La lucha contra la inseguridad ciudadana es un pendiente en el país. Y las medidas que el gobierno ha anunciado recientemente para combatir la criminalidad no son precisamente ni las más efectivas ni las más urgentes. Según especialistas consultados por Convoca.pe, los últimos decretos publicados resultan populistas e incluso podrían convertirse en un gran fracaso.

Se trata de la declaratoria del estado de emergencia de 45 días para Lima y Callao, el proceso judicial de 24 horas en caso de flagrancia, la probable prohibición de que dos personas viajen en una misma moto y, sobre todo, la reciente y ampliamente cuestionada posibilidad de que los agentes de Serenazgo usen armas no letales, que fue lanzada por el propio primer ministro Aníbal Torres. 

Para la abogada y criminóloga Lucía Nuñovero ninguna de estas medidas está bien sustentada y, como consecuencia, no atacan el problema de fondo.

En diálogo con este medio, la especialista recalcó que es necesario desarrollar políticas sociales integrales y no solo programas contra la inseguridad. Estas medidas reactivas solo se ocupan de contener momentáneamente el crimen pero no de atacar el origen de este mal con el fin de prevenirlo, como se ha hecho evidente luego de reiterados intentos sin éxito durante distintos gobiernos.

De acuerdo a los datos del Sistema de Denuncia Policial (SIDPOL), hasta setiembre de año pasado se habían denunciado 69.715 asaltos en Lima y 6.474 en el Callao. Es decir, en promedio, en estas localidades se realizaron 11 denuncias por hora por estos delitos contra el patrimonio. Las cifras revelan además un aumento respecto al 2020, ya que hasta setiembre de ese año las comisarías de Lima habían recibido 51.607 y las de Callao, 5.862.

Armas para el Serenazgo 

El más reciente cuestionamiento hacia el gobierno en materia de seguridad ciudadana se generó por una declaración del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres. Como se recuerda, la semana pasada el premier propuso debatir la posibilidad de dotar de armas a los agentes del Serenazgo, para protegerlos frente a la delincuencia y potenciar su labor. Luego de las críticas, se pronunció nuevamente y precisó que su propuesta era sobre "armas no letales".

En diálogo con Convoca.pe, el presidente de la Asociación Pro Seguridad Ciudadana (Aprosec), César Ortiz, señaló que los agentes debería contar con alguna protección para su labor, pues constantemente son agredidos, pero siempre y cuando sean debidamente capacitados en su uso.

“Hace poco un sereno de El Agustino ha perdido un ojo porque fue masacrado por personas de mal vivir. No tenía nada con qué defenderse, entonces el uso de armas no letales se vuelve una necesidad”, expuso a este portal.

Por su parte, en un medio local, el adjunto para los Derechos Humanos de Defensoría del Pueblo, Percy Castillo, recordó que "no es posible autorizar el uso de armas de fuego para estos agentes, porque está prohibido expresamente en la ley". 

"La Defensoría ha reiterado una posición histórica. Es contrario a la Constitución y a la ley actual que los serenos puedan usar armas de fuego. La Constitución consagra el uso de la fuerza pública a las autoridades que tienen ese poder: la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas", explicó. 

Castillo también anotó que hay condiciones técnicas que van en contra de la iniciativa. Por ejemplo, que los serenos no están organizados, no tienen capacitación en manejo de armas y que no existen requisitos estandarizados para formar parte de este personal.

"La labor del Serenazgo es muy importante, sin embargo, dejada de lado. Pese a que recientemente se aprobó una ley para fortalecer a este personal, aún no se cuenta con un reglamento por parte del Ministerio del Interior, cuyo plazo venció en octubre del año pasado”, lamentó.

Dicha normativa plantea la organización del servicio del Serenazgo, pues estandariza los requisitos que se deben cumplir para ser un agente, precisa su régimen laboral y un punto muy importante, establece la creación de centros de capacitación de serenos a nivel nacional.

“El retraso posiblemente se deba a los continuos cambios en el sector, pero no debe dejarse de lado, si consideramos al Serenazgo como una herramienta útil en la lucha contra la criminalidad, tenemos que fortalecer su labor", ha señalado el adjunto para los Derechos Humanos.

Los serenos de la Municipalidad de Lima utilizaron armas no letales durante la gestión del exalcalde Luis Castañeda. Foto: Andina. 

