Contrataciones de supervisoras de obras con el Estado peruano se dispararon durante 2022

Algunas empresas han encontrado una gran mina de oro en el negocio de las supervisiones de obras públicas. Es el caso de Contadores e Ingenieros Asociados SCRL, una compañía que en nueve años participó en más de un centenar de contratos públicos con el Estado peruano. La presunta cercanía de su gerente general, Hover Guevara Martínez, con el círculo íntimo de Pedro Castillo, conocido como “Los chiclayanos”, ha despertado algunas primeras sospechas en la Fiscalía, que lo ha llamado a declarar.

Durante el gobierno de Castillo, en 2022, la compañía de Guevara participó en la firma de 20 contratos de supervisión de obra, la mayoría en consorcios, por un monto de 8 millones 747 mil soles (US$ 2 millones 291 mil). Ha contratado con el Estado en años anteriores, pero esta es la cifra anual más alta que ha registrado hasta el momento.

Convoca.pe construyó una base de datos con 43 mil registros extraídos del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (Osce) para identificar a las compañías supervisoras con más presencia en obras estatales entre 2008 y 2022. En este período, las empresas y consorcios que participaron en estos tipos de consultorías participaron en 17 mil contratos por un total de 6 mil 442 millones de soles (más de US$ 1,6 mil millones).

Las principales 10 compañías del ranking de las "más participativas" acumularon 910 contratos en este período.

El año en que se adjudicó la mayor cantidad de supervisiones de obras fue, por mucho, 2022. En ese período anual se firmaron 2.054 por un monto total de 752 millones de soles (US$ 197 millones) .

Entre las 25 compañías que más contratos firmaron con el Estado, hay una investigada por corrupción, otra que participó en un caso de defraudación tributaria y una adicional cuyo gerente general registra haber tenido una condena como cómplice de colusión. Además, en otras dos empresas sus gerentes son investigados por presuntas corruptelas y tres sociedades han tenido a sus apoderados con juicios penales iniciados ante el Poder Judicial.

En este mismo listado hay cinco supervisoras inhabilitadas de manera temporal para contratar con el Estado —principalmente por falsificación de documentos o por causar la resolución de sus contratos— y una con inhabilitación definitiva.

La empresa de Hover Guevara está dentro del podio de las supervisoras que participaron en más contrataciones, con el puesto dos a nivel nacional. Solo en los nueve años que ha operado, ha hecho 112 negocios con instituciones públicas, ya sea de manera individual o en consorcio. De estos contratos, 67 se firmaron en 2020, 2021 y 2022.

La compañía de Guevara, Contadores e Ingenieros Asociados, también aparece en un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera como ordenante de un pago de mil soles en junio de 2021 al también chotano Nenil Medina, entonces alcalde del distrito de Anguía, en Cajamarca. Desde 2017, la empresa ganó ocho contratos en este municipio, cuatro durante la gestión de Medina. Solo tiene ocho trabajadores.

En este contrato de diciembre de 2021 se puede ver su firma junto a la de Nenil Medina. Meses antes, en junio, su empresa le había transferido 1.000 soles, según un reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera.

Medina hoy está detenido como presunto cómplice de la corrupción del gobierno de Castillo, por haber sido una pieza clave en el reparto de obras públicas luego de que se le triplicó el presupuesto para construir. Además a Guevara la Fiscalía Anticorrupción le sigue una investigación preparatoria por otro caso en Cajamarca, que incluye los presuntos delitos de negociación incompatible y colusión.

Luego de los escándalos, la compañía de Guevara no volvió a participar en contratos públicos. Pero para entonces ya había participado en estos negocios, ya sea de manera individual o en consorcio, que sumaban un monto total de 31 millones 382 mil soles. Su otra accionista es María Perpetua Barturen Llatas, una docente de educación primaria. Intentamos comunicarnos con Hover Guevara y su compañía, pero luego de llamar a su número corporativo, dejar recados por mensajería y correos electrónicos, no pudimos conseguir respuesta.

Pero esta no es la única empresa que registra decenas de contrataciones públicas a pesar de las sospechas que pesan sobre sí.

En junio de 2021 recibió una transferencia de mil soles de parte de la supervisora de obras.

Cientos de contratos

En un reportaje anterior, Convoca.pe expuso a las supervisoras que fiscalizaron —o debieron fiscalizar— las obras de las compañías brasileñas de Lava Jato (Odebrecht, Camargo Correa, Andrade Gutierrez, Queiroz Galvao y OAS). En realidad, estas grandes supervisoras acumulan los principales contratos y, por lo tanto, los rankings de montos contratados a nivel nacional, como se puede ver en ese informe.

