprotección.