Han pasado diez años del terremoto ocurrido en Pisco e Ica y aún el Estado peruano tiene una deuda pendiente con las familias afectadas por uno de los sismos más devastadores de nuestra historia: 210 segundos de un movimiento telúrico que marcó 7.9 en la escala de Richter y que dejó 596 fallecidos, mil 292 heridos,  434 mil 614 damnificados y 52 mil 152 viviendas destruidas.  

Los mismos problemas de hace diez años se repiten hoy frente al reto de reconstruir la destrucción dejada por el llamado Niño costero en marzo pasado. Uno de ellos la titularidad de las terrenos donde estaban las viviendas de los afectados por el terremoto. “Los problemas no  resueltos sobre la propiedad de las personas que perdieron sus viviendas estuvo mal y nos dimos cuenta en 2007 y diez años después todavía no ha mejorado” nos precisa Frank Boeren, director de Oxfam en el Perú, una organización que participó activamente en el apoyo humanitario en Pisco e Ica y que hoy hace lo propio con los afectados por los huaicos e inundaciones que azotaron la costa peruana. 

La insistencia de construir en el mismo lugar en riesgo se mantuvo. “Cuando la naturaleza golpea con fuerza lo que salta a la vista es que el país no ha encontrado una respuesta contundente a la propiedad urbana y rural de tierras que son requisitos indispensables cuando hablamos de reconstrucción. Tampoco hemos aprendido lo suficiente sobre las implicancias en cuanto a la zonificación ecológíca, económica u ordenamiento territorial. Después del terremoto de 2007 se sacó la conclusión que hay ciertos suelos que no es recomendable construir viviendas, sin embargo, a pocos meses los municipios están entregando licencias para que vuelvan a construir precisamente en esos mismos suelos algo parecido está ocurriendo en el norte”, explicó.

Foto: Evan Abramson / Oxfam

Pero este no es el único problema. Por ejemplo, no hay alternativas de reubicación para aquellos que lo perdieron todo y que vivían en lugares donde no estaba permitido construir. Esta situación se presenta por lo general con aquellas familias que vivían en los lechos de los ríos.  “La mayoría los alcaldes dicen lo siento mucho les he prestado la plaza de armas, otro lugar  público sea un parque, un estadio para viviendas temporales pero ya están causando mucha molestia a los demás. Y dónde se va esa gente. Te contestan: no tengo tierras,  lo siento mucho, ya  no es mi problema esa es la actitud que no nos parece la más adecuada y si los recursos no alcanzan para resolver esta situación a nivel del gobierno local el gobierno central debería estar atrás para decir cuáles son los recursos complementarios que necesitan para ya proporcionarlos”, indicó Boeren.

Lo cierto es que tal y como lo ha anunciado el presidente Pedro Pablo Kuczynski sí hay presupuesto para afrontar la reconstrucción. Sin embargo, se adolece aún  de una coordinación más estrecha entre gobierno local y central y, sobre todo, de un compromiso y la voluntad política de algunos alcaldes de zonas afectadas.

Frank Boeren, director de Oxfam en Perú. Foto: Oxfam.

El nuevo FORSUR

Una preocupación que ha surgido es que la Autoridad para la reconstrucción con cambios, encargada de llevar adelante todo este proceso de rehabilitación de las zonas devastadas por el deslizamiento de huaicos e inundaciones, se convierta en los que un Fondo para la Reconstrucción Integral de las Zonas Afectadas por los Sismos del 15 de agosto de 2007, más conocido como Forsur, y que presentó errores en su planificación y hasta irregularidades con el otorgamiento del bono 6000, donde se descubrió que los comités distritales incluyeron en la lista de beneficiarios a personas que no vivían en la zona afectada, a sus familiares, e incluso a fallecidos.

“De parte de la sociedad  civil hay varias voces que dicen  la esencia de lo que está planteando el Ejecutivo ahora con la Autoridad para la reconstrucción con cambios la esencia de esta idea es muy similar demasiado similar a lo que ya conocíamos como FORSUR. Es decir, poner énfasis en obras de alta inversión y de gran escala con una inclinación por las asociaciones públicas privadas que implica un contrato muy directo, privilegiado entre el sector privado y el Gobierno pasando en muchos casos pasando por encima de autoridades locales”, nos advierte Frank Boeren de Oxfam.

Foto: Evan Abramson / Oxfam

A ello se suma otra preocupación: qué empresas van asumir esos contratos. “Sabemos que las  empresas constructoras van a ser actores claves, parece que nadie se ha tomado  en cuenta la desconfianza en general que esas mismas empresas han sufrido por haber estado involucrados con consorcios brasileños en los escándalos de corrupción que han saltado a la vista”, refirió Frank Boeren.

Cuando se inició el proceso de reconstrucción en Ica se le prometió a Pisco ser una ciudad modelo, con nuevo sistema de agua potable y alcantarillado, con fibra óptica y con conexiones de gas natural a sus domicilios, ¿Cuánto se ha cumplido de esa promesa? Muy poco.

Pisco construyó desordenadamente y muchos no accedieron al bono y decidieron en las mismas zonas de riesgo donde vivía entes. Otros levantaron sus ciudades en las zonas altas donde no cuentan con los servicios de agua potable y alcantarillado.  La provincia pasó de 127 mil habitantes en el 2007 a casi 136 mil hoy. 

Foto: Evan Abramson / Oxfam

Hay instituciones educativas como el Instituto Superior de Educación Pública Carlos Medrano Vásquez que debe demolerse, pero que por falta de presupuesto para la construcción de su nueva sede se mantiene aún en pie. En tanto, sus alumnos reciben clases en módulos prefabricados desde marzo de 2008.  

La plaza de Armas de Pisco aún presenta deficiencias que no se han logrado subsanar como desniveles en su suelo. Ya se cuenta con el presupuesto para hacerlo. Pero por el momento,  figura como un símbolo de lo que ocurrió un 15 de agosto a las 6 y 40 de la tarde.