Lo que este nuevo análisis revela —pues se enfoca en el número de contrataciones de supervisiones de obras— es que empresas más pequeñas han encontrado un gran mercado multimillonario no en las grandes obras de infraestructura de los ministerios, sino en los gobiernos regionales y en las municipalidades. Y aquí la ganancia es por cantidad.

Entre las principales diez compañías, la única que se sale de este patrón es la número uno del ránking: Acruta & Tapia. Es la consultora que más número de contratos ha firmado con el Estado. Y firma tanto grandes como pequeños. En total acumula 121 participaciones en contratos de supervisión de obra desde 2009, ya sea de manera individual o en consorcio. Estos suman un acumulado de 703 millones 70 mil soles.

Su posición en el ranking no es novedad, pues es la principal consultora del país. Hoy tiene más de 47 trabajadores y 253 prestadores de servicios. Su representante legal, Elías Tapia, es el presidente de la Asociación Peruana de Consultoría.

En la actualidad es investigada por el Equipo Especial Lava Jato por sus trabajos de supervisión en la obra de la Vía Costa Verde Callao, que ejecutó Odebrecht. Al jefe de supervisión Roque García-Urrutia se le imputa haber avalado “sin sustento” los pagos adicionales que solicitó la constructora brasileña. Acruta & Tapia también participó en la construcción de la Vía de Evitamiento de Cusco, que concluyó con un sobrecosto de 113 millones de soles.

Por otro lado, la compañía del chotano Hover Guevara, Contadores e Ingenieros Asociados, comparte el segundo lugar con otra compañía cajamarquina, RBG Ingenieros SAC, constituida en Jaén, por Ricardo Lenin Becerra Guevara, que tiene también 112 contrataciones.

El caso de RBG Ingenieros es quizás el más llamativo de todos, pues solo en el 2022 participó en 40 contrataciones para supervisar obras públicas. Y esta compañía casi nunca lo hace sola, sino que suele formar consorcios con su propio propietario, Ricardo Becerra, que ha participado también en 105 contrataciones.

De este modo, los consorcios que controla Becerra suelen estar conformados por una persona jurídica y él mismo, como persona natural. Las contrataciones en las que ha participado RBG Ingenieros suman 75 millones 957 mil soles.

Su principal cliente ha sido el Gobierno Regional de Amazonas, con el que ha tenido 16 contrataciones, 15 de ellas entre 2019 y 2022. Por otro lado, los municipios a los que presta gran parte de sus consultorías también son, en su mayoría, cajamarquinos: San José de Lourdes (6), Sallique (4), La Coipa (3), Huarango (3), Colasay (3), San Ignacio (2), San Felipe (2), Chirinos (2), entre otras.

Tiene apenas tres trabajadores en planilla, según la información mensual que declara a Sunat. Entonces, ¿cómo hace para ganar tantos contratos y contar con la capacidad logística para llevarlos a cabo? Intentamos comunicarnos con el empresario, pero luego de presentarnos por vía telefónica, la llamada se cortó y no volvió a contestarnos. Tampoco respondió los correos electrónicos que le enviamos, ni los mensajes de texto.

El cuarto lugar lo ocupa Biarking Proyectos y Construcciones SAC, con 98 participaciones en contratos públicos de supervisión firmados entre 2015 y 2022. De estos, 67 fueron ganados en los últimos tres años. Su representante legal es Bibi Jhovany Rebaza Rebaza, una arquitecta de 31 años.

Entre las obras que supervisan está la de la “recuperación” del Centro de Salud de San José de Pacasmayo, en La Libertad. El contrato, ganado en consorcio con una persona natural, ascendió a 1 millón 345 mil soles. En octubre del año pasado, la Contraloría informó que el consorcio supervisor integrado por Biarking no había cumplido con advertir varias irregularidades en las que incurrió el contratista de la obra.

Por ejemplo, a vista y paciencia de la supervisión, la constructora realizó trabajos no contemplados en el expediente técnico (unas columnetas defectuosas) y no siguió los procesos de calidad exigidos para asegurar la vida útil esperada en la infraestructura. Tampoco se hizo un correcto seguimiento para estimar el verdadero retraso de las labores.

Otras supervisoras que continúan en el listado de las más contratadas tampoco están exentas de cuestionamientos. En el puesto 7 se encuentra Obras y Proyectos Corporación Ingenieros SAC, con 76 participaciones en supervisiones de obras desde 2012. En estos momentos está inhabilitada para contratar con el Estado hasta el 27 de diciembre de 2025 por presentar documentos falsos e información inexacta a las autoridades.

Algo similar ocurre con Jogama Consultorías y Construcciones Generales, que comparte el mismo número de participaciones en consultorías de supervisión: 76. Fue inhabilitada por el Tribunal de Contrataciones del Estado (TCE) del Osce por entregar documentación falsificada. La sanción, con una duración de 37 meses, empezó a correr en febrero de 2021 y terminará en marzo de 2024.