Horas después del pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo, el ministro del Interior, Alfonso Chávarry, señaló que la propuesta del primer ministro debe evaluarse, debido a que los agentes tendrían que estar capacitados para el uso de estas herramientas. “Es algo que tiene que evaluarse. Es algo delicado el uso de las armas porque se tiene que pasar por exámenes, eso está en evaluación”, dijo desde la ciudad de Trujillo. 

En esta línea, el exministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, ratificó que la Ley del Serenazgo Municipal (Ley N° 31297) –que fue actualizada en julio del año pasado- restringe el uso de armas de fuego y de cualquier otro tipo durante el cumplimiento de las funciones de estos agentes.

“Más claro ni el agua. La ley lo prohíbe porque el sereno no tiene una base legal en su función, y ese es un problema que viene desde su fundación. El sereno actúa como un ciudadano más”, señaló en diálogo con una radio local.

Así, recalcó que la Ley del Sistema de Seguridad y Defensa Nacional, (Ley N° 28478), precisa que el ente rector en esta materia es el Ministerio del Interior, por lo que “solo la Policía tiene el monopolio del uso de la fuerza”, explicó. '

En el marco de esta carencia de criterios técnicos y legales, la Municipalidad de Comas presentó al Congreso un proyecto de ley que permitirá que los serenos utilicen armas no letales. La iniciativa propone la modificación del artículo 7 de la Ley del Servicio de Serenazgo Municipal, precisando que “es obligación de dicho personal el uso del uniforme y armas no letales durante el ejercicio de sus funciones”.

Además, el proyecto modifica el artículo 8, para subrayar que es un derecho del sereno municipal contar con el uniforme y equipamiento básico, así como el uso de armas no letales para el cumplimiento de su labor. Finalmente, el documento propone que este personal recibirá capacitación básica especializada y un entrenamiento permanente para el uso de armas no letales y el perfeccionamiento de sus habilidades.

No obstante, iniciativas de este tipo no son nuevas. Como se recuerda, en enero del 2016, el fallecido Luis Castañeda Lossio, entonces alcalde de Lima, anuncio que implementaría el uso de armas no letales para los agentes del Serenazgo de Lima. La autoridad aeguró que contaba con el marco legal para tal fin y que sería un gran aliciente en la lucha contra la delincuencia. 

La medida fue dejada sin efecto por el actual alcalde metropolitano, Jorge Muñoz. "La gestión anterior compró y utilizó en algunos momentos armas no letales (100 pistolas con balines de CO2). Yo dije que no íbamos a utilizarlas porque puede generar más violencia. Vamos a trabajar de la mano con la Policía Nacional", señaló el actual burgomaestre.

Restricción a motociclistas

El ex director general de la Policía, Eduardo Pérez Rocha, explicó a Convoca.pe que el raqueteo y sicariato en moto es la modalidad delictiva que más afecta a Lima y Callao.

“Los delincuentes, que suelen ir armados y a bordo de motos o autos, no tienen una víctima identificada y aprovechan el menor descuido de la gente. Otros delincuentes motorizados andan en grupos para robar a los conductores y otros más esperan cerca de las agencias bancarias para robar a las personas que retiran grandes sumas de dinero. Y por supuesto, los crímenes por encargo cometido en estos vehículos se han incrementado”, explicó el general en retiro a este portal.

Justamente, el último fin de semana, un hombre abatió a dos mujeres que se dedicaban a la prostitución en el cruce del jirón Zepita y la avenida Alfonso Ugarte, en el Cercado de Lima. El criminal asesinó a las jóvenes, de nacionalidad ecuatoriana, desde una moto, según se aprecia en los videos captados por las cámaras de seguridad.

Sin embargo, Pérez Rocha señaló que esta problemática no se solucionará porque el Ejecutivo plantee la posibilidad de prohibir que dos personas circulen en una misma moto. “Aunque este tipo de delitos han aumentado, la cantidad de motos utilizadas para los atracos es mínima, casi nula frente a la enorme cantidad de vehículos menores que son utilizados para el transporte de las personas de bien”, explicó.

Usuarios de motocicletas exigen al Gobierno que no los estigmatice y que busque mejores formas de combatir la delincuencia. Foto: Andina.   

La Asociación Automotriz del Perú (AAP) señaló que en el Perú hay más de 2 millones de motocicletas que son utilizadas por al menos 5 millones de peruanos para transporte y trabajo y rechazaron la medida. “Por los delitos que puedan cometerse en 100 o 200 motocicletas, se va a afectar a más de 2 millones de usuarios legítimos, incluso a quienes ellos llevan legítimamente como pasajeros”, señaló la entidad a través de un comunicado.

