Han pasado más de tres décadas desde que pobladores de las comunidades Alto Huancané y Huisa, en la provincia cusqueña de Espinar, iniciaron su convivencia con los metales. Para algunas personas significó vivir a menos de 500 metros de distancia de depósitos de desechos mineros. La constante exposición a esta actividad extractiva ha generado, según sus reclamos, el incremento en los niveles de metales en sus cuerpos. Hoy la mina es operada por Glencore, el gigante suizo que controla la mitad del mercado mundial del cobre y recientemente se conoció que era cliente favorito de la firma Appleby con lo que pudo realizar transacciones financieras secretas en paraísos fiscales (ver 'El cuarto de los secretos de Glencore').

Desde el último 27 de noviembre, algunos de sus pobladores se encuentran en Lima para exigir que el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski preste atención a sus demandas, les dé alternativas y sigan un tratamiento para su salud.

Convoca.pe, que publicó a fines de 2015 el especial multimedia ‘Espinar: El campo de concentración de los metales’, volvió a conversar con personas afectadas de la comunidad Alto Huancané y conoció que el Estado peruano, pese a contar con un nuevo gobierno todavía no se ha acercado a ellos para dar solución a sus exigencias. 

“¿Qué día voy a morir?, ¿cuántos minutos voy a llegar a sufrir?. Duele mucho nuestro cuerpo”, se lamenta Santusa Noñonca de Kana, pobladora de la comunidad Alto Huancané. A lo largo de la charla, Santusa recuerda que la actividad minera no solo ha afectado su salud sino también la de sus hijos, nietos y bisnietos. Pero esto, señala, no parece haber sido de interés para los últimos gobiernos de turno. 

Carmen Champi, quien ha venido al Encuentro junto a su madre Melchora Surco, coincide con Santusa y también reclama que el gobierno del presidente Kuczynski también vea por su población y no solo por los intereses particulares de una empresa que solo extraen minerales. Ella no se opone a la actividad minera, pero considera necesario un respeto hacia a la población que vive en los alrededores. Carmen también señala que tres de sus seis hijos suelen tener males respiratorios y que a uno de ellos incluso le han tenido que operar un pulmón.  

En otra entrega del especial de Convoca.pe, también publicado en 2015, el entonces viceministro de salud pública Percy Minaya prometió “tomar cartas en el asunto” para atender 71 casos crónicos de las comunidades de Huisa y Alto Huancané. Sin embargo, Santusa y Carmen contaron que a la fecha -casi dos años después de la publicación- todo seguía igual en Espinar: la atención a su salud no ha sido prioridad. Mientras tanto, Santusa confiesa que toma un par de pastillas diarias para calmar el dolor que siente en los huesos (ver Espinar: La salud postergada del conflicto). 

Participantes del Primer Encuentro Nacional de afectados

por metales pesados. Foto: Gloria Alvitres. 

En la tarde del 29 de noviembre, las organizaciones y miembros afectados por los metales pesados -entre los que se encontraban Santusa, Carmen y Melchora- hicieron un llamado al gobierno de turno para que les dé soluciones y una atención adecuada para su salud. También manifestaron su intención por crear una organización que tenga representatividad en Perú. 

Convoca.pe también conversó con Jaime Silva, regidor del distrito de Simón Bolívar de la provincia de Pasco, y señaló que este 30 de noviembre presentarán los resultados de un estudio internacional realizado a más de 80 niños que han convivido constantemente con la actividad minera que ejecuta el grupo Volcan en la región Pasco. Las cifras permitirán conocer los niveles de metales en los cuerpos de menores de 14 años. 

El Encuentro terminará este primero de diciembre y uno de los objetivos es que el tema de la salud pública se encuentre en la agenda política para que personas del Ande y Amazonía peruana tenga opciones para mitigar los daños en sus organismos que denuncian han sido provocados por la exposición a metales.  

Estas actividades fue promovida por la Mesa de Coordinación sobre salud ambiental que integran CooperAcción, Derechos Humanos sin Fronteras, Instituto de Defensa Legal, Amnistía Internacional, Broederlijk Delen, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Equidad, RedGE, OXFAM, Comisión Episcopal de Acción Social, Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica, Red Uniendo Manos Perú y Red Muqui.