Salvo Acruta & Tapia, las empresas del ranking son pequeñas, ninguna supera los 10 trabajadores en planilla. "Yo creo que el problema existente en este momento es que no hay una profesionalización del trabajo del supervisor ni de los equipos de trabajo. Aunque la ley en algunos casos exija algunas acreditaciones, usualmente están en papel", comenta Javier Salazar Soplapuco, abogado especialista en contrataciones públicas.

Salazar explica que la ley exige al ingeniero supervisor dos años de experiencia en la especialidad de la obra, aunque el trabajo en el campo es mucho más extenso que eso.

"Todos los días tiene que tomar decisiones sobre distintos aspectos. Y cuando se trata de un equipo de trabajo, este supervisor no solo tiene que tener especialidad y conocimiento, sino tener habilidades para gestionar un equipo", afirma. "Eso implica habilidades logísticas, habilidades de gestión, porque con los insumos, las personas y la maquinaria tiene que hacer que se cumplan los tiempos y los rendimientos. Y además debe ser un tipo capaz de lograr un objetivo, tiene que ser un líder, porque estamos hablando de un grupo humano", agrega.

Sin remedio

Convoca.pe no solo revisó a las 10 principales compañías, sino además a todas las que participaron en 50 o más contrataciones para supervisar obras estatales entre 2007 y 2022. Así se hallaron aún más empresas que arrastran múltiples cuestionamientos de la Contraloría y sanciones administrativas. Y en ocasiones sus propietarios también han estado en líos con la ley.

Harper Ingenieros SAC es una de ellas. Ha formado parte de 65 consultorías de supervisión y su propietario, Lenin Harver Pérez García, figura en una sentencia de la Corte Superior de Lambayeque como cómplice de colusión. Aunque los hechos datan de 2012 y 2013, la condena se emitió en 2019 y una sala de apelaciones la confirmó en 2020.

Esto, sin embargo, no ha sido obstáculo para que Harper Ingenieros, la compañía del sentenciado, siga lucrando con el erario público desde entonces. En 2020 participó en ocho contratos por 1 millón 802 mil soles y en 2021 registró su pico máximo, con 22 consultorías por un valor de 7 millones 50 mil soles. En 2022 también siguió formó parte de otros 6 negocios con entidades públicas por 3 millones 509 mil soles.

En 2019 el Poder Judicial condenó a Harver Pérez a tres años de prisión suspendida por ser cómplice de colusión. En 2020 la sentencia se confirmó. Pérez y otros sentenciados recurrieron a la Corte Suprema y consiguieron que la reparación civil se redujera de S/ 300 mil a S/ 50 mil.

La empresa Ingeconsult Consultorías SAC es otra que ha tenido bastantes participaciones. Ha firmado 55 contratos de supervisión, la mayoría en consorcios. En 2022 tuvo su máximo número de participaciones en contratos en un año, 16, con un valor de 6 millones 874 mil soles. "Yo no he postulado solo. He requerido consorciarme con otros ingenieros o con empresas que tienen experiencia", explicó su representante legal a este medio, Mirko Camilo Córdova Pérez.

Con cuatro empleados en planilla, ¿cómo se da abasto para tantos contratos? Córdova explicó que suelen contratar a ingenieros para que hagan las supervisiones de manera externa. "Ha habido ingenieros que no desean estar en planilla porque trabajan por dos meses, cuatro meses, y eso obligaría a que se hagan las deducciones y todos los descuentos respectivos, el fondo de pensiones. Ese es el motivo. Eso es válido también, la contratación de los profesionales que prestan sus servicios [por fuera de la planilla, a través de recibos por honorarios]", afirmó.

En 2018, Córdova Pérez tuvo que ser notificado de manera pública a través de un edicto judicial para que acudiera al juicio oral que se le seguía, junto a otros, por el presunto delito de aprovechamiento indebido del cargo. En comunicación con este medio aseguró que no recibió ninguna condena. Explicó que fue notificado de esa manera porque tuvo un problema con su domicilio consignado, pues las notificaciones llegaban a su anterior dirección.

"Fue por un tema de una obra. Creo que a un postor le habían quitado los documentos, algo así (...). A los funcionarios sí los acusaron de abuso de autoridad,  de un montón de cosas. Ya sabes cómo es el aparato fiscal que te acusa por cosas que a veces ni has cometido", afirmó.

Mirko Córdova antes fue apoderado de la ya mencionada Biarking Proyectos y Construcciones, la segunda compañía del ránking. Señaló que ya no está vinculado a esta y que vendió su participación en 2014. Hoy su hermana Patricia Lizeth Córdova Pérez es una de las accionistas de esa empresa.

En 2018 Córdova tuvo que ser notificado bajo apercibimiento para que se haga presente en un juicio penal. Fuente: Gacetilla Judicial de la Corte Superior de La Libertad.