La Comunidad Motera del Perú, agrupación integrada por 50 mil motociclistas, también señaló que este tipo de medidas no soluciona el problema de la delincuencia.

“Nosotros estamos más preocupados por el tema de la inseguridad que cualquier otra persona. Porque los primeros que se perjudican por este tipo de delincuencia somos nosotros, los motociclistas, porque a nosotros nos roban las motos para poder robar”, señaló a los medios Dany Mendoza, representante de los motociclistas.

El vocero desmintió al alcalde de Miraflores, Luis Molina, quien había afirmado que el 85% de los asaltos se comenten en moto. Como se sabe, el burgomaestre miraflorino también está a favor de prohibir que dos personas viajen en una misma moto. “Esta cifra [de asaltos en motocicleta] está entre el 30 a 40% de incidencias. No se puede restringir que viajen dos personas en una moto porque eso no va a cambiar nada”, señaló el motociclista.

En este sentido, el exgeneral Pérez Rocha recalcó que una medida similar ya se aplicó sin éxito en Colombia, por lo que fue dejada sin efecto. “La medida podrá tener un efecto en el inicio de la restricción, pero la delincuencia es un flagelo que muta constantemente. Si los delincuentes no pueden ir en una misma moto, lo harán en una cada uno y seguirán asaltando en grupo. No habrá cambios, salvo para las personas que utilizan este vehículo para transportarse o trabajar”, señaló a este medio.

Pese a todo lo expuesto, el alcalde de La Molina y presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE), Álvaro Paz de la Barra, propuso una medida que incluso puede calificarse de xenófoba. “Al no haber una política migratoria, lo que sugerimos es que, viendo el alto índice de extranjeros que cometen actividades delictivas, se les restrinja el ejercicio de actividades de delivery, taxi y mototaxi”, señaló a los medios. Como se sabe, miles de inmigrantes venezolanos han encontrado en este rubro una fuente de ingresos.

Inmediatamente, la Defensoría del Pueblo recomendó a las autoridades evitar este tipo de discursos. “Los discursos que buscan criminalizar y estigmatizar la migración, especialmente cuando provienen de autoridades estatales y locales, representan barreras infranqueables para el ejercicio de derechos de las personas extranjeras y su inclusión en el país”, indicó la entidad a través de su cuenta de Twitter.

Además, recordó que las acciones para resguardar la seguridad ciudadana y luchar contra la criminalidad se deben trabajar de forma articulada, al amparo de procedimientos legales y en coordinación con autoridades competentes. “No deben tener como base estereotipos ni promover ideas discriminatorias”, sentenció la Defensoría.

Emergencia sin análisis

La abogada y criminóloga Lucía Nuñovero, quien al inicio de esta nota se refirió de manera general a la efectividad de las recientes iniciativas del Gobierno en materia de seguridad, precisó a este portal que el estado de emergencia para Lima y Callao, anunciado el último 3 de febrero -y que tendrá una vigencia de 45 días- es un tema a mirar con lupa porque no tiene objetivos definidos y esto puede provocar acciones de diversos tipos, como situaciones de abuso. 

Actual estado de emergencia se aplicará por 45 días, pero no será determinante en la lucha contra la delincuencia, aseguran. Foto: Andina.

“Los informes de planeamiento que se citan para este declaratoria de emergencia no son suficientemente explícitos en decir que se está buscando. La línea de comando debe ser clara, con una estrategia de cómo enfrentar accionares específicos, actividades, sobre todo con un respaldo. Si es que han referido el problema del tráfico ilícito de drogas, ¿cómo se articula con [otros] planteamientos de trabajo de inteligencia o de técnicas especiales?”, explicó la especialista. 

Así, agregó que sin un norte a la vista, da la impresión de que las autoridades están apuntando solo a la delincuencia muy común, a la microcomercialización de drogas, lo que podría llevar a excesos si el estado de emergencia se realiza “en un periodo muy prolongado y en un territorio muy amplio”. 

En este sentido, aclaró que el proceso judicial acelerado de 24 horas, por delitos en flagrancia, va contra el derecho de los acusados pues vulnera el ejercicio de su defensa. “Muchos no pueden conseguir un abogado en ese tiempo, y no tienen cómo defenderse”, explicó.