A estas se suma Energyconsult Ingeniería Constructiva SAC, que acumula 53 participaciones. El propio Osce la presentó como la compañía peruana que había ganado más contratos de consultoría de obras entre 2014 y 2016. No obstante, en los años siguientes bajó el ritmo de antaño, pues en 2021 solo tuvo dos y en 2022 apenas registró uno.

De acuerdo con el portal Bolognesi Noticias, de Áncash, Energyconsult y su gerente general, José Manuel Gonzales Vergaray, aparecen en un expediente fiscal por el presunto delito de colusión agravada en agravio de la Municipalidad de Conchucos, de esa región. Esto se dio por supuestas irregularidades en una obra de agua potable para cuatro caseríos de ese distrito.

“[Energyconsult] no asumió su rol de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución de la obra salvaguardando los intereses de la entidad establecidos en el contrato”, se lee en el documento fiscal publicado por el citado medio. La sociedad, además, está inhabilitada hasta agosto de 2026 por la entrega de documentación falsa. Y en su récord también carga otras tres sanciones previas impuestas entre 2017 y 2022.

Por otro lado, el ciudadano Miguel Ángel Bartra Ruiz, representante legal de Aybarsa Consultores EIRL con 53 participaciones en supervisiones, es mencionado por una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de 2017 como procesado por un caso de malos manejos de fondos en el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (Foncodes). El año pasado apareció en 19 contratos adjudicados.

Por su parte, la Consultora y Constructora Ypacons también ha conseguido ganar, ya sea en consorcio o de manera individual, 50 contratos de consultoría pagados con dinero de los contribuyentes. Y lo ha hecho hasta 2022, a pesar de que en el pasado se vio envuelta en un sonado escándalo tributario en Ayacucho. Simulaba adquisiciones que nunca se llevaban a cabo, con la ayuda de falsos clientes que emitían facturas a su favor, para beneficiarse con un crédito fiscal que alcanzó los 406 mil 394 soles.

Si bien el entonces gerente general Moisés Páucar Toro aceptó su responsabilidad y fue condenado por defraudación tributaria, quien ahora lleva maneja la compañía Ypacons, Yosep Páucar Pareja, también estuvo en la mira de la Fiscalía de Ayacucho debido a su rol como subgerente, según una publicación de esta institución.

Años dorados

El número de contratos de supervisión ganados por personas jurídicas y consorcios ha experimentado un crecimiento febril en el último año. El análisis de Convoca.pe sobre los registros del Osce revela que las contrataciones adjudicadas fueron más o menos uniformes entre 2012 y 2021. La cifra oscilaba entonces entre un mínimo de 1.157 (2016) y un máximo de 1.583 (2021). Pero es en 2022,  durante el gobierno de Pedro Castillo, cuando se ve un despegue en esta cantidad, pues se alcanzaron las 2.054 contrataciones.

Entonces se firmaron negocios de supervisión por 752 millones 868 mil soles.

No obstante, si la evolución se observa, en cambio, por los montos contratados y ya no por el número de contratos, es el 2018 el que aún mantiene la delantera, aunque por muy poco, con 787 millones 237 mil.

¿Qué ocurre? La lógica simple permite concluir que las numerosas contrataciones que se evidenciaron en 2022 fueron más pequeñas, con un presupuesto público más atomizado y enfocado en gobiernos regionales y locales. Y de hecho, a la fuerza de la lógica se suman los datos que lo confirman.

Según la información que consta en Osce, en 2018, durante el gobierno de Martín Vizcarra, Provías Nacional (del Ministerio de Transportes y Comunicaciones) adjudicó seis contratos de supervisión por 179 millones de soles. Uno solo de estos, correspondiente a la supervisión del mejoramiento del Corredor Vial Huánuco - Antamina (China Railway 20 Bureau Group), se firmó por la suma de 123 millones 625 mil soles a favor de un consorcio formado por Louis Berger Sucursal del Perú y Hob Consultores. Los municipios distritales y provinciales totalizaron 406 contratos por 117 millones 742 mil soles.

En contraste, en 2022, durante el régimen de Castillo, los municipios de todo tipo firmaron 692 contrataciones de supervisiones de obras con consorcios y personas jurídicas por una suma de 182 millones 101 mil soles. La “atomización” también se puede ver en las contrataciones de Provías Descentralizado. Mientras que en 2018 se reportaron 18 contratos por 21,7 millones, en 2022 fueron 31 con un monto total de casi 18,5 millones.

Este medio intentó contactarse con las compañías mencionadas en este reportaje a través de sus canales oficiales, pero hasta el cierre de edición solo una (cuya versión ha sido consignada) respondió nuestros pedidos de comentarios.

*Con la colaboración de Luis Enrique Pérez en la construcción de la base de